Caso Lourdes Maldonado: sin Estado no hay prensa Excelsior

La libertad de prensa está en crisis por una ingesta permanente y sistemática de violencia que mata o silencia.
El hartazgo define el estado de un gremio que, pese al cansancio por la repetición de esta dosis, se moviliza para exigir seguridad y expresar repudio por otros tres asesinatos de periodistas tan sólo en enero de 2022.
En esta situación grave y decisiva, el Presidente, gobernadores, fiscales y los mecanismos de protección parecen parte del paisaje de las zonas de silencio que se extienden por los ataques del crimen.
A 10 años de la ley y creación del Mecanismo de Protección de Periodistas y Defensores de Derechos Humanos, los asesinatos no sólo continúan, sino que cada sexenio se rompen nuevas marcas.
Al de López Obrador se le acaba el tiempo para frenar esta carrera contra la libertad de expresión porque los 50 asesinados en su gestión superan ya a las anteriores.
El problema es que ni el gobierno federal ni los estatales y municipales dan muestras de voluntad para aplicar la ley o saber qué hacer para prevenir, castigar y, sobre todo, evitar la impunidad.
Hasta ahora, nada ha funcionado, si con Calderón cayeron 48 y en el de Peña Nieto fueron 47, el actual ya es el más mortífero, según Artículo XIX.
El gremio comienza a salir del letargo y habitual desunión con movilizaciones en 23 estados tras la más reciente ejecución, la de Lourdes Maldonado, en Tijuana, pero, en cambio, la respuesta de las autoridades no ha sido muy diferente.
El Presidente habla de la obligación de su gobierno de evitar los asesinatos y pide confianza de que se investigará sin proteger a nadie, para enseguida desestimar como “politiquería” las denuncias que hiciera la víctima contra Jaime Bonilla antes de siquiera abrirse las pesquisas.
Maldonado acudió a la conferencia mañanera, en 2019, para denunciar temer por su vida en el caso de un litigio laboral con una empresa del exgobernador de Baja California que, a la vista de los hechos, al menos tendría que obrar en las líneas de investigación y no ser desechada como causa o efecto de politiquear.
Su caso ha impactado particularmente por denunciar sus temores en la conferencia mañanera y también por ser uno de los siete profesionales asesinados bajo protección del mecanismo, que se creó en 2012 como medida extraordinaria ante la incapacidad de la seguridad y justicia para garantizar el trabajo de la prensa.
Aunque López Obrador dice que ahora no habrá impunidad, su profesión de fe choca con datos de su gobierno, que reconocen más de 90% de las investigaciones sin castigo, al igual que en el pasado.
Seguir creyendo que puede haber resultados distintos sólo por creerse diferente es el camino de repetirlos.
Porque lo que sigue sin aparecer es la fuerza del Estado, más que la posibilidad de mejorar los mecanismos de protección para prevenir las amenazas con nuevas reformas legales.
Las cifras son suficientes para pensar que no es prioridad del gobierno ni de las autoridades locales, donde se comete el grueso de los delitos contra la prensa.
La situación, sin embargo, es demasiado grave para mantener vivo el compromiso con la libertad de expresión de la 4T desde que llegó en 2018.
La Secretaría de Gobernación sabe del riesgo de perder esa batalla para el gobierno y, por ello, se dispone a abrir una consulta para una nueva ley general que mejore el Mecanismo.
Parte de reconocer la complejidad de las fuentes de amenazas, porque incluyen a las autoridades locales como parte del problema por sus vínculos con el crimen organizado, y podría agregarse a casi cualquier poder —formal o informal—, que tiene un bajo costo en usar la violencia para acallar a la prensa.
Mas no tienen claridad sobre el modelo a seguir cuando los crímenes y la impunidad muestran que el Mecanismo no puede suplir la incapacidad de la justicia con chalecos antibala o botones de pánico.
La facultad de atraer los delitos cometidos en los estados con la federalización es una mejora que abrió el Mecanismo, a la que ahora podría sumarse la homologación del delito a nivel nacional, protocolos de actuación y fortalecer la prevención sobre respuestas reactivas.
Pero, en cualquier caso, subsiste el problema de la justicia y lo poco convincente que es para poderes dispuestos a matar la verdad matando periodistas.
Columnista: José Buendía HegewischImágen Portada: Imágen Principal: Send to NewsML Feed: 0