La ausencia de acuerdo entre el Gobierno y la oposición bloquea la nominación de la sucesora de Highton de Nolasco en la Corte Suprema Infobae
El 19 de junio de 2003, Néstor Kirchner, Alberto Fernández y Gustavo Beliz firmaron el decreto 222 que establecía distintos requisitos para nominar a los nuevos miembros de la Corte Suprema. El presidente, el jefe de Gabinete y el Ministro de Justicia proponían un mecanismo de transparencia institucional en una época signada por un fuerte enfrentamiento entre la Casa Rosada y la mayoría automática del alto tribunal que había designado Carlos Menem.
“Establécese que, producida una vacante en la Corte Suprema de Justicia de la Nación, en un plazo máximo de treinta (30) días, se publicará en el Boletín Oficial y en por lo menos DOS (2) diarios de circulación nacional, durante TRES (3) días, el nombre y los antecedentes curriculares de la o las personas que se encuentren en consideración para la cobertura de la vacancia”, fija el decreto 222 en su artículo 4, reglamentando el artículo 99, inciso 4 de la Constitución Nacional.
Elena Highton de Nolasco renunció a la Corte Suprema con fecha del primero de noviembre, y Alberto Fernández debió haber nominado a su sucesora antes que venciera el plazo legal del decreto que en 2003 firmó junto a Kirchner y al entonces ministro Beliz.
El presidente incumplió la propia norma que suscribió siendo jefe de Gabinete de Kirchner, pero no habrá sanciones administrativas ni judiciales. El decreto 222/03 no prevé castigos a lo largo de sus 11 artículos.
Ademas, se trata de una situación irregular que no tendrá solución inmediata. Un candidato a la Corte Suprema necesita los dos tercios de los miembros presentes del Senado, y esa es una meta política imposible de alcanzar para Balcarce 50. Desde el próximo 10 de diciembre, la bancada oficialista en la Cámara Alta tendrá 35 miembros, y con ese número es imposible designar a un integrante del alto tribunal sin acuerdo con Juntos por el Cambio.
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