“Es un simple golpe de Estado”: Petro tras decisión de la Corte sobre la reforma pensional aprobada por el Congreso Infobae
El presidente Gustavo Petro expresó su desacuerdo con la decisión de la Corte Constitucional de postergar el estudio de la reforma pensional.
A través de su cuenta en la red social X, el mandatario cuestionó la actuación del alto tribunal, particularmente la del presidente de la corporación, el magistrado Jorge Enrique Ibáñez, a quien señaló de oponerse a la entrada en vigor del nuevo sistema.
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“La ley se aprobó dos veces en el Congreso. Impedir su aplicación es un simple golpe de estado. Dudar de la palabra del presidente de la cámara de Representantes y del Presidente de la República es de una grosería inmensa. Pero como en toda ley hay cosas que ya se pueden hacer. Procedo a efectuarlo”, manifestó el jefe de Estado en una publicación.
El presidente señaló que, a pesar del aplazamiento de la Corte, algunos componentes de la reforma ya comenzaron a ejecutarse. En ese sentido, indicó que el bono pensional se amplía desde este año a personas mayores de 75 años en el caso de los hombres, y de 70 años en el de las mujeres, siempre que no estén vinculadas a un sistema pensional vigente.
“Hasta el momento era para mayores de 85 años. Y desde ya empieza la inscripción de todas las mujeres mayores de 62 años y de todos los hombres mayores de 65 años, que no tengan pensión y no estén registrados al DPS”, reiteró el mandatario nacional, al referirse al proceso de implementación de algunos artículos de la nueva ley.
Además, explicó que en el proyecto de presupuesto del próximo año ya se encuentra consignada la asignación de recursos necesarios para financiar esta política pública. En ese contexto, exigió que el nuevo modelo de protección a la vejez sea ejecutado sin más dilaciones, considerando que ya fue aprobado por ambas cámaras del Congreso.
Por su parte, el ministro del Interior, Armando Benedetti, también manifestó su preocupación frente a la decisión de la Corte. A través de su cuenta oficial en X, cuestionó directamente el papel del presidente de la Corte y planteó dudas sobre la motivación detrás del aplazamiento.
“¿cómo es posible que el magistrado Ibáñez ponga en duda lo que diga el presidente de la Cámara y altere el procedimiento de la revisión de una Ley que 3 millones de viejos y viejas están esperando? ¿Es que él no quiere que entre en vigencia la ley? ¿Hay una extralimitación de sus funciones? ¿Cuántas veces en la Corte había pasado esta dilación? ¿En ese auto hay más política que Ley?”, aseguró el jefe de la cartera política.
El presidente Petro ha insistido en que la ley fue tramitada conforme al procedimiento legislativo previsto, por lo cual, desde su perspectiva, no existen impedimentos para su puesta en marcha.
En su pronunciamiento, subrayó que ya se encuentran activas medidas para beneficiar a personas adultas mayores sin pensión, incluso si la implementación completa de la reforma todavía no ha sido autorizada por el alto tribunal.
El paquete de cambios aprobado por el Congreso contempla la transición hacia un sistema pensional mixto que combina un componente público, administrado por Colpensiones, con uno privado, operado por fondos individuales. La propuesta incluye la creación de un fondo denominado Colpensiones Solidario, a través del cual se canalizarán los aportes obligatorios de quienes devenguen hasta 2,3 salarios mínimos, mientras que los excedentes irán a fondos privados.
Según el gobierno, este nuevo esquema busca mejorar la cobertura pensional, especialmente en sectores donde el acceso al sistema ha sido históricamente limitado. En particular, el presidente Petro ha insistido en ampliar la protección a personas mayores que no han podido acceder a una pensión por haber trabajado en condiciones de informalidad o no haber cotizado el tiempo suficiente.
El trámite legislativo de la reforma fue concluido en el Congreso el pasado mes de junio, tras la aprobación en las comisiones conjuntas y posteriormente en las plenarias de Senado y Cámara. Sin embargo, la Corte Constitucional debe revisar la ley para garantizar que no contravenga principios fundamentales de la Carta Política antes de que se implemente plenamente.
El magistrado Jorge Enrique Ibáñez lidera el proceso de revisión en el alto tribunal. Su decisión de postergar el análisis del expediente ha generado reacciones dentro del Ejecutivo, especialmente por las implicaciones que puede tener sobre el cronograma de aplicación de la reforma.
