Se agrava el conflicto pesquero: aprietes entre sindicatos, amenazas de muerte y allanamientos Infobae

El conflicto en torno de la pesca del langostino escaló en las últimas horas, con dos sindicatos de marinería, el de Obreros Marítimos Unidos (SOMU) y el Marítimo de Pescadores (Simape, que agrupa a los marineros marplatenses), repudiando frente a su sede en Mar del Plata a un tercer gremio, el de Capitanes de Pesca, amenazas de muerte a trabajadores de una empresa pesquera en Puerto Madryn y, ya en la tarde del viernes, allanamientos por parte de las fuerzas de seguridad de Chubut tras la identificación del teléfono y el lugar desde donde habían partido las amenazas.

El secretario de Pesca de Chubut, Andrés Arbeletche, difundió la captura de pantalla de la amenaza recibida por algunos marineros. La amenaza, decía, en extraño lenguaje, “más vale que no firmes mañana, porque no pisás más Madryn. Acordate, te conviene, porque no vas a poder bajar del barco, hay una bala para vos”. Y se acompañaba de la imagen de un arma de fuego.

Amenazas

“Podrán discutirse cuestiones laborales, aplicación o no de cláusulas, pero nadie puede mediante amenazas decirle a un trabajador que no puede trabajar. Amenazar de muerte a un laburante es traspasar todo límite. Entiendo que la denuncia penal está en curso y ya hay avances”, posteó Arbeletche en la red social X.

“Repudiamos enérgicamente la violencia y extorsión recibida por los marineros que han manifestado su voluntad de trabajar y suscribir acuerdos particulares con las empresas del sector. Estas empresas han puesto toda su capacidad a disposición para iniciar la temporada de pesca de langostino en aguas nacionales", expresó por su parte un comunicado de “Intercámaras de la Industria Pesquera Argentina”.

“La violencia y la intimidación no son el camino para lograr la paz social ni para fomentar el trabajo argentino. La libertad de trabajar y de acordar condiciones laborales de manera voluntaria y consensuada es fundamental para el desarrollo de cualquier industria”, dice el texto suscripto por la Cámara de Armadores Pesqueros y Congeladores de la República Argentina (Capeca, la de Armadores Poteros Argentinos (CAPA); la de la Industria Pesquera Argentina (Caipa); la Argentina de Armadores de Buques Pesquerose de Altura (Caapbpa); la Asociación de Embarcaciones de Pesca Costera (Aepcyf), la Unión de Intereses Pesqueros Argentinos (Udipa); la Cámara Argentina Patagónica de Industrias Pesqueras (Capip), el Consejo de Empresas Pesqueras Argentinas (CEPA), y la Cámara de Frigoríficos Exportadores de da Pesca (Cafrexport).

En la tarde de ayer, con autorización judicial y la intervención de la jueza Patricia Reyes y de María Cárcamo, funcionaria del Ministerio Púbico Fiscal, la División de Investigación de Puerto Madryn de la Policía de Chubut realizó dos allanamientos a raíz de las denuncias de cuatro marineros que estaban dispuestos a firmar contrato con Conarpesa, pesquera del empresario Fernando Álvarez Castellano, en base a acuerdos particulares de producción, al margen del Convenio Colectivo de Trabajo (CCT) vigente. En uno de ellos se secuestró un celular que podría llevar al origen de las amenazas.

Qué dicen los sindicatos de marineros

SOMU, cuyo secretario general, Raúl Durdos, está alineado con los Moyano, y Simape, se niegan a adaptar el CCT. “Nos encontramos con que las empresas convocaron a la gente para persuadirlos de firmar contratos entre partes individuales. No hay nada legal que firmar. Lo único legal es lo que firmaron las entidades sindicales”, advirtió Oscar Bravo, del SOMU.

Pablo Trueba, secretario del Simape dijo que el acuerdo salarial ya se había firmado y ratificado en la Secretaria de Trabajo, con aumentos sobre los básicos y garantía de no reducir los niveles salariales. “La paritaria fue cerrada, se levantaron las medidas de fuerza y los barcos de la flota congeladora deberían estar trabajando. No hay motivo para dilatar las zarpadas ni para intentar imponer condiciones unilaterales, mucho menos por fuera de los gremios”, sentenció.

