Extorsión en Lima: denuncias aumentaron más del 50% en comparación al año pasado Infobae
Las denuncias por extorsión en Lima Metropolitana aumentaron en un 54.5 % entre enero y julio de 2025, en comparación con el mismo periodo del año pasado, según datos del Sistema de Información Policial (SIDPOL). Solo en junio, se registraron 69 denuncias diarias, una cifra récord que refleja cómo este delito se ha normalizado como parte del panorama urbano.
Este incremento, además de alarmante, revela un patrón sostenido: las denuncias diarias por extorsión se han multiplicado por siete respecto al promedio de los últimos años. Lejos de reducirse, la extorsión ha comenzado a operar como un verdadero “impuesto criminal” que afecta a ciudadanos comunes y a sectores cada vez más vulnerables.
Distritos más afectados en Lima
El Cercado de Lima continúa liderando la lista con 950 denuncias hasta julio, seguido por San Juan de Lurigancho (930) y Ate (498). Sin embargo, los distritos donde la extorsión ha crecido con mayor fuerza porcentual son Puente Piedra, que pasó de 139 a 397 casos (+185.6 %), y Magdalena del Mar, con un salto del 91.7 %.
Otros distritos como Miraflores (+116.7 %), Pueblo Libre (+75.0 %), San Martín de Porres (+55.9 %) y Los Olivos (+48.1 %) también reportaron aumentos considerables. Solo Lurigancho (-3.2 %) y Pucusana (-60 %) registraron ligeras caídas en las cifras.
Colegios bajo amenaza
El fenómeno de la extorsión ha dejado de estar restringido a sectores económicos específicos. En ciudades como Lima Metropolitana y Trujillo, varias instituciones educativas se han convertido en blanco de organizaciones criminales como Los Injertos del Cono Norte y Los Pulpos, cuyos integrantes exigen pagos a cambio de no atacar los colegios o generar disturbios dentro de sus instalaciones.
Este nuevo frente de amenaza ha generado gran preocupación entre padres de familia, docentes y directores, quienes se ven obligados a redoblar la seguridad sin contar con respaldo estatal suficiente. Las extorsiones incluyen llamadas amenazantes, notas intimidantes y hasta presencia de desconocidos rondando los alrededores de los centros educativos.
Asimismo, la extorsión también golpea con fuerza a pequeños empresarios, vendedores ambulantes y dueños de puestos en zonas comerciales de Lima y otras regiones. Muchos de ellos reciben amenazas directas o son atacados con armas de fuego y explosivos si se niegan a pagar cuotas diarias por “protección”.
Este tipo de violencia ha escalado, en varios casos, al sicariato. Quienes se resisten a “alinearse” a las exigencias criminales corren el riesgo de ser asesinados por sicarios contratados para imponer miedo y control en zonas estratégicas. El temor se ha vuelto parte del día a día para miles de trabajadores informales y comerciantes que ya luchan por sobrevivir en una economía difícil.
Impacto en la economía y el transporte
Según la Asociación de Bodegueros del Perú, más de 2,000 tiendas han cerrado en Lima por extorsiones, generando pérdidas diarias que superan el medio millón de soles. En Ventanilla, una vidriería cerró tras recibir disparos; en Huaura, una tienda fue atacada luego de negarse a pagar 25 mil soles exigidos por delincuentes.
La situación también ha llevado al gremio de transportistas a anunciar un paro general para el 11 de agosto. Martín Valeriano, presidente de Anitra, afirmó que no han sido convocados por el ministro del Interior para dialogar sobre las muertes de choferes víctimas de extorsión. “No hay voluntad política para resolver el problema”, expresó.
Incluso los usuarios se ven afectados: la línea B de transporte, que conecta Los Olivos con el Cercado de Lima, subió el pasaje en 50 céntimos por amenazas de bandas criminales.
La respuesta del Estado
Frente a esta ola delictiva, el Gobierno implementó la Central 111 de la PNP, una línea gratuita y confidencial que funciona las 24 horas para denunciar extorsiones. También están habilitados el número 1818 y el celular 942841978. Sin embargo, la percepción general es que estas medidas no son suficientes frente a la magnitud del problema.
Las comisarías siguen recibiendo las denuncias, pero los ciudadanos temen represalias o desconfían del sistema. Mientras tanto, los extorsionadores operan cada vez con más impunidad y violencia, afectando todos los niveles de la vida urbana.
