El Supremo descarta prisión provisional para Bolsonaro pese a una "irregularidad" en sus medidas cautelares Infobae
El Tribunal Supremo de Brasil ha descartado aplicar prisión provisional al expresidente Jair Bolsonaro pese a cometer una "irregularidad aislada" relacionada con la prohibición de usar redes sociales, que se le impuso como parte de una serie de medidas cautelares por su supuesta responsabilidad en la financiación de una trama para entorpecer desde Estados Unidos su causa por golpe de Estado.
Después de que esta semana el equipo de Bolsonaro alegara que no había sido él quien accedió ni utilizó sus redes sociales, sino que fueron terceros a través de él, el juez encargado del caso, Alexandre de Moraes, ha dado por buenas estas alegaciones, descartando así que entrara en prisión.
No obstante, ha advertido de que si se produce una nueva infracción, "de manera inmediata" convertirá las medidas cautelares --uso de tobillera electrónica, prohibición de acercarse a embajadas y usar redes sociales-- en prisión preventiva.
De Moraes también ha respondido a la defensa que Bolsonaro no tiene prohibido conceder entrevistas ni participar en actos políticos, pero sí replicar aquellos mensajes en los se haga referencia a las mismas declaraciones y acciones por las que está siendo juzgado y que propiciaron estas medidas cautelares.
Así, el juez ha remarcado que se considerará una infracción de estas medidas si este tipo de contenido, "en clara coordinación" con Bolsonaro, se publica en cuentas de redes sociales de terceros para difundir desinformación.
"No se permitirá el uso de subterfugios para mantener la práctica de actividades delictivas, ni la instrumentalización de entrevistas o discursos públicos como "material prefabricado" para posteriores publicaciones en redes sociales de terceros previamente coordinado", ha explicado el juez, informa el portal G1.
La Policía registró la casa en Brasilia de Bolsonaro por su supuesta responsabilidad en la financiación de una trama en Estados Unidos para defender la aplicación de aranceles y sanciones contra autoridades del país, incluidos los jueces del Tribunal Supremo, a quienes Washington ha revocado sus visados.
Los investigadores sostienen que Bolsonaro ha utilizado hasta dos millones de reales (300.000 euros) para hacer campaña a través de su hijo, Eduardo, en Estados Unidos desde marzo, en favor de estas sanciones, en un momento en el que el presidente Donald Trump ha mostrado un inusitado interés por su situación judicial.
Mientras tanto, hace un par de semanas, la Fiscalía solicitó en sus alegaciones finales en el juicio por golpe de Estado que Bolsonaro sea declarado culpable, por lo que podría enfrentarse a penas de prisión de hasta 40 años, además de ser inhabilitado de manera indefinida para ostentar cargos públicos.
Bolsonaro y otras siete personas forman parte del llamado núcleo central de la trama golpista con la que pretendía mantenerse en el poder tras las elecciones de octubre de 2022. Están acusados de asociación criminal, intento de abolir de manera violenta el Estado de derecho, golpe de Estado y daños al patrimonio durante las protestas en las que se intentó tomar las instituciones el 8 de enero de 2023.
