Paloma Valencia calificó de “toma hostil” la medida cautelar impuesta a Colsubsidio, tras hallazgo de irregularidades: “Destructivo” Infobae
La Superintendencia Nacional de Salud impuso una medida cautelar a Colsubsidio, que suministra medicamentos a afiliados de las EPS Sura y Famisanar, tras identificar irregularidades en la dispensación de los fármacos. La entidad de inspección y vigilancia encontró medicamentos almacenados, los cuales no fueron entregados a los usuarios por supuesta falta de abastecimiento en los puntos de dispensación.
En consecuencia, como medida cautelar, la entidad ordenó a Colsubsidio garantizar la entrega efectiva de medicamentos contratados con Famisanar EPS y evitar cualquier acción que ponga en riesgo la vida o integridad de los pacientes afiliados.
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También se refirió al anuncio del gestor farmacéutico de la finalización del contrato con Famisanar, indicando que no puede cerrar establecimientos que atienden a usuarios de la EPS hasta el 1 de septiembre de 2025, fecha de finalización del periodo de transición informado por la EPS, durante el cual Colsubsidio deberá resolver los pendientes generados en la vigencia del contrato.
La crítica de Paloma Valencia a la medida de la Superintendencia
La senadora y precandidata presidencial Paloma Valencia se pronunció al respecto a través de su cuenta de X, calificando la decisión de la Superintendencia Nacional de Salud como una “toma hostil”. Además, auguró consecuencias nefastas para el sistema de salud, sin proporcionar argumentos ni pruebas para ello.
De igual manera, señaló al Gobierno nacional, en cabeza del presidente Gustavo Petro, de afectar el sistema, algo que ha hecho en reiteradas ocasiones basándose en el incremento de quejas de los usuarios de las EPS intervenidas por la Superintendencia. Pues, la población está enfrentando trabas para acceder a citas médicas, exámenes, procedimientos y medicamentos.
“Muy grave Petro inicia la toma hostil del sistema de salud. Nos llevará a una crisis sanitaria. Es un gobierno irresponsable y destructivo”, aseveró.
Por otro lado, el presidente Gustavo Petro defendió las acciones de la entidad en respuesta a los hallazgos que demostrarían anomalías en el manejo de los medicamentos. Aseguró que los fármacos están siendo acaparados por el gestor farmacéutico e instó a la Fiscalía General de la Nación a investigar los hechos.
“Acaparando medicamentos, lo cual es un crimen de lesa Humanidad señora @FiscaliaCol y señores de @Colsubsidio_Ofi”, escribió el primer mandatario.
Los hallazgos de la Superintendencia
Los medicamentos presuntamente acaparados por Colsubsidio fueron encontrados por funcionarios de la Superintendencia que realizaron una auditoría simultánea el 14 de julio de 2025 a los establecimientos farmacéuticos del gestor ubicados en Plaza Central y su Centro de Distribución de Medicamentos (Cedi) en Funza.
Durante la inspección, el equipo técnico de la delegatura para gestores farmacéuticos y el superintendente Nacional de Salud, Giovanny Rubiano García, revisaron la disponibilidad de 27 medicamentos preseleccionados para enfermedades como cáncer, artritis reumatoide, diabetes, epilepsia e inmunosupresión.
Al comparar el inventario del Cedi con los medicamentos pendientes de entrega en Plaza Central, se encontró que 10 de esos fármacos tenían existencia, aunque figuraban como pendientes para los afiliados de las EPS con las que Colsubsidio tiene contratos.
En general, los funcionarios de la entidad encontraron un total de 11.855 unidades de medicamentos almacenados que aparecen en el listado de pendientes en los establecimientos auditados. También detectaron inconsistencias entre el inventario físico y los datos del sistema de información, y la ausencia de unidades en 10 de los 27 medicamentos preseleccionados para tratar el cáncer, la enfermedad renal crónica, los trasplantes y la diabetes. Esto representa el 37% de los medicamentos auditados sin disponibilidad en el Cedi.
Por este motivo, la Superintendencia emitió una orden administrativa que obliga a Colsubsidio a entregar las medicinas en un plazo de 48 horas hábiles a partir de la notificación.
El superintendente Rubiano García recordó que la salud es un derecho fundamental y que “la inoportunidad en la dispensación de medicamentos deriva en la interrupción de tratamientos médicos, especialmente en pacientes crónicos”.
