Anticonceptivos donados por EE.UU. serán incinerados en Francia tras rechazo de distribución a países pobres El Imparcial
FRANCIA.- Anticonceptivos financiados por Estados Unidos, con un valor estimado de 9.7 millones de dólares, están siendo trasladados desde Bélgica a Francia para ser incinerados, luego de que el gobierno estadounidense, bajo la administración de Donald Trump, rechazara ofertas de organizaciones internacionales para redistribuirlos a países en desarrollo.
Según Reuters, la carga incluye implantes, pastillas anticonceptivas y dispositivos intrauterinos, útiles para prevenir embarazos no deseados y con fechas de vencimiento que van de abril de 2027 a septiembre de 2031.
Los productos han permanecido almacenados durante meses en un almacén de la ciudad de Geel, en la provincia belga de Amberes, tras el congelamiento de la ayuda exterior estadounidense en enero.
La decisión de destruirlos le costará a EEUU unos 160 mil dólares, que serán destinados a una planta francesa especializada en el manejo de residuos médicos, según revelaron cuatro fuentes con conocimiento del operativo logístico.
Negativas a salvar el cargamento
Pese a los intentos de las Naciones Unidas y organizaciones de planificación familiar por adquirir los anticonceptivos, Washington se negó rotundamente.
Entre ellas, el Fondo de Población de las Naciones Unidas (UNFPA) y la ONG MSI Reproductive Choices ofrecieron asumir los costos de reempaque, transporte y aranceles de importación. No obstante, ambas propuestas fueron rechazadas.
“MSI se ofreció a pagar el reempaquetado, el envío y los aranceles de importación, pero no estaban dispuestos a hacerlo... Nos dijeron que el gobierno de Estados Unidos solo vendería los suministros a su valor total de mercado”, declaró Sarah Shaw, directora asociada de defensa de MSI, a la agencia Reuters.
Shaw acusó que la negativa no era económica, sino ideológica: “Claramente, no se trata de ahorrar dinero. Parece más bien un ataque ideológico a los derechos reproductivos, que ya perjudica a las mujeres”.
La política de la Ciudad de México, en el centro de la polémica
Fuentes cercanas al caso señalaron que la medida se justifica en la llamada “política de la Ciudad de México”, una iniciativa antiaborto reinstaurada por Trump al inicio de su mandato.
Este lineamiento prohíbe al gobierno estadounidense financiar a organizaciones que directa o indirectamente ofrezcan servicios de aborto.
El temor de que los anticonceptivos llegaran a entidades que también facilitan abortos habría sido determinante para frenar su redistribución, incluso pese a las garantías ofrecidas por los organismos internacionales.
El UNFPA evitó comentar sobre las negociaciones fallidas, mientras que el Departamento de Estado de EEUU tampoco respondió a las solicitudes de información sobre el destino de los anticonceptivos ni las gestiones para salvarlos de la destrucción.
Intentos legislativos y presión internacional insuficientes
En el Congreso estadounidense, legisladores introdujeron dos proyectos de ley este mes para impedir la incineración de los suministros.
Sin embargo, grupos humanitarios consideran que es improbable que dichas iniciativas se aprueben a tiempo para frenar el proceso logístico, que requerirá decenas de camiones y al menos dos semanas de traslado desde Bélgica hasta la planta incineradora en Francia.
El contratista Chemonics, responsable de la cadena de suministro del programa de planificación familiar de USAID, también declinó emitir declaraciones.
Por su parte, el Ministerio de Asuntos Exteriores belga aseguró haber explorado “todas las opciones posibles para evitar la destrucción, incluida la reubicación temporal”.
En un comunicado enviado a Reuters, reiteraron: “La salud sexual y reproductiva no debe estar sujeta a restricciones ideológicas”.
Te puede interesar: Píldora anticonceptiva y asma: ¿existe una relación?
Una pérdida global con consecuencias humanas
MSI advirtió que la destrucción de estos insumos puede derivar en un incremento de abortos inseguros, especialmente en países de África subsahariana que históricamente han dependido de los suministros de USAID para garantizar el acceso a anticonceptivos.
“Obstinados en destruir suministros médicos vitales, lo que genera costos adicionales para el contribuyente estadounidense”, denunció públicamente la organización este mes.
En un contexto político altamente polarizado en torno al aborto en Estados Unidos —acentuado tras el fallo de la Corte Suprema en 2022 que eliminó el derecho constitucional al procedimiento—, este caso se ha convertido en un símbolo del choque entre posturas ideológicas y necesidades sanitarias internacionales.
