Los desaparecidos La Razón
De acuerdo con datos recabados por la Comisión Nacional de Búsqueda (CNB) en el Registro Nacional de Personas Desaparecidas y No Localizadas (RNPDNO), México llegó el pasado lunes a la cifra de más de cien mil personas desaparecidas desde el 15 de marzo de 1964 a la fecha. Los datos son aún más preocupantes cuando se considera que, por lo menos, el 95% de estas personas desaparecieron en los últimos 15 años.
El 90% de la cifra de cien mil personas desaparecidas, se trata, de hecho, de casos relacionados con algún delito y no sólo una ausencia. Tampoco debe pasar desapercibido que estas cifras están relacionadas con una denuncia, por lo que se estima que el número de personas desaparecidas en México podría ser incluso tres veces mayor.
El número de muertos en este país ha superado la capacidad del Estado no sólo para evitar las muertes, sino para buscar, recolectar, identificar y entregar los cadáveres. Hoy, son más de cincuenta mil muertos que no se han podido identificar, algunos almacenados en cámaras frías de camiones y que forman parte de esta cifra escandalosa. A los muertos hallados, pero sin identificar, se suman los que día con día se encuentran en las fosas comunes. Cada vez es más frecuente escuchar que quienes hallan las fosas son las madres buscadoras y las familias, no las fiscalías o las policías. Con este gran número de desaparecidos, la sociedad se ha organizado para buscarlos. Las familias no esperan que el gobierno encuentre a sus hijas, sus hermanos y sus esposos, cuando de entrada no pudo evitar su ausencia.
Esto significa que, como todos, menos el gobierno, buscan a sus desaparecidos, no en raras ocasiones una persona termina por encontrar no a su hija, sino a la hija de otra. Claudio Lomnitz habla de este fenómeno: “Nadie mejor que las familias entiende que los desaparecidos son personas, y que cada uno nos hace falta. Cada uno de los desaparecidos se va convirtiendo en el desaparecido de los demás”.
El incremento exponencial de desapariciones durante los sexenios de Calderón, Peña Nieto y López Obrador coincide con la violencia descontrolada de los cárteles del narcotráfico y el combate abierto del Gobierno mexicano para erradicarla. El costo de esta guerra es una multiplicación de estas organizaciones criminales cada vez más especializadas en el uso de la fuerza y que han diversificado sus actividades ilícitas y, sobre todo, una cifra de muertos y desaparecidos que no se había registrado en la historia del México moderno. Pero el crimen organizado sólo explica una parte de esta historia.
De manera paralela a los efectos de estas actividades ilícitas, operan diferentes formas de violencia que no tienen que ver con los grandes cárteles de la droga y que lamentablemente no son nuevas en México. La violencia política que ejercen algunos cacicazgos bien enraizados en diferentes municipios del país, que aprovechan su posición para asesinar y levantar o desaparecer a sus oponentes políticos, pero también a periodistas, activistas o defensores de derechos humanos, está lejos de ser erradicada. La violencia de género impacta a las mujeres por el simple hecho de serlo y tiene un reflejo en la cifra de desaparecidas, que ha incrementado en los últimos años, como un medio para ocultar la violencia sexual y los feminicidios. La violencia contra los niños también tiene efecto en el número de desaparecidos por la sustracción de menores de sus familias por redes de trata de personas. Todas estas formas de violencia pueden estar relacionadas con el narcotráfico y el crimen organizado, pero no sólo estas organizaciones explican la situación que se vive en México.
Como en muchas otras materias, el Estado mexicano no estaba preparado para la ola de violencia que enfrentamos actualmente. La creación del Centro Nacional de Identificación Humana, el pasado de abril, es un primer paso para contar con una institución que permita identificar de manera masiva los cuerpos encontrados en coordinación con autoridades forenses tradicionales. Lo anterior, junto con la construcción de instalaciones adecuadas para el resguardo de cadáveres, puede ser un avance para revertir la crisis forense que atraviesa el país y que es, a todas luces, un obstáculo para la justicia.
