Colombia pedirá perdón por las masacres de El Aro y La Granja 16 años después de la sentencia de la CIDH
Este miércoles 30 de noviembre, el Estado colombiano, en cabeza del presidente Gustavo Petro, pedirá perdón por las masacres ocurridas, hace más de 20 años, en Antioquia. Los hechos son conocidos como El Aro, que ocurrió el 25 de octubre de 1997; y el de La Granja, que tuvo lugar el 11 de junio de 1996.
Las masacres en mención ocurrieron en el municipio antioqueño de Ituango, hoy uno de los más azotados por el aún cimentado conflicto armado en el país. Este acto de reconciliación será en el museo Casa de la Memoria, en el parque Bicentenario, de Medellín.
El acto que liderará el jefe de Estado se da en cumplimiento a una orden impartida por la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) donde determinó que el presidente de turno debía asistir a territorio antioqueño para pedir perdón, en nombre de la Nación, por los múltiples delitos de lesa humanidad que se cometieron en ese lugar.
Lo curioso de esta sentencia es que fue emitida hace más de 16 años y solamente hasta ahora se cumple. Fue el 1 de julio de 2006 que la CIDH le ordenó al país hacer este acto de perdón y reconciliación. En las masacres, según documentaron las autoridades colombianas y la corte internacional, participaron agentes estatales, militares, paramilitares y otros actores armados, que participaron en la cruel matanza que vivió ese territorio en el siglo pasado.
“Que el presidente de la República de Colombia pida perdón a las víctimas, sus familiares y a las poblaciones afectadas, y aclare que las víctimas de las masacres ocurridas en La Granja y El Aro fueron personas dedicadas a labores agrarias y ganaderas, honradas y trabajadoras, acusadas falsamente de ser colaboradoras de las guerrillas, quienes fueron masacrados por grupos paramilitares que contaron con el apoyo de agentes del Estado”, señaló, en su momento, la sentencia de la CIDH.
Al evento, además, asistirán varias de las víctimas y sus familiares, así como organizaciones de derechos humanos, la directora de la Agencia Jurídica del Estado y algunos de los funcionarios del Gobierno nacional, encabezados por el presidente de la República.
Desde diferentes frentes se ha cuestionado que, tras más de una década, por fin se hiciera cumplimiento de esta sentencia. Por ejemplo, la abogada María Victoria Fallon, que ha dirigido a las víctimas en los procesos desde el Grupo Interdisciplinario de Derechos Humanos (GIDH), se refirió a lo que vivieron los progenitores de los asesinados en esos hechos violentos.
Sin embargo, se mostró conmovida debido a que al evento no asistirán “papás y mamás que vieron ejecutar a sus hijos e hijas por los paramilitares con la complicidad oficial, quienes murieron varios años más tarde sin escuchar una palabra que aliviara su pena”, aseguró la litigante citada por el diario El Colombiano.
Así mismo, Patricia Areiza, que perdió a sus padres en medio de esas masacres, le contó al periódico El Tiempo que, pese a que celebra este acto de perdón, le parece lamentable que solo se cumpliera 16 años después.
“El dolor no pasa nunca, se va atenuando con los años, pero está ahí. Más allá de ese acto de perdón, también se debe recordar que en el territorio no ha habido progreso y que debe haber una reparación integral”, señaló a la publicación.
Desde la Junta de Acción Comunal de El Aro se le pidió al Gobierno que este evento no solo sirva para pedirle perdón a las víctimas, sino que contribuya a la creación de estrategias que mejoren la calidad de vida de los antioqueños quienes, a su juicio, han sido olvidados por el Estado.
“Hace 25 años, la vida campesina y próspera que nos caracterizó, fue arrancada por quienes consideraron que la muerte de los nuestros, la quema de nuestro pueblo, arrasar todas nuestras formas de económica y llevarse nuestra dignidad; podía ser parte de sus decisiones”, destacaron en una misiva.
SEGUIR LEYENDO:
Infobae
