Una nueva orientación para la Defensa Nacional Infobae

En un contexto global de amenazas en constante evolución, la República Argentina atraviesa un cambio paradigmático en su política de defensa. La reciente implementación de la Operación Roca, la nueva reglamentación de la Ley de Defensa Nacional mediante el Decreto N.º 1112/2024, el Decreto N.º 1107/2024 sobre objetivos de valor estratégico, entre otras iniciativas relevantes, reflejan la consolidación de una nueva visión de la defensa liderada por el ministro de Defensa, Luis Petri.

La operación Roca no solo constituye un hito en tanto se emplean las Fuerzas Armadas para realizar vigilancia y control en la zona de seguridad de fronteras —específicamente en la región norte del país—, sino que también simboliza una transición profunda en la concepción del rol militar en la protección de nuestra soberanía.

Durante casi dos décadas, la política de defensa nacional estuvo marcada por un enfoque restrictivo impulsado durante la gestión de Nilda Garré, ministra de Defensa y luego de Seguridad. Su política, materializada en el Decreto N.º 727/2006, limitó el accionar de las Fuerzas Armadas exclusivamente a conflictos interestatales, ignorando peligros emergentes como organizaciones transnacionales y el terrorismo.

A través de una visión ideológica restrictiva y una interpretación parcial de la memoria histórica —enfocada únicamente en la vertiente terrorista de los 70— se relegó a las Fuerzas Armadas a un papel meramente testimonial. Su subordinación se acentuó hacia políticas centradas exclusivamente en derechos humanos, perspectivas de género y actos de memoria, sin considerar la integralidad histórica a la que llamamos memoria completa.

Además, este proceso de invisibilización incluyó una persecución, como lo fue el caso del grupo creado en el ámbito del ministerio de defensa, con acceso irrestricto a todos los antecedentes del personal militar, y que involucró revisiones discrecionales de legajos de personal militar con portación de apellido, hasta operaciones políticas en medios de comunicación oficialistas, actuando como un organismo para judicial, que sirvió para la industria de los juicios de derechos humanos llevados a cabo durante esas dos décadas.

Dentro de la doctrina Garré, resulta llamativo que se haya omitido por completo una dimensión central de las amenazas contemporáneas: el accionar de actores no estatales con capacidad de infligir daño masivo en el territorio nacional. Tal enfoque parece ignorar que la República Argentina fue blanco de dos atentados terroristas de alto impacto, ejecutados por estructuras clandestinas transnacionales. El primero fue el atentado contra la Embajada de Israel en Buenos Aires, perpetrado el 17 de marzo de 1992, que provocó 22 muertos y más de 200 heridos. El segundo, y más letal, fue el ataque a la sede de la AMIA, ocurrido el 18 de julio de 1994, que dejó un saldo de 85 víctimas fatales y más de 300 personas heridas. Ambos hechos fueron reconocidos internacionalmente como actos de terrorismo internacional, con participación de organizaciones no estatales con respaldo externo. La omisión de estos antecedentes en la construcción doctrinaria no solo resulta históricamente incompleta, sino estratégicamente riesgosa, al subestimar el potencial destructivo de actores irregulares que operan por fuera de las estructuras convencionales de los Estados.

También se omitió intencionalmente la vigencia de la normativa estructural como el Decreto-Ley N.º 15.385/1944, que regula la constitución de las Zonas de Seguridad de Fronteras y habilita al ministerio de defensa a reforzarlas con elementos de las fuerzas armadas.

La doctrina Petri representa el abandono definitivo de la tradición pasiva, reactiva y doctrinalmente limitada de los últimos 20 años. Se propone un modelo activo, flexible y estratégico, que reconoce la naturaleza transfronteriza de amenazas como el narcotráfico, el contrabando y las redes criminales organizadas o el terrorismo.

En este esquema, la cooperación interinstitucional con el Ministerio de Seguridad Nacional se refuerza en la protección de objetivos de valor estratégico, la vigilancia del espacio aéreo, marítimo, y terrestre, con énfasis en el control de las Zonas de Seguridad de Fronteras, restaurando así el papel de las Fuerzas Armadas como actor esencial en la protección integral del territorio.

Es relevante mencionar que la Organización de las Naciones Unidas (ONU) reconoce que la agresión externa puede originarse tanto en Estados como en grupos armados irregulares o bandas mercenarias, consolidando un marco jurídico internacional que habilita respuestas estatales estructuradas.

