Su padre le construyó su sueño para que fuera piloto pero los vecinos le obligan a destruir su circuito: denuncian ruido, tráfico y daño ecológico Infobae
Lo que comenzó como un proyecto familiar para que un joven piloto pudiera entrenar cerca de casa ha desencadenado un conflicto vecinal de gran escala en Highland, una comunidad rural de Maryland (EE. UU.).
Un residente construyó en su propiedad una pista de karts privada, con la intención de que su hijo pudiera practicar de forma segura y sin necesidad de largos desplazamientos. Sin embargo, la iniciativa ha desatado la indignación de los vecinos, que denuncian la falta de permisos, el impacto ambiental y la alteración de la convivencia.
“Esta petición sirve como documento para expresar el desacuerdo con cualquier uso condicional que se conceda. Esta petición también sirve como documento para expresar que la pista de carreras debe eliminarse por completo”. Así intervienen los vecinos en un texto en el que ha dejado clara su oposición al circuito.
Un circuito de 0,6 km y 100.000 dólares
El propietario adquirió el terreno en 2016 y decidió invertir más de 100.000 dólares (más de 85.000 euros) en la construcción de un circuito de 0,6 kilómetros en el patio trasero de su casa, según The Drive. El objetivo era claro: ofrecer a su hijo un espacio privado para practicar karting y perfeccionar sus habilidades de cara a una futura carrera profesional.
Sin embargo, lo que parecía un sueño hecho realidad para cualquier aficionado al automovilismo se encontró rápidamente con la oposición frontal de los vecinos. El detonante fue la ausencia de permisos y estudios ambientales previos, un requisito obligatorio para este tipo de construcciones en zonas residenciales rurales.
Las quejas vecinales: ruido, tráfico y daño ecológico
Los residentes temen que la pista de karts altere la tranquilidad de la zona, incremente el tráfico y cause un impacto negativo en el medioambiente. Entre las preocupaciones más citadas destaca la proximidad del trazado a los límites de propiedades vecinales y a humedales protegidos, situados a menos de 7,6 metros de distancia.
La reacción no se hizo esperar. Los vecinos argumentan que esto supone una amenaza directa a la fauna local y al equilibrio ecológico de la zona.
El pasado 30 de julio, más de 80 residentes acudieron a una reunión convocada para abordar este asunto. El propietario, consciente de la impopularidad de su proyecto, optó por no acudir personalmente y delegó su representación a un abogado y un ingeniero civil, responsable del diseño de la pista.
Durante el encuentro, sus representantes propusieron una serie de restricciones para intentar apaciguar los ánimos: limitar el uso exclusivamente al hijo del propietario y dos amigos, utilizar solo karts eléctricos y establecer horarios reducidos. Sin embargo, estas condiciones no convencieron a los asistentes, que insistieron en la necesidad de demoler la pista.
Peticiones online y miedo a un helipuerto
Más allá de las reuniones presenciales, la oposición vecinal se ha articulado también en el ámbito digital. Los residentes han impulsado una campaña en Change.org para recabar apoyos y presionar a las autoridades.
En el documento, los firmantes denuncian que el propietario no realizó ningún estudio ambiental ni de salud antes de iniciar las obras y subrayan que la pista se encuentra a menos de 30 metros de las viviendas colindantes, lo que afecta directamente a la calidad de vida de los residentes.
Entre las alegaciones más llamativas figura el temor a que, si se permite el uso condicional de la pista, el propietario aproveche la autorización para construir otras infraestructuras, como un helipuerto, incrementando aún más el tráfico y el ruido de la zona.
Además, los vecinos señalan que la responsabilidad de vigilar el cumplimiento de las restricciones recaería injustamente sobre ellos.
La respuesta de las autoridades: suspensión de las obras
El condado, tras recibir las quejas, emitió una orden de suspensión de obras cuando el circuito ya estaba terminado. Las autoridades argumentaron que la pista no constituye un uso accesorio permitido en una propiedad con zonificación residencial rural y que las obras han alterado humedales y zonas de amortiguación de arroyos protegidos.
Como resultado, se prohibió la utilización del circuito hasta que se resuelva la situación legal. No obstante, la polémica no ha cesado. Ahora, el debate se ha trasladado a grupos de redes sociales, donde las opiniones están divididas.
