Aranceles de Trump enfrentan impugnaciones en tribunales Diario.mx
El presidente Donald Trump se ha salido con la suya en materia comercial tras presionar a la Unión Europea, Japón y otros socios para que acepten impuestos que antes eran impensablemente altos a sus exportaciones a Estados Unidos.
Pero su reforma radical de la política comercial estadounidense, en la que eludió al Congreso para imponer aranceles elevados a la mayoría de las economías del mundo, no ha quedado exenta de cuestionamientos. Enfrenta al menos siete demandas que lo acusan de excederse en su autoridad. Los demandantes exigen que se desestimen sus aranceles más grandes y atrevidos.
Y ya ganaron la primera ronda.
En mayo, un panel de tres jueces del Tribunal de Comercio Internacional de Estados Unidos, un tribunal federal especializado de Nueva York, dictaminó que el mandatario se extralimitó en sus facultades cuando declaró una emergencia nacional para imponer gravámenes a las importaciones de casi todos los países del mundo. Para llegar a su fallo, el tribunal combinó en un solo caso dos impugnaciones: una presentada por cinco empresas y otra por 12 estados de Estados Unidos.
Ahora inicia la segunda ronda.
El jueves, los 11 jueces del Tribunal de Apelaciones de Estados Unidos para el Circuito Federal de Washington, que suele especializarse en derecho de patentes, tienen agendado escuchar los argumentos orales del gobierno de Trump, así como de los estados y las empresas que buscan la eliminación de sus impuestos generalizados a las importaciones.
Ese tribunal autorizó previamente que el gobierno federal siguiera recaudando los aranceles de Trump mientras el caso avanzaba en el sistema judicial.
Los asuntos son tan importantes —pues se relacionan con el poder del presidente para eludir al Congreso e imponer gravámenes con enormes consecuencias económicas en Estados Unidos y en el extranjero— que se espera que el caso llegue a la Corte Suprema de Estados Unidos, independientemente del fallo del tribunal de apelaciones.
Trump es un fanático declarado de los aranceles. Considera los impuestos a la importación como una herramienta económica multiusos que puede traer la manufactura de regreso a Estados Unidos, proteger a las industrias estadounidenses, recaudar fondos para financiar los enormes recortes fiscales de su “gran y hermoso proyecto de ley”, presionar a los países para que se sometan a su voluntad e incluso poner fin a guerras.
La Constitución de Estados Unidos otorga al Congreso la facultad de imponer gravámenes, incluidos los aranceles. Pero los legisladores han cedido gradualmente a la Casa Blanca el poder sobre la política comercial. Y Trump ha aprovechado al máximo este vacío de poder al elevar el arancel promedio estadounidense a más del 18%, el nivel más alto desde 1934, según el Laboratorio de Presupuesto de la Universidad de Yale.
El tema en el caso judicial pendiente es el uso por parte de Trump de la Ley de Poderes Económicos de Emergencia Internacional (IEEPA, por sus siglas en inglés), de 1977, para imponer aranceles generalizados sin buscar la aprobación del Congreso ni realizar investigaciones previas. En su lugar, afirmó tener la autoridad para declarar una emergencia nacional que justificaba sus impuestos a la importación.
En febrero, mencionó el flujo ilegal de drogas e inmigrantes a través de las fronteras estadounidenses para imponer aranceles a Canadá, China y México. Luego, el 2 de abril —el “Día de la Liberación”, como lo llamó Trump—, invocó la IEEPA para anunciar aranceles “recíprocos” de hasta el 50% para los países con los que Estados Unidos tenía un déficit comercial, y un arancel “base” del 10% para casi todos los demás. La emergencia que citó fue el prolongado déficit comercial de Estados Unidos.
Posteriormente, el mandatario suspendió los aranceles recíprocos, pero todavía son una amenaza: podrían ser impuestos nuevamente el viernes a los países que no se anticipen a ellos mediante acuerdos comerciales con Estados Unidos o que reciban cartas de Trump en las que fije las tasas él mismo.
Los demandantes argumentan que las leyes de poderes de emergencia no autorizan el uso de aranceles. También señalan que el déficit comercial difícilmente cumple con la definición de amenaza “inusual y extraordinaria” que justificaría la declaración de emergencia en virtud de la ley. Después de todo, Estados Unidos ha registrado déficits comerciales —resultado de que compra más a países extranjeros de lo que les vende— durante 49 años consecutivos, tanto en épocas buenas como en malas.
El gobierno de Trump argumenta que los tribunales aprobaron el uso de aranceles de emergencia por parte del presidente Richard Nixon durante la crisis económica de 1971. El gobierno de Nixon invocó con éxito su autoridad de conformidad con la Ley de Comercio con el Enemigo de 1917, que precedió y proporcionó parte de la jerga legal utilizada en la IEEPA.
En mayo, el tribunal comercial rechazó el argumento y dictaminó que los aranceles del Día de la Liberación de Trump “exceden cualquier autoridad otorgada al presidente” por la ley de poderes de emergencia.
“El presidente no puede usar concesiones de autoridad ilimitadas para hacer lo que quiera”, dijo Reilly Stephens, asesor de alto nivel del Liberty Justice Center, un grupo legal libertario sin fines de lucro que protege los derechos de los estadounidenses y que representa a las empresas que demandan al gobierno de Trump por los impuestos a las importaciones.
En el caso de los aranceles relacionados con el narcotráfico y la inmigración que impuso a Canadá, China y México, el tribunal comercial dictaminó que los gravámenes no cumplían con el requisito de la IEEPA de que debían “lidiar con” el problema que debían abordar.
La impugnación judicial no abarca otros aranceles de Trump, incluidos los impuestos al acero, el aluminio y los automóviles extranjeros que el presidente impuso después de que las investigaciones del Departamento de Comercio concluyeran que dichas importaciones representaban amenazas a la seguridad nacional de Estados Unidos.
Tampoco incluye los aranceles que Trump impuso a China durante su primer mandato —y que el presidente Joe Biden mantuvo— después de que una investigación gubernamental concluyera que China utilizaba prácticas desleales para dar a sus propias empresas tecnológicas una ventaja sobre sus rivales de Estados Unidos y otros países occidentales.
