El Salvador debe modificar las leyes de salud reproductiva tras la decisión de la Corte Interamericana: expertos de la ONU
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Expertas en derechos humanos de la ONU* celebraron una sentencia histórica a favor de una mujer salvadoreña que murió bajo custodia después de haber sido encarcelada tras una emergencia obstétrica, afirmando que la decisión consagra ahora normas para proteger a las mujeres que buscan atención de salud reproductiva en América Latina y el Caribe.
La Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) declaró a El Salvador responsable de la muerte de Manuela, que fue condenada a 30 años de prisión en 2008 por “homicidio agravado” tras la pérdida de su embarazo. Falleció en 2010 debido a una atención médica inadecuada por un linfoma de Hodgkin, según el máximo tribunal regional.
“Esta es una sentencia rompedora y sienta un importante precedente que ayudará a proteger el derecho de las mujeres a la atención en salud reproductiva, incluido el aborto, en toda América Latina y el Caribe”, dijeron las expertas.
En la sentencia emitida el 30 de noviembre, la CIDH ha instado a El Salvador a garantizar la atención integral en casos de emergencias obstétricas y a diseñar un programa de educación sexual y reproductiva. Las expertas celebran especialmente que la decisión exija la formación de las y los funcionarios judiciales y del personal sanitario sobre las normas de derechos humanos para garantizar la eliminación de estereotipos de género discriminatorios en la investigación y la persecución penal y para evitar la violación de la confidencialidad de las pacientes por parte de los profesionales médicos. También ordena a El Salvador que repare a la madre y padre e hijos de Manuela.
El Salvador tiene una de las leyes sobre aborto más restrictivas del mundo: desde hace más de 20 años penaliza el aborto en cualquier circunstancia, incluso cuando es necesario para salvar la vida de la mujer.
La mayoría de las mujeres procesadas por estos supuestos delitos tienen entre 18 y 25 años. Tienen recursos económicos limitados, proceden de zonas rurales o urbanas marginales y carecen de educación formal.
“La prohibición absoluta del aborto ha dado lugar a una práctica sistemática de discriminación contra las mujeres que sufren emergencias obstétricas o pérdidas de embarazo por complicaciones durante la gestación, lo que constituye violencia de género y un trato cruel, inhumano y degradante, que conduce a la revictimización”, dijeron las expertas.
“Bajo el marco legal actual de El Salvador, pueden ser acusadas del delito de homicidio agravado y condenadas a penas de prisión de hasta 50 años, sin respetar las garantías del debido proceso. Con esta sentencia, El Salvador debe ahora modificar sus leyes de acuerdo con los estándares internacionales de derechos humanos.”
Una prohibición absoluta del aborto viola los derechos humanos de las mujeres y las niñas y contraviene las obligaciones de proteger su dignidad y sus derechos a la vida, la salud, la integridad personal y física, la igualdad y la no discriminación, la libertad de violencia, la privacidad y la autonomía reproductiva. La aplicación de prohibiciones y restricciones también contribuye a la privación de su libertad.
Las expertas instan a El Salvador a que implemente rápidamente la sentencia de la CIDH y reiteran sus recomendaciones a los poderes legislativo y ejecutivo para que despenalicen la interrupción del embarazo y garanticen el acceso a servicios de aborto seguro y legal como mínimo en casos de violación, incesto, cuando el embarazo suponga un peligro para la vida, salud física o mental de la mujer o la niña y en casos de malformación fetal grave.
“También es fundamental poner fin a la criminalización y el encarcelamiento de las mujeres que han sufrido abortos espontáneos, emergencias obstétricas u otras complicaciones de salud reproductiva durante el embarazo, y que las mujeres no sean sometidas a ningún tipo de castigo, estigma y trato degradante por solicitar atención de salud reproductiva”, dijeron las expertas.
Para garantizar la seguridad y los derechos humanos de las mujeres y las niñas del país, debe eliminarse la obligación legal de que el personal sanitario y los funcionarios públicos denuncien los casos sospechosos de aborto, ya que más de la mitad de las denuncias contra mujeres proceden de estas fuentes, añadieron.
SOURCE Oficina de las Naciones Unidas del Alto Comisionado para los Derechos Humanos (ACNUDH)
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