Denuncia del Congreso a Delia Espinoza, pone en riesgo la independencia del Ministerio Público, según relatora de la ONU Infobae
La decisión de la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales del Congreso de la República de admitir a trámite una denuncia contra la fiscal de la Nación, Delia Espinoza, ha traído repercusión en el ámbito internacional. Por ejemplo, la relatora Especial de las Naciones Unidas sobre la independencia de magistrados y abogados, Margaret Satterthwaite, expresó su preocupación por el intento del Parlamento de reorganizar el Ministerio Público, mediante la destitución de sus máximas autoridades.
“Estas acciones podrían poner en grave riesgo la independencia del Ministerio Público, incluyendo garantías de autonomía institucional, estabilidad en el cargo y protección frente a interferencias políticas”, indicó la especialista, por medio de su cuenta oficial de Twitter/X.
¿Qué se aprobó en el Congreso?
Con 11 votos a favor, cero en contra y dos abstenciones, la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales (SAC) admitió a trámite el informe que declara procedente la denuncia contra la fiscal de la Nación, por encubrimiento personal y presunto cohecho activo específico. Este caso pasará a la Comisión Permanente del Parlamento. De esta manera, se brindará el plazo de 15 días para que se inicie la elaboración del informe. La sanción sería de 10 años para ejercer cargos públicos en cualquier institución del Estado.
Renovación Popular presentó esta denuncia con el objetivo de acusar a la titular del Ministerio Público por un supuesto intercambio de favor con el fiscal supremo Pablo Sánchez. Presuntamente, Espinoza le habría ofrecido archivar una investigación en su contra a cambio de que votara por ella para ser elegida en su cargo.
En total, la medida se aprobó con el apoyo de las bancadas de Honor y Democracia, Fuerza Popular, Acción Popular, Renovación Popular, Perú Libre, Podemos Perú, Bloque Magisterial y Alianza para el Progreso (APP).
Control sobre el Ministerio Público
En el Congreso de la República, siete proyectos de ley actualmente impulsados por diferentes bancadas buscan declarar en emergencia el Ministerio Público, una entidad clave para la administración de justicia en el país. De esta manera, disponen el cese de la alta dirección fiscal. La propuesta más reciente, presentado por el legislador Américo Gonza, de la bancada de Perú Libre, el 17 de junio, plantea cambios estructurales en la configuración institucional.
La iniciativa del legislador propone una reforma constitucional orientada a la remoción de todos los fiscales supremos, tanto titulares, provisionales, como adjuntos, con el objetivo de nombrar una Junta Transitoria que asuma el control del organismo de manera temporal. Entre los congresistas que han dado respaldo a este planteamiento figuran Waldemar Cerrón, María Agüero, Flavio Cruz y Segundo Montalvo, todos miembros del grupo parlamentario de Perú Libre. Con este proyecto, la ofensiva legislativa para reorganizar el Ministerio Público suma siete propuestas presentadas en el actual periodo parlamentario.
La iniciativa ingresó formalmente al Legislativo bajo el título ‘Ley de Reforma Constitucional que declara la reorganización del Ministerio Público’ y establece una situación de emergencia institucional por un periodo de seis meses. Durante ese tiempo, el documento dispone el relevo de la titular de la Fiscalía, Delia Espinoza, y de la totalidad de la Junta de Fiscales Supremos, abriendo paso a la instauración de una dirigencia transitoria mientras avanza el proceso de reforma estructural.
