CURP biométrica: ¿protección o vigilancia sin control? Siete24.mx
Ciudad de México. — La aprobación de la CURP biométrica obligatoria y la creación de una Plataforma Única de Identidad generaron preocupación entre organizaciones de derechos digitales en México.
Aunque la medida busca reforzar los mecanismos de búsqueda de personas desaparecidas, especialistas advierten sobre los riesgos para la privacidad y el uso indebido de datos sensibles.
La Cámara de Diputados avaló las reformas a la Ley General en Materia de Desaparición Forzada y la Ley General de Población. En total, 438 diputadas y diputados votaron a favor en lo general, frente a 38 en contra. La iniciativa fue promovida por la presidenta Claudia Sheinbaum como una reforma de “urgente resolución”.
La nueva CURP integrará huellas dactilares, fotografía, nombre, sexo, nacionalidad y fecha de nacimiento. Será obligatoria para todas las personas mexicanas y extranjeras con estancia regular en el país.
La Plataforma Única de Identidad: utilidad y vigilancia
La Plataforma Única de Identidad permitirá a las autoridades consultar datos biométricos para identificar personas desaparecidas. Lo anterior a través de registros forenses, bases administrativas y servicios de salud, educación y telecomunicaciones.
Organismos como la Red en Defensa de los Derechos Digitales (R3D) advirtieron que este sistema puede abrir la puerta a la vigilancia masiva y la centralización de datos sin controles efectivos. Señalaron la necesidad de regulaciones más estrictas para proteger la integridad de la información recolectada.
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“Estamos ante una infraestructura tecnológica que, sin las debidas salvaguardas, puede ser usada para fines no previstos por la ley”, advirtió la R3D en un comunicado reciente. También alertaron sobre la falta de transparencia en el uso de datos biométricos y la ausencia de auditorías públicas independientes.
¿Qué se hará con los datos biométricos?
La Secretaría de Gobernación integrará los datos biométricos a la CURP, en coordinación con autoridades estatales y municipales. Por ley, el acceso a la plataforma estará limitado a instituciones con autorización del Ministerio Público.
El sistema generará alertas automáticas sobre personas desaparecidas. Para ello, se cruzarán registros forenses, expedientes de salud y datos migratorios. La herramienta también buscará cuerpos en cementerios, crematorios y panteones mediante una obligación de registro digital de restos humanos, que los gobiernos locales deberán implementar en un plazo de 180 días.
Críticas desde la sociedad civil
Diversas organizaciones civiles cuestionaron la falta de debate público previo y la rapidez con que se aprobó la iniciativa. Pidieron revisar el enfoque de seguridad nacional sobre los datos personales y exigieron límites claros sobre quién accede a la información y para qué fines.
Expertos del Centro de Estudios en Derecho, Internet y Sociedad (CEDIS) advirtieron que, sin controles adecuados, el sistema puede resultar en discriminación, perfiles falsos y abusos de autoridad. Además, subrayaron que el principio de minimización de datos no se respetó en la reforma, al ampliar el número de datos obligatorios sin justificación técnica clara.
Entre tecnología y derechos humanos
Aunque el gobierno sostiene que la CURP biométrica será útil para acelerar la localización de personas desaparecidas, la falta de garantías robustas plantea preguntas sobre su compatibilidad con los derechos humanos y la protección de la privacidad.
La ley establece multas de hasta 20 mil veces la UMA por el uso indebido de datos o la obstrucción al acceso legal a los registros. Sin embargo, organizaciones defensoras de derechos digitales insisten en que la prevención del abuso es preferible a la sanción posterior.
En un país donde más de 100 mil personas están desaparecidas, los mecanismos tecnológicos pueden jugar un papel relevante. Pero el debate sobre el equilibrio entre seguridad, eficacia estatal y libertades individuales apenas comienza.
JAHA
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