AMLO e IP: argumentos eléctricos Plaza de Ármas

La estrategia del gobierno es indignar para convencer como en las campañas sobre medicinas, gasoductos o condonación de impuestos.

Con tergiversaciones que pocos mexicanos pueden identificar, el gobierno ha construido mensajes persuasivos para convencer a las familias mexicanas de los beneficios de su reforma eléctrica. La estrategia repite el patrón de las campañas de otros temas controversiales como las medicinas, los gasoductos o la condonación de impuestos: indignar para convencer.

La intención es que la gente se moleste al preguntar: ¿Es verdad que el CENACE despacha la energía limpia de las hidroeléctricas de CFE después de haber subido la de proveedores privados? ¿Cómo que las centrales de auto abasto operan sin permiso? ¿Porqué el CENACE paga a todos los proveedores privados el precio más caro del día aunque los primeros en subir su electricidad hayan subastado precios más bajos? ¿Acaso no es injusto que la CFE cubra a productores independientes el 100% de la energía generada a pesar de no haberla recibido en su totalidad?

La estrategia del gobierno tiene tres ventajas: (1) los argumentos son fáciles de entender para el pueblo y (2) crean una narrativa que genera disgusto entre la gente común que los escucha, y, (3) no plantea la reforma como un dilema entre estar a favor o en contra de la cuarta transformación sino entre dos pasados, el glorioso de las expropiaciones y la soberanía de los recursos de la Nación o el de la privatización, abuso y enriquecimiento de las élites. Este último tiene dedicatoria al PRI. ¿De qué lado de su historia está? ¿Del lado de Cárdenas y López Mateos o del lado de Salinas y Peña Nieto? Con ello, el gobierno pretende generar una corriente de opinión pública que eleve a diputados y senadores priístas el costo de oponerse a la reforma eléctrica.

Otra ventaja adicional del gobierno es la debilidad de sus opositores. En primer lugar, mientras que la narrativa del gobierno es consistente y se presenta de manera integral, los críticos, a excepción del esfuerzo del Consejo Coordinación Empresarial, presentan discursos parciales que se enfocan en su área de interés. En segundo lugar, los empresarios y críticos del gobierno recurren a argumentos cuyo objetivo son los círculos políticos y económicos dentro y fuera de México, pero que no tocan el corazón del ciudadano común: que si la violación de los tratados internacionales, que si el estado de derecho, que si se espantan capitales, que si las cuantiosas indemnizaciones, que si no se vale cambiar las reglas del juego. Los argumentos parecen reflejar más las preocupaciones de un empresario que las inquietudes más sencillas de un trabajador y su familia.

En este sentido, el discurso presidencial cobra sentido para el ciudadano porque la reforma energética vigente se presenta como hecha para favorecer a una élite que se enriquece porque paga menos por la luz. ¿Cómo podría el ciudadano evaluar las bondades de esa reforma en su vida diaria, y oponerse a la de López Obrador, si poco se ha hecho para explicarle sus beneficios? Como en el caso del aeropuerto de Texcoco, ¿porqué un ciudadano se movilizaría en contra de la decisión del gobierno si no sabe los perjuicios que podrían generarle?

La estrategia del gobierno no está libre de problemas. Por un lado, depende de las actividades públicas del presidente, como las mañaneras y discursos de giras y de las exposiciones de la secretaria de energía, Rocío Nahle, y del director general de la CFE, Manuel Bartlett. Por otro lado, más allá de medios y redes sociales propias, el mensaje gubernamental depende de lo que quieran replicar los medios de comunicación, mayoritariamente opuestos a la reforma. Por eso los críticos apuestan a asociar la reforma a una persona tan impopular como Bartlett y mantener una ofensiva mediática que, desde diferentes trincheras y voces en México y el extranjero, abone el terreno del voto de los legisladores de oposición.

El debate actual ofrece una lección clara para futuros esfuerzos de modernización. En la democracia, la posibilidad de revertir una reforma es inversamente proporcional al apoyo que se procure de la población en general. Para que sean exitosas, las reformas deben estar apoyadas en el convencimiento colectivo de sus beneficios en la vida diaria de los ciudadanos o corren el riesgo de ser presentadas como acuerdos cupulares por un político que a nombre del pueblo cobre caro la falta de visión de los empresarios.

Director de OCA Reputación

@aocaranza

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