Bancada de Perú Libre acusada de organizar evento partidario con recursos públicos y al interior del Congreso Infobae
Un evento promovido por la bancada de Perú Libre en el Congreso de la República desató una ola de cuestionamientos y abrió un debate sobre el límite entre la actividad parlamentaria y la propaganda. La “Presentación de la memoria anual 2024-2025” de dicho grupo parlamentario, realizada el lunes 21 de julio en el auditorio José Faustino Sánchez Carrión, no solo figuró como actividad oficial en la agenda legislativa, sino que evidenció elementos más propios de un mitin partidario que de un informe institucional.
Punto Final reveló que, durante la reunión, se escucharon vivas al partido del lápiz y a Vladimir Cerrón, secretario general del partido y actualmente prófugo de la justicia. El ambiente estuvo marcado por la presencia de la bandera y los símbolos partidarios, además de cánticos y mensajes de apoyo explícitos a Cerrón, a quien incluso se le denominó “futuro presidente del Perú”.
La controversia se profundizó tras la lectura de un mensaje oficial de Cerrón, a cargo de la ingeniera Yakelyn Flores Peña, quien además de ejercer funciones en la bancada parlamentaria, ocupa el cargo de secretaria nacional de disciplina en el partido. Flores Peña fue presentada oficialmente por su rango en la organización política antes de transmitir el mensaje del secretario general, pese a que este no guarda vínculo formal con el Legislativo.
Especialistas en derecho electoral advierten que este escenario vulnera la neutralidad electoral. “No puedo disfrazar una actividad institucional como legislativa cuando en realidad es casi una asamblea del partido”, explica el abogado José Naupari, experto en la materia. Recuerda que la Ley Orgánica de Elecciones, en su artículo 32, prohíbe expresamente realizar actos que favorezcan a organizaciones políticas durante actividades oficiales, una disposición que cobra especial importancia en temporada electoral.
El evento reunió a congresistas, miembros del Comité Ejecutivo Nacional de Perú Libre y decenas de militantes, quienes participaron activamente en proclamas y consignas partidarias. Entre los asistentes se ubicó Richard Rojas, exdirigente cercano a Pedro Castillo y uno de los rostros visibles de la dirección nacional de Perú Libre. Según las imágenes captadas durante la jornada, la directiva del partido recibió documentos y se la presentó por su nombre ante el auditorio.
Consultado por la naturaleza del evento, el vocero del grupo parlamentario, Flavio Cruz, aseguró que se trató de una rendición de cuentas al partido, motivando nuevas interrogantes sobre la autonomía de la bancada dentro del Congreso. “La bancada es parte del partido”, indicó Cruz, aunque negó que se hubiera incurrido en alguna irregularidad.
La congresista María Agüero tampoco ocultó el vínculo partidario, referenciando a Perú Libre y a Vladimir Cerrón de manera reiterada en su intervención. “Nuestro partido tiene como símbolo el lápiz de la cultura popular. Nuestro líder, Vladimir Cerrón Rojas, futuro presidente del Perú”, declaró.
En contraste, Kelly Portalatino, quien días antes anunció su renuncia al partido y también participó en la mesa principal del evento, negó el uso de símbolos partidarios en su labor legislativa, a pesar de estar rodeada de banderas y carteles del partido.
La participación de funcionarios públicos y miembros del Legislativo en actos con tintes partidarios dentro de instalaciones estatales, especialmente bajo el contexto de un proceso electoral vigente desde la convocatoria a comicios en marzo, se posiciona como una posible infracción a la neutralidad y el uso de recursos públicos para fines políticos.
El exministro de Justicia, José Tello, remarca que las autoridades tienen prohibido manifestarse a favor o en contra de partidos desde espacios oficiales. “Usar espacios públicos para beneficiar a partidos políticos, con símbolos, mensajes o proclamas, es una infracción”, afirma Tello. Advierte que situaciones como esta pueden derivar en investigaciones por parte del Jurado Especial Electoral, la Contraloría, el Ministerio Público y el propio Congreso.
