La reforma judicial Plumas del Golfo

EL LINCE   César A.
Vázquez Lince   En los últimos días el trending topic ha sido la rifa del Avión Presidencial, generando polémica entre comentarios en favor de, en contra, en broma, memes y etc.
  Lo cierto es que, con este agudo comentario, de parte del Presidente López Obrador, distrajo la atención de la crisis de salud que ha traído el INSABI.
En pocas palabras una cortina de humo.
  Para terminar rápido con el tema del INSABI, este cobrará a los no asegurados los servicios de salud por todo el 2020 y los asegurados solo tendrán gratuito el primer y segundo nivel de atención ya si se requiere una especialidad, los mexicanos estaremos por nuestra cuenta.
  Es decir que por lo menos en el 2020 el sistema de salud en México se privatizo.
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qué ironía.
  Sobre la cortina de humo del avión presidencial, este no se puede rifar, no se puede vender, porque no le pertenece ni al Presidente ni al Gobierno de México.
  El afamado avión le pertenece a Boeing que lo tiene arrendado con el país, a lo que me refiero es que esta rentado y cuando se termine el contrato México podrá comprarlo, y se tomará a cuenta lo que se ha apagado hasta el momento.
  Por lo tanto, el José Ma.
Morelos y Pavón, aunque estuviera en los Hangares de California nunca estuvo a la venta.
Lo que se traduce como que el Presidente miente con el tema y sólo lo usa como cortina de humo para cubrir el fracaso inicial del INSABI, pero no es lo único que está cubriendo.
  El 1 de febrero se presentará una Reforma Judicial que está impulsando el ejecutivo, en dicha reforma se modificaran 14 artículos de la Constitución vigente en el país.
  En el centro de la discusión están las implicaciones que tendría el paquete de nueve reformas impulsado por el Ejecutivo sobre la presunción de inocencia y la independencia del Poder Judicial.
  Según versiones de borradores filtrados por la agencia Reuters   Esta reforma es una nueva versión del viejo modelo de justicia inquisitorial, un retroceso, y vulneran derechos fundamentales de los ciudadanos.
  Propone la eliminación en los jueces de control, por ende, la desaparición de la invalidez de las pruebas obtenidas de manera ilícita, se plantea el uso en juicio de intervención de comunicaciones, si bien se seguirá considerando ilegal se podrá considerar prueba en lugar de ser objeto de nulidad.
  Resucitar el arraigo esta medida permite al ministerio público detener a una persona mientras se reúnen pruebas y se presenta una acusación formal en su contra.
  No funciona porque fomenta las detenciones arbitrarias, sin una investigación previa   Representaría un gran retroceso para la presunción de inocencia, vulnerando principios fundamentales que están fundados en la firma y ratificación de acuerdos internacionales.
  Las propuestas al juicio de amparo, reflejan la intención del ejecutivo federal de someter a los ciudadanos que buscan generar contrapesos en el Poder Judicial mediante esta vía de control contra decisiones.
Y propone modificar la Ley de Amparo para restringir el aplazamiento de las extradiciones en casos de alto perfil, por ejemplo, Joaquín "El Chapo" Guzmán se hubiera podido amparar ante su extradición a Estados Unidos.
  La libertad de expresión enfrenta nuevamente un intento de censura.
La propuesta al CPN plantea que el artículo 468, fracción V, tipifique como delito contra la cultura cívica la difamación y la castiga con prisión de seis meses a seis años.
  "Al que ilegalmente comunique a una o más personas, la imputación que se hace a otra de un hecho cierto o falso, determinado o indeterminado, que cause o pueda causarle deshonra, descrédito o perjuicio, o exponerla al desprecio de alguien, se le impondrá de seis meses a seis años de prisión y multa de veinte a cinco mil veces el valor diario de la Unidad de Medida y Actualización"   Básicamente volvería a poner en un grave riesgo el ejercicio periodístico, criminalizando la libertad de expresión.
  Poner penas más duras no va a resolver el problema de inseguridad del país y el ejemplo se dio, cuando les dieron cadena perpetua a secuestradores, mientras los políticos festejaban que ahora eran más duros, aumentaron los asesinatos y esto se debió a que los secuestradores con temor a ser identificados preferían ejecutar a su víctima en lugar de permitir que los identificaran.
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