Cómo pervertir los logros de las mujeres Excelsior

Esta semana, la senadora Mónica Fernández Balboa presentó una denuncia ante la Fiscalía General de la República contra el senador Gustavo Madero por «violencia política de género».
La expresidenta de la Cámara de Senadores afirma que sufre «daños físicos y afectaciones psicológicas y emocionales» por aquella sesión de hace un año en la que se impuso a Rosario Piedra Ibarra como presidenta de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH).
Como miles de ciudadanos vimos en el video de la acalorada sesión, el senador Madero intenta impedir el juramento de la señora Piedra Ibarra, quien mintió a los senadores al ocultar que era dirigente local de Morena en Nueva León, condición que le impedía ser candidata, pero es sometido violentamente por la espalda hasta ser tirado al suelo.
Al intentar no caerse se apoya en el respaldo del sillón de la senadora presidenta y probablemente toca leve y accidentalmente el hombro de la legisladora.
Aquí el video: https://youtu.
be/xaERUDLCDjE Después de años de batallas del movimiento feminista —en especial aquel que se ha concentrado en ampliar y defender los derechos políticos de las mujeres como Mujeres en Plural— para que se aceptara que la violencia política en razón de género existe, el 13 de abril de este año se publicaron en el Diario Oficial de la Federación (DOF) las reformas a seis leyes generales y dos ordinarias que describen, clasifican y sancionan la violencia política en razón de género.
Fue un logro épico, pues las reformas se aprobaron por unanimidad después de años en los que se negara que esta forma de violencia existía.
En esta reforma se define que «La violencia política contra las mujeres en razón de género: es toda acción u omisión, incluida la tolerancia, basada en elementos de género y ejercida dentro de la esfera pública o privada, que tenga por objeto o resultado limitar, anular o menoscabar el ejercicio efectivo de los derechos políticos y electorales de una o varias mujeres, el acceso al pleno ejercicio de las atribuciones inherentes a su cargo, labor o actividad, el libre desarrollo de la función pública, la toma de decisiones, la libertad de organización, así como el acceso y ejercicio a las prerrogativas, tratándose de precandidaturas, candidaturas, funciones o cargos públicos del mismo tipo» y luego se agrega: «Se entenderá que las acciones se basan en elementos de género cuando se dirijan a una mujer por su condición, le afecten desproporcionadamente o tengan un impacto diferenciado en ella».
La denuncia de la senadora busca probar que el senador Madero tenía por objeto obstaculizar “el acceso al pleno ejercicio de las atribuciones inherentes a su cargo”, es decir, la Presidencia de la Mesa Directiva.
Pero me pregunto, ¿las acaloradas protestas del senador Madero buscaban «obstaculizar el ejercicio» de la función de la senadora presidenta por su condición de mujer o para tratar de impedir que se consumara un acto a todas luces ilegal? Se recordará que la segunda ronda de votación en la designación de Rosario Piedra, ronda en que la oposición demostró la ilegalidad de dos votos, estuvo tan impugnada que el presidente de la Jucopo, senador Ricardo Monreal, pidió una tercera ronda, que sus compañeros de partido impidieron.
Aquí el video de la alteración de los votos: https://youtu.
be/oXFaY4D0ns8 ¿La senadora Fernández Balboa esperó un año sufriendo «daños físicos» (¿de veras?) y «afectaciones psicológicas y emocionales» porque éstas se hicieron intolerables para su equilibrio emocional o porque dos semanas antes de su denuncia, el Consejo General del INE aprobó lineamientos en los que una condena o sanción por violencia de género puede impedir una candidatura, en este caso a la que aspira el senador Madero? En muchos momentos admiré a la senadora Fernández por la firmeza y donosura con la que condujo los trabajos del Senado; me es difícil imaginarla con pesadillas y terrores por un incidente en el que ni su integridad física ni la de su función estuvieron en peligro ni por un momento.
EL 28 de octubre pasado, el Consejo General del INE, en un logro sin precedente, aprobó lineamientos para las elecciones de 2021, que llevan a la práctica lo establecido en la reforma contra la violencia política.
En estos, los partidos exigirán a los candidatos la firma de un documento en el que, bajo protesta de decir verdad y de buena fe, afirmen que no han sido sancionados ni condenados por cometer violencia familiar o sexual, ni tienen deudas de pensión alimenticia.
Resulta transparente la intencionalidad política de la denuncia de la senadora, no para defender los derechos políticos de las mujeres, sino para lastimar la precandidatura de un adversario del partido Morena.
¿Para esto luchamos tantos años las mujeres, para manipular el sentido de una ley a conveniencia, tal y como por tantos años lo han hecho los hombres? Columnista: Cecilia SotoImágen Portada: Imágen Principal: Send to NewsML Feed: 0