Robaron la voz de Gokú: INE y el uso irresponsable de la IA; Dinamarca como ejemplo SDP Noticias

A propósito del sueño mexicano de ser y superar a Dinamarca, el caso del INE frente al uso y abuso de la inteligencia artificial (IA) es una oportunidad valiosa para que la presidenta Claudia Sheinbaum envíe una iniciativa preferente al Congreso para proteger los elementos personales como la voz, el rostro y hasta el cuerpo para que no puedan ser clonados tecnológicamente sin consentimiento, en el mismo sentido en que Dinamarca ya legisla.

La IA ya no es solo una herramienta de futuro, su democratización mediante plataformas accesibles está aquí, generando contenido, desplazando trabajos, creando imágenes falsas y... robando voces. Acabamos de ser testigos de un caso que raya en lo absurdo, lo ilegal y lo profundamente inmoral. El Instituto Nacional Electoral (INE), órgano supuestamente garante de la legalidad y la confianza ciudadana, decidió utilizar una voz generada con inteligencia artificial que imita a José “Pepe” Lavat —el inolvidable narrador de Dragon Ball Z— para un video institucional. Pepe falleció en 2018. No se pidió autorización. No hubo contrato. No se informó a su familia. Solo se pirateó su identidad sonora.

Con total ligereza, el INE subió a TikTok un video donde se escucha una voz artificial diciendo: “Venimos a agradecerte… gracias por salir a votar”. Dicen que no es la voz de alguien específico y que solo fue la IA usada por recortes presupuestales la que ofreció ese resultado, pero suenan idéntico. Los fans, los actores de doblaje y la familia del propio Lavat no tardaron en reaccionar. Su viuda, Gisela Casillas, denunció públicamente el uso indebido, recordando que posee los derechos sobre su voz pero la Ley solo protege el material ya existente, grabado por él, y que “clonar una voz también es un robo” aunque en realidad, una nueva creación tecnológica no está protegida más que la obra directa del actor de locución.

Desde el gremio de locutores y actores se convocó a una protesta frente al Monumento a la Revolución para exigir que se respete la voz como parte de la identidad personal. Y con razón: ¿quién puede autorizar que se use tu voz después de muerto? ¿En qué momento decidimos que las instituciones del Estado pueden apropiarse de las identidades para fines propagandísticos?

El problema es que el uso de la voz, aunque sea con fines de propaganda oficial aparentemente nobles, es un dato personal que identifica a las personas y que es utilizado por bancos, inclusive, para firmar acuerdos telefónicos como esa frase que todos los usuarios de Santander podrán recordar, que dice “En banco Santander, mi voz es mi firma”.

Este uso es el síntoma de un vacío legal. En México, la regulación sobre identidad digital, voz sintética, clonación mediante IA y derechos de imagen sigue siendo prácticamente inexistente. Mientras tanto, los deepfakes —contenido audiovisual manipulado que simula ser real— proliferan, afectando a figuras públicas, periodistas, activistas, mujeres víctimas de violencia digital y ahora, incluso, a voces que ya no están entre nosotros.

Desde hace un tiempo surgió el debate acerca de los Derechos póstumos, pues una parte de juristas afirman qué con la muerte, se termina toda titularidad de derechos porque se acaba la capacidad de goce y de ejercicio, es decir, aquella persona ya no existe en el plano jurídico y no puede por lógica ejercer sus derechos. Otra ala de abogados, entre la que me identifico, sostiene que al terminar la vida, surge una categoría distinta en la que elementos como la memoria, la imagen o el cuerpo como cadáver tiene una protección particular, en la que la persona fallecida sigue siendo titular de derechos que pueden ejercitarse mediante su albacea durante la sucesión o familiares y herederos. Un derecho que protege cosas como que un cuerpo no sea exhumado, no sea violado ni fotografiado o que cosas como la historia del fallecido, su imagen y su memoria puedan ser respetados. En una argumentación como esta es que se logró la Ley Ingrid que protege a las víctimas de feminicidio de la difusión de sus fotografías en escenas del crimen.

Dinamarca, por ejemplo, ha dado un paso histórico al proponer una reforma legal que reconoce que el rostro, la voz y los rasgos corporales son parte del derecho de autor de cada persona. De aprobarse —como todo indica que sucederá, dada la mayoría parlamentaria que respalda la iniciativa—, los ciudadanos daneses tendrán derecho a exigir la eliminación de cualquier contenido deepfake que simule su identidad sin consentimiento. El incumplimiento generará indemnización.

El ministro de Cultura danés, Jakob Engel-Schmidt, ha sido muy claro: “Los seres humanos pueden ser procesados digitalmente y utilizados indebidamente para todo tipo de fines, y no estoy dispuesto a aceptarlo”. Su mensaje es claro: si una tecnología puede dañar derechos fundamentales, entonces debe ser regulada.

En contraste, en México, el INE —sí, la institución que debería protegernos de abusos electorales y garantizar procesos democráticos— actúa como si el cuerpo y la voz fueran archivos públicos disponibles en línea. ¿Es esto ético? ¿Es legal? ¿Es constitucional? La respuesta es no. Estamos ante una omisión legislativa que pone en riesgo la integridad de todas las personas, especialmente figuras públicas, mujeres víctimas de violencia digital, periodistas, activistas y menores de edad.

Las tecnologías avanzan más rápido que nuestras leyes, pero eso no justifica la irresponsabilidad. En lugar de usar IA como una oportunidad para reducir costos sin criterio, las instituciones deberían ser las primeras en marcar límites éticos y legales. Lo que hoy ocurrió con Pepe Lavat podría mañana pasar con cualquier otro actor, comunicador o ciudadano. No es exageración: en un país donde las voces se falsifican, las caras se replican y las palabras se manipulan, proteger la identidad se convierte en un derecho humano urgente.

La presidenta se ha pronunciado en favor del gremio de doblaje y tiene mayoría en el Congreso para que comience de inmediato el debate para legislar en materia de clonación de voz, imagen y otras formas de identidad digital. Que se reconozca que la voz también es cuerpo. Que no puede ser apropiada, manipulada o usada sin consentimiento. Que la muerte no convierte en patrimonio público la personalidad de nadie. Y que ninguna institución, por muy autónoma que sea, está por encima de la dignidad humana. De lograrlo, México sería el primer país en América Latina que protege la integridad de la persona, el verdadero humanismo mexicano que reconoce que la voz no es solo un sonido: es dato personal, firma bancaria, elemento personalísimo que puede generar obligaciones, es memoria, es identidad, es alma. Y sí, robarla también es una forma de violencia.