Ecuador anunció 5.000 despidos y fusión de ministerios: aseguran que reducirán un 41% el tamaño del gobierno Infobae

El Gobierno del Ecuador anunció la desvinculación de 5.000 funcionarios públicos y la fusión de ministerios como parte de un plan de eficiencia administrativa que, según sus voceros, busca modernizar el Estado y mejorar la calidad de los servicios públicos. Sin embargo, la vocería oficial no explicó por qué las evaluaciones de desempeño no fueron anunciadas previamente, ni cuál fue el criterio técnico que permitió identificar que esos servidores “obstruían” el trabajo en sus respectivas instituciones.

La portavoz de la Presidencia, Carolina Jaramillo, fue la encargada de comunicar que este proceso se enmarca en una estrategia de transformación del Ejecutivo, la cual contempla tres acciones principales: la evaluación permanente de servidores públicos, la apertura de nuevas oportunidades laborales para jóvenes, y la reorganización de las carteras ministeriales.

En este contexto, se detalló que el número de ministerios pasará de 20 a 14 y las secretarías de nueve a tres, lo que, según el Gobierno, representa una reducción del 41 % en el tamaño del Ejecutivo.

La vocera aclaró que los 5.000 despidos no están vinculados con las evaluaciones previstas por la Ley de Integridad Pública ni con la resolución ministerial de supresión de puestos emitida por el Ministerio del Trabajo el 24 de julio de 2025. Esta resolución establece el marco legal para que las instituciones del Estado supriman cargos bajo criterios técnicos, funcionales, económicos o de optimización, con requisitos formales que incluyen informes detallados y justificaciones individualizadas por parte de las Unidades de Administración del Talento Humano, que tendrán 30 días, desde el 24 de julio, para emitir los informes correspondientes.

No obstante, en su intervención, la vocera afirmó que sí existen informes individuales sobre los funcionarios desvinculados, sin precisar si hubo un procedimiento unificado o discrecional ni por qué no se socializó previamente este proceso.

El Ejecutivo tampoco respondió cuánto le costará al Estado la liquidación e indemnización de los funcionarios cesados. La vocera aseguró que existe financiamiento previsto para cubrir estos gastos, pero enfatizó que el objetivo: “No se trata de ahorro, se trata de eficiencia”, afirmó, y descartó que esta decisión obedezca a exigencias del Fondo Monetario Internacional.

Tampoco se presentó un plan detallado sobre cómo se garantizará que la reducción de personal no afecte la calidad de los servicios públicos. Frente a esta inquietud, Jaramillo reiteró que las personas desvinculadas no cumplían con estándares adecuados de servicio: “No se puede tolerar que en el nuevo Ecuador existan hombres y mujeres que cuando uno se acerca a un servicio público le contesten ‘no hay sistema’ y no le den una solución”, dijo la portavoz, insistiendo en que el nuevo enfoque se basa en excelencia y transparencia.

La vocera aclaró que dentro de los despedidos no hay personal de la Policía ni de las Fuerzas Armadas, tampoco médicos, enfermeros o profesores.

Se suprimirán más puestos de gobierno

Por otro lado, el Ministerio del Trabajo emitió ese mismo día la Resolución MDT-2025-032, que establece una nueva norma técnica para la supresión de puestos en el sector público. La norma exige, entre otros requisitos, que las entidades elaboren informes técnicos, listas detalladas de los cargos a suprimir y que se excluyan del proceso a personas con discapacidad, mujeres embarazadas, personas en licencia o en periodo de prueba, y puestos en litigio. Esta resolución normativa no guarda relación directa con la desvinculación inmediata de los 5.000 funcionarios, como se confirmó en la rueda de prensa.

Sobre la posibilidad de crear nuevas partidas, Jaramillo aclaró que no se trata de sustituir las 5.000 partidas suprimidas con un número igual de nuevas vacantes. En su lugar, aseguró que se abrirán plazas “necesarias” en los próximos meses, destinadas a jóvenes con perfiles que se ajusten a los principios del nuevo modelo de gestión pública. También afirmó que estas contrataciones se harán bajo la normativa vigente, sin precisar si ofrecerán estabilidad laboral.

Entre los ministerios fusionados se encuentran el de Cultura con el de Educación, el de Ambiente con el de Energía y Minas, y el de la Mujer con el de Gobierno. Asimismo, entidades como la Secretaría de Educación Superior y el Ministerio de Turismo fueron absorbidas por otras carteras más grandes. También se anunció la adscripción del Servicio Nacional de Atención Integral, encargado de las cárceles, y del ECU-911 al Ministerio del Interior.

A pesar de la magnitud de la medida, el Ejecutivo no proporcionó un cronograma específico para implementar las fusiones ni explicó cuántos funcionarios serán desvinculados como consecuencia directa de esta reorganización: “Cada ministerio que se fusiona tiene a su cargo la elaboración del plan mediante el cual se van a fusionar las instituciones y esto es inmediato”, indicó la vocera, sin precisar más detalles.

El Gobierno insistió en que se trata de decisiones técnicas orientadas a fortalecer la institucionalidad, pero evitó pronunciarse sobre el efecto social y político que estas medidas podrían tener.

La vocera fue consultada sobre si los funcionarios cesados pertenecían a gobiernos anteriores o a corrientes políticas específicas. En su respuesta, negó que se hayan aplicado criterios políticos y recalcó que el único enfoque fue la eficiencia. No obstante, tampoco se ofrecieron detalles sobre la distribución institucional o geográfica de los despidos.

Los ministerios fusionados, traslados y adscripciones decretadas por el presidente Daniel Noboa:

1. El Ministerio de Desarrollo Urbano y Vivienda se fusiona al Ministerio de Transporte y Obras Públicas.
2. El Ministerio de Cultura y Patrimonio se fusiona al Ministerio de Educación.
3. El Ministerio del Deporte se fusiona al Ministerio de Educación.
4. El Ministerio de la Mujer y Derechos Humanos se fusiona al Ministerio de Gobierno.
5. El Ministerio del Ambiente, Agua y Transición Ecológica al Ministerio de Energía y Minas.
6. La Secretaría de Educación Superior, Ciencia, Tecnología e Innovación se fusiona al Ministerio de Educación.
7. El Ministerio de Turismo se fusiona al Ministerio de la Producción, Comercio Exterior, Inversiones y Pesca.
8. La Secretaría Técnica Ecuador Crece sin Desnutrición Infantil se fusiona al Ministerio de Inclusión Económica y Social.
9. La Secretaría de Inversiones Público Privadas se fusiona al Ministerio de Transporte y Obras Públicas.
10. La Secretaría Técnica de Gestión Inmobiliaria del Sector Público se fusiona a la Secretaría General Administrativa de la Presidencia de la República.
11. La Secretaría Nacional de Planificación se fusiona a la Secretaría General de la Administración Pública y Gabinete.
12. La Secretaría Técnica del Comité Interinstitucional de Prevención de Asentamientos Irregulares al Ministerio de Transporte y Obras Públicas.
13. El Viceministerio de Acuacultura y Pesca se fusiona al Ministerio de Agricultura y Ganadería.
14. El Servicio Nacional de Atención Integral a Personas Adultas Privadas de la Libertad y a Adolescentes Infractores (SNAI) se adscribe al Ministerio del Interior.
15. El Servicio Integrado de Seguridad ECU-911 se adscribe al Ministerio del Interior.