Gobierno colombiano manifiesta inconformidad por deportación de más de 600 nacionales desde Ecuador sin coordinación previa: “Lo ideal era ser consultados” Infobae
La reciente deportación de 603 ciudadanos colombianos desde territorio ecuatoriano ha encendido las alarmas en la Cancillería de Colombia, que cuestiona la falta de consulta y coordinación entre ambos gobiernos para manejar el retorno de estas personas en condiciones seguras y humanitarias.
El vicecanciller Mauricio Jaramillo, en declaraciones concedidas a W Radio, explicó que el principal reclamo de Colombia se centra en la ausencia de protocolos claros y en la carencia de una comunicación oportuna que permitiera preparar la logística de recepción de los connacionales expulsados.
“Lo ideal es que estos procesos se gestionen de forma bilateral”, dijo, subrayando que, aunque los procesos de deportación hacen parte de la soberanía de cada Estado, deben realizarse dentro de estándares que garanticen la protección de los derechos humanos de las personas afectadas.
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El Gobierno colombiano advirtió que deportar a más de seiscientas personas en un solo día plantea retos significativos, incluso, para países con amplia capacidad de respuesta.
De acuerdo con Jaramillo, ningún Estado, por más recursos que tenga, está en condiciones de asumir sin planificación un proceso de esa magnitud, lo que refuerza la importancia de activar mecanismos diplomáticos y operativos conjuntos antes de ejecutar estas decisiones migratorias.
El vicecanciller también manifestó que, para las autoridades colombianas, la notificación es apenas uno de los componentes de un proceso más amplio que debe incluir lineamientos judiciales, rutas de atención humanitaria y coordinación en frontera para garantizar la dignidad de quienes regresan.
No obstante, La W Radio reveló que la embajadora de Colombia en Ecuador habría recibido una comunicación oficial el pasado 8 de julio, en la que se informaba sobre la deportación de este grupo de ciudadanos.
Frente a esta información, Jaramillo reconoció que no había sostenido contacto directo con la cónsul para verificar la versión, pero enfatizó que una notificación aislada no habilita la entrega automática de personas sin observar protocolos básicos.
La Cancillería colombiana reforzó su postura desplazando a la canciller hasta la zona fronteriza para supervisar de primera mano la llegada de los nacionales y encabezar la articulación de medidas de asistencia inmediata.
Para la cartera de Relaciones Exteriores, la prioridad en este momento es garantizar la protección de derechos fundamentales, la verificación del estado de los retornados y el acompañamiento a sus familias.
El Gobierno reiteró su disposición a trabajar de manera conjunta con Ecuador para que este tipo de operativos se enmarquen dentro de las normas internacionales de derechos humanos y se respete la relación de vecindad, históricamente marcada por la cooperación en asuntos migratorios y judiciales.
Aunque hasta el momento no se conocen detalles sobre las razones individuales que motivaron la expulsión de estas personas, el vicecanciller insistió en que la magnitud del grupo exige un manejo responsable que solo puede lograrse a través de la articulación de las instituciones de ambos países.
Las autoridades colombianas, por su parte, iniciaron una serie de acciones de verificación para garantizar que quienes regresaron reciban apoyo en materia de alojamiento temporal, atención médica y orientación jurídica, de ser necesario.
Además, se espera que en los próximos días se definan mesas de trabajo binacionales para revisar los procedimientos aplicables y evitar que se repitan expulsiones masivas sin las debidas garantías de coordinación.
El episodio ocurre en un contexto de creciente movilidad de personas entre Colombia y Ecuador, países que comparten una frontera terrestre de más de 580 kilómetros y un historial de cooperación en control migratorio y seguridad.
Para el Gobierno colombiano, la buena vecindad implica mantener abiertos los canales de diálogo para atender situaciones sensibles como la migración y el retorno forzado de nacionales, asuntos que impactan directamente la vida de cientos de familias.
