Las implicaciones del caso FINCEN en México y el sistema financiero El Financiero
La reciente acción del Departamento del Tesoro de Estados Unidos debería servir de advertencia a todas las instituciones financieras mexicanas para que revalúen de inmediato sus controles contra el lavado de dinero o se enfrenten a posibles consecuencias graves. Esta medida fue la primera aplicación por parte del gobierno estadounidense de un nuevo y poderoso conjunto de facultades bajo la ley denominada Ley FEND OFF Fentanyl, destinada a combatir la crisis del fentanilo en Estados Unidos.
Los objetivos de esta medida fueron tres instituciones financieras mexicanas: Intercam Banco S.A., CI Banco S.A. y Vector Casa De Bolsa S.A. de C.V. El Departamento del Tesoro de Estados Unidos declaró que las tres eran una “preocupación principal en materia de lavado de dinero” por el tráfico ilícito de opioides debido a su papel vital y de larga data en el lavado de millones de dólares para los cárteles de la droga con sede en México, además de su facilitación de pagos asociados con precursores químicos necesarios para producir opioides ilícitos, incluido el fentanilo.
A partir del 4 de septiembre, las tres instituciones quedarán excluidas del sistema financiero estadounidense como consecuencia directa de la medida. Sin embargo, las consecuencias indirectas podrían ser igual de graves. Otros países e instituciones podrían dudar ahora en hacer negocios con ellos, dada la acción de Estados Unidos. Esto convierte la designación de “preocupación principal de lavado de dinero” en una amenaza potencialmente existencial para cualquier institución.
Dadas estas graves consecuencias, muchos podrían sorprenderse por el umbral relativamente bajo requerido para interponer una acción bajo esta Ley. El secretario del Tesoro de Estados Unidos solo necesita determinar que “existen motivos razonables para concluir” que una institución es una preocupación principal de lavado de dinero por tráfico ilícito de opioides. Este requisito es mucho menor que el estándar de “más allá de toda duda razonable” requerido para probar cargos penales.
En este caso, las tres instituciones contaban con programas contra el lavado de dinero (ALD) diseñados para detectar y prevenir actividades ilícitas. Sin embargo, el gobierno estadounidense no consideró que estos programas fueran tan efectivos como deberían haber sido para detectar el tráfico de opioides.
Las instituciones financieras en todo México deben tomar nota de inmediato. En la acción, el Departamento del Tesoro citó un análisis no público que realizó, el cual muestra a otras instituciones financieras mexicanas, no identificadas, con mayores concentraciones de actividad potencialmente ilícita, lo que, a su juicio, probablemente indica controles ALD deficientes.
Para evitar verse perjudicadas por futuras acciones, las instituciones financieras pueden tomar varias medidas. En primer lugar, asegurarse de que el personal pertinente comprenda a fondo los flujos financieros y las técnicas de lavado de dinero asociadas con el tráfico ilícito de opioides. Esto debe incluir no solo a sus empleados de ALD, sino también a cualquiera que interactúe directamente con los clientes, ya que suelen estar mejor posicionados para detectar señales de alerta que podrían indicar actividad sospechosa.
En segundo lugar, las instituciones financieras deben revaluar y fortalecer sus controles ALD relacionados con el tráfico ilícito de opioides. Esto implica comprender quiénes son sus clientes y con quiénes realizan transacciones (en particular, aquellos involucrados en la compra, venta o transporte de precursores químicos), y desarrollar un conjunto de herramientas para identificar actividades que puedan reflejar tráfico ilícito de opioides.
En tercer lugar, las instituciones deben evaluar su capacidad para identificar a los empleados que puedan estar involucrados en facilitar actividades ilícitas. En las acciones contra dos de las tres instituciones, el Departamento del Tesoro de Estados unidos citó casos en los que empleados presuntamente colaboraron con cárteles de la droga para facilitar el lavado de dinero. Si bien estos parecen ser incidentes aislados e identificar la mala conducta de los empleados puede ser difícil, las instituciones deberían considerar maneras de identificar a los empleados que trabajan con clientes o actividades específicas con mayor riesgo de tráfico ilícito de opioides.
Invertir más en programas de lucha contra el lavado de dinero y tomar medidas urgentes para implementar las mejoras necesarias podría marcar la diferencia entre que una institución financiera sea objeto de una futura acción del Departamento del Tesoro de Estados Unidos.
