Alias el Costeño buscaría un preacuerdo con la Fiscalía para obtener beneficios a cambio de información sobre el atentado contra Miguel Uribe Infobae
El 5 de julio de 2025, las autoridades capturaron a Elder José Arteaga Hernández, alias el Costeño, señalado de ser el articulador del ataque sicarial contra el senador del Centro Democrático y precandidato presidencial Miguel Uribe Turbay.
Después de su detención, la Fiscalía General de la Nación habilitó una audiencia para iniciar el proceso de imputación de cargos por tentativa de homicidio agravado, fabricación, tráfico y porte de armas de fuego agravado, concierto para delinquir agravado y utilización de menores para cometer delito.
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En la diligencia, los investigadores reconstruyeron los hechos en los que participó alias el Costeño, que registra un historial delictivo de más de 20 años y estaría explorando la posibilidad de convertirse en colaborador judicial.
El interés de Arteaga en negociar con la justicia no se limita al intento de homicidio contra el senador Uribe Turbay ocurrido el 7 de junio de 2025 en el occidente de Bogotá. Según la información obtenida por El Tiempo, el presunto cabecilla estaría dispuesto a entregar datos sobre los autores materiales e intermediarios involucrados en ese atentado, así como a revelar detalles de otros hechos violentos registrados en Medellín, Barranquilla y la capital del país. A cambio, busca beneficios judiciales y garantías de seguridad para su familia, incluyendo la opción de solicitar asilo internacional.
La figura que se estudia es la de un preacuerdo, aun en fase inicial y bajo estricta reserva. Una alta fuente judicial explicó que “lo que se está explorando sería una figura de preacuerdo. Él mismo habría manifestado su interés de entregar información sensible que permitiría ampliar las investigaciones”.
De concretarse, la colaboración de alias el Costeño podría abarcar no solo el caso del senador Uribe Turbay, también otros procesos en su contra, que se unificarían bajo la figura de conexidad procesal.
Entre los beneficios que busca el presunto articulador del crimen organizado urbano en Bogotá se encuentran una rebaja significativa de pena, la unificación de procesos y medidas de protección para sus allegados.
Por su parte, el ente acusador evalúa nuevas imputaciones, entre ellas tentativa de homicidio, hurto calificado y concierto para delinquir. Si el preacuerdo se formaliza, estas conductas quedarían incluidas en una sola investigación, lo que abriría la puerta a que se le considere para eventuales beneficios judiciales, siempre que cumpla con las condiciones exigidas.
Mientras se define si Arteaga Hernández logra un acuerdo con la Fiscalía, el ente acusador llamó a juicio al adolescente acusado de ser el autor material del atentado contra Miguel Uribe Turbay. La acusación fue presentada ante el Centro de Servicios Judiciales para adolescentes, instancia encargada de tramitar procesos penales cuando están involucrados ciudadanos menores de edad.
Las indagaciones lideradas por la Fiscalía permitieron establecer que el menor habría sido instrumentalizado por una red criminal dedicada a planear y ejecutar ataques de sicariato y otras conductas delictivas en la ciudad de Bogotá.
El expediente judicial detalló elementos probatorios que ubican al adolescente como la persona que, siguiendo instrucciones de adultos involucrados en el caso, se acercó a Miguel Uribe Turbay y detonó un arma de fuego en contra de su integridad. De acuerdo con los informes recabados durante la investigación, el adolescente actuó bajo presuntas presiones y promesas de recompensas económicas.
En el desarrollo del caso, la Fiscalía priorizó la recolección de testimonios, videos de cámaras de seguridad y comunicaciones interceptadas, que, según los investigadores, permiten situar temporal y geográficamente al adolescente en la escena del atentado. Además, se analizó el contexto de vulnerabilidad del menor, su entorno familiar y social, así como el círculo de adultos responsables de haber ideado y dirigido el hecho criminal.