Lejos de una defensa estática, este paradigma impulsa una estrategia preventiva, inteligente y dinámica, apoyada en el uso intensivo de tecnologías avanzadas —drones, radares móviles, patrullaje aéreo, imágenes satelitales y operaciones conjuntas con países vecinos— como instrumentos clave para proteger el territorio.

La Operación Roca y el fortalecimiento del Plan Güemes ilustran con claridad este modelo: la presencia sostenida de efectivos militares en terreno, en coordinación con fuerzas de seguridad federales y provinciales, apunta a desalentar las amenazas complejas desde su base territorial.

Este enfoque se alinea con experiencias internacionales contemporáneas, incluyendo las adoptadas por Estados Unidos, país considerado aliado estratégico de la Argentina, conforme a los lineamientos de política exterior establecidos por el presidente Javier Milei.

En junio de 2025, el presidente Donald J. Trump ordenó el despliegue de 4.000 efectivos de la Guardia Nacional y 700 infantes de marina en la ciudad de Los Ángeles, en respuesta a protestas derivadas de operativos migratorios. La operación, coordinada por la Joint Task Force 51, tuvo por finalidad resguardar instalaciones federales y proteger al personal de las agencias nacionales durante acciones de control migratorio.

Asimismo, en la frontera sur, el mismo gobierno dispuso la movilización de al menos 2.200 tropas activas y 1.500 adicionales, incluyendo unidades del Cuerpo de Marines, en zonas designadas como National Defense Areas, localizadas en Texas y Nuevo México. Estas acciones apuntaron a prevenir el ingreso irregular de personas, reforzar infraestructuras críticas y apoyar a la Patrulla Fronteriza de los Estados Unidos (CBP) mediante funciones logísticas, tecnológicas y de vigilancia aérea.

En Brasil, país limítrofe con la Argentina, las Fuerzas Armadas participan activamente en la vigilancia de la Amazonía y el control de fronteras a través de la Operación Ágata, en el marco del Sistema Integrado de Monitoreo de Fronteras (SISFRON).

En Chile, las Fuerzas Armadas han sido desplegadas en la denominada Macrozona Norte, principalmente en sectores fronterizos con Bolivia y Perú, con el objetivo de contrarrestar el contrabando y el tránsito irregular.

En Paraguay y Bolivia, también se emplean unidades militares en tareas de patrullaje y control territorial frente a la expansión del narcotráfico y el crimen organizado en áreas limítrofes de difícil acceso.

Estos ejemplos evidencian que la participación militar en funciones de vigilancia y control territorial es plenamente compatible con los sistemas democráticos modernos, y que, frente a amenazas transnacionales, las Fuerzas Armadas disponen de capacidades únicas de despliegue, logística y disuasión que resultan fundamentales para garantizar la seguridad nacional.

La doctrina Petri representa un cambio paradigmático en la estrategia de defensa nacional, superando las restricciones impuestas por la doctrina Garré y restituyendo a las Fuerzas Armadas un rol activo, moderno y central en la protección de la soberanía. Este nuevo modelo se basa en un enfoque tecnológico, interoperable y articulado, en línea con las mejores prácticas internacionales, capaz de responder a las amenazas dinámicas del siglo XXI.

Además del rediseño doctrinario y funcional, este proceso se acompaña de una estrategia de reequipamiento de las capacidades militares nacionales, que incluye la adquisición de sistemas de armas de última generación, como los cazabombarderos polivalentes F-16 Fighting Falcon y los vehículos blindados Stryker 8x8, fundamentales para fortalecer la capacidad disuasiva y de despliegue de nuestras Fuerzas.

Pero quizás uno de los aspectos más trascendentales de esta transformación es la reconstrucción del vínculo entre las Fuerzas Armadas y la sociedad argentina, deliberadamente dañado durante años por una política ideologizada que buscó demonizar a la institución militar, debilitando su legitimidad ante la ciudadanía. La doctrina Petri propone un reencuentro entre las fuerzas armadas y la ciudadanía mediante una presencia visible, profesional y comprometida con la defensa de los intereses nacionales, pero también con sus misiones subsidiarias en apoyo a la comunidad y ante catástrofes naturales conforme al mandato legal vigente.

En definitiva, la defensa nacional ya no puede pensarse como una estructura pasiva ni ajena al desarrollo de la Nación. Requiere liderazgo firme, visión estratégica, equipamiento adecuado y legitimidad social. La doctrina Petri aspira a consolidar esas condiciones como pilares estructurales del sistema de defensa argentino del siglo XXI, de cara a las amenazas por venir y dejando de pensar en una guerra que pasó.