En verdad, el acuerdo fue sobre los básicos de convenio, la parte fija que cobran los marineros, no sobre los ítems de “producción”, que conforman el grueso de sus ingresos. Trueba acusó a las empresas de intentar “romper la paz social” y advirtió: “si algo sucede en el puerto de Mar del Plata, los culpables son ellos”.

SOMU y Simape lograron, eso sí, un acuerdo firmado también ayer con la empresa Buenos Aires Pesca SA, para salir de pesca, en el marco del CCT vigente, con los buques San Juan B y Pedrito, en base a un esquema de pago transitorio, hasta el 30 de septiembre, buscando romper lo que creen un acuerdo tácito entre las cámaras langostineras Capip y Capeca.

Los buques congeladores “tangoneros” (dedicados a la pesca de langostino) ya llevan diez meses amarrados, aunque el conflicto en sí se inició hace 120 días, cuando debía iniciarse la actual campaña. Implica 113 barcos parados y las cámaras y empresas del sector que habían decidido iniciar la zafra el próximo 23 de julio a partir de acuerdos particulares con los marineros que aceptaran valores “de producción” diferentes al Convenio Colectivo de Trabajo (CCT) vigente desde 2005, evaluando por estas horas si exponerse y exponer sus tripulaciones a un clima de aprietes y amenazas cada vez más espeso.

Sin garantías de seguridad

“No están dadas las garantías para salir a pescar con acuerdos particulares. Amenazan a nuestros trabajadores. Conarpesa (la empresa que intentó salir el jueves y no pudo hacerlo porque, ante las amenazas, los marineros que habían dado su acuerdo dieron marcha atrás) lo intentó antes y no pudo. Y SOMU y Simape lo festejan como un triunfo”, dijeron a Infobae desde una de las cámaras pesqueras involucradas en el conflicto que ya costó al menos USD 200 millones en pérdida de exportaciones, amén de pérdidas millonarias de ingreso en pesos para unas 5.000 familias de marineros, maquinistas y capitanes de pesca.

Tanto el Sindicato de Capitanes, a fines de junio, como el de maquinistas, a principios de julio, aceptaron adecuar los valores “de producción”, que aportan el grueso de las remuneraciones del sector. Estos se basaban en un valor del kilo de langostino de USD 12, el precio internacional que regía en 2005, cuando se firmaron los convenios, pero en la actualidad el precio del “langostino salvaje” que exporta la Argentina es inferior a USD 6 por kilo, debido a un mercado internacional que nunca se recuperó del todo tras la pandemia y en el que pesa cada vez más el “langostino vannamei”, de cultivo.

Las empresas langostineras dicen que el costo de la tripulación ya llegó al 60% del total y que no adecuar los valores implica trabajar a pérdida. Capitanes y Maquinistas aceptaron la adecuación, pero los de marineros, que aportan el 80% de la tripulación de un buque pesquero, la rechazan y acusan a las empresas de “lock out” patronal y denunciar unilateralmente el Convenio Colectivo vigente.

Una voz crítica del sector apuntó en cambio que así como en la agricultura puede haber, en un mismo año, malos resultados en un cultivo que se compensan con los buenos de otros, las empresas pesqueras, que la llevan mal con el langostino, tuvieron este año excelentes resultados con el calamar.

Las empresas pesqueras insisten en que el actual convenio colectivo es “inviable”. El rechazo del SOMU y el Simape a actualizarlo, dicen, “desprotege a quienes más dependen de esta actividad”. Según sus cálculos, un marinero podría estar percibiendo ingresos por $10 millones brutos mensuales, “en base a parámetros realistas de productividad”, pero al no haber actividad está percibiendo solo el salario básico, cercano a los $ 600.000 mensuales para un marinero sin antiguedad.

Según una propuesta que las Cámaras presentaron a principios de junio en la Secretaría de Trabajo de la Nación, ámbito en que la creación de una “Mesa de Trabajo” no logró destrabar el conflicto, el impacto de la readecuación del Convenio “recaería sobre salarios que, en la base de su escala, significan $86,4 millones brutos anuales”. Se trata de trabajadores, dice el documento, ubicados en el 5% superior de la pirámide de ingresos de la Argentina", producto –enfatiza- “de un promedio de entre 5 y 7 meses de trabajo efectivo anual”