El abogado de Ovidio y el fantasma del General Elarsenal.net
Francisco Garfias.
El fantasma del general Salvador Cienfuegos reapareció luego de que Ovidio Guzmán se declarara culpable de tráfico de drogas hacia Estados Unidos para reducir su pena , a cambio soltar información
El caso del militar en retiro fue invocado por Jeffrey Lichtman, abogado del narcotraficante sinaloense, para refutar señalamientos de “irrespetuoso” que le hizo la presidenta Sheinbaum.
En declaraciones formuladas al concluir la audiencia de Ovidio en una Corte de Illinois, el representante legal del capo recordó que en el gobierno de AMLO exoneró al ex secretario de defensa, luego de que fuera detenido en Los Ángeles por supuestos vínculos con cárteles de la droga.
Semanas después del arresto, que ocurrió en octubre del 2020, fue liberado y devuelto a México. El gobierno de El Peje se comprometió a investigarlo, lo qué en realidad no ocurrió. Nunca más se le molestó.
En esa época, el New York Times publicó una nota en la que señala que EU liberó a Cienfuegos por la amenaza del gobierno de México de expulsar a los agentes antidrogas que operaban en territorio nacional.
“Eso pondría en riesgo una alianza de décadas que ha servido para llevar a varios narcotraficantes ante la justicia”, puntualizó el diario, citando a tres fuentes “familiarizadas” con el caso.
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Ese contexto de desconfianza fue utilizado por el abogado del menor de los Chapitos para señalar que le parece “absurdo” que el gobierno de Claudia Sheinbaum pretenda ser incluido en las negociaciones de las autoridades estadunidenses con Ovidio.
Le pidió a la presidenta fijarse en sus predecesores. “Nunca se hizo ningún esfuerzo por detener al (Mayo) Zambada”, recordó.
Sheinbaum acusó recibo. Calificó de “Irrespetuosas” para la institución presidencial las declaraciones de Lichtman. Repitió lo que ha venido sosteniendo: “Es fundamental señalar que nosotros no establecemos relaciones de contubernio y de complicidad con nadie.“
Y le pasó asunto a la FGR, que no tardó en sacar un comunicado en el que rechaza las “descalificaciones injustas” del abogado expresadas, dice, de manera irresponsable, sin aportar pruebas y con “oportunismo mediático.”
Litchtman aprovechó la reacción de Sheinbaum para endurecer sus palabras: “Al parecer, la presidenta de México está disgustada con mis sinceros comentarios sobre su oficina y gobierno corruptos.”
Prosiguió: “puede convocar tantas conferencias de prensa apresuradas como quiera, pero el pueblo mexicano, y yo mismo, sabemos que actúa más como el brazo de relaciones públicas de una organización narcotraficante que como la líder honesta que merece el pueblo mexicano…”
Ya encarrerado, destacó expresiones de Sheinbaum en el sentido de que el gobierno de EU no debió negociar un acuerdo con Ovidio Guzmán, porque se dice que es un terrorista, y EU sostiene que no negocia con terroristas.
“Parece que ella no estuvo satisfecha con que no se informara al gobierno de México que varios capos fueran traídos a la Unión Americana”, dijo.
Antes de concluir avisó: “tendré más que decir al respecto en breve…”
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Es un axioma que la mayoría de magistrados del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación obedecen sistemáticamente los lineamientos del oficialismo.
Ya es de todos conocido cuatro de los cinco magistrados del TEPJF le dieron carpetazo a la vergonzosa operación acordeón por falta de “pruebas suficientes”.
Hablamos de Mónica Soto, Felipe de la Mata y Felipe Fuentes y, extrañamente, Janine Otálora. El único que se opuso fue el magistrado Reyes Rodríguez.
Súmele que, el día de ayer, organizaciones de la sociedad civil denunciaron que la Sala Superior del citado Tribunal retiene “de manera indebida” un expediente que impugna la validación de los resultados de la elección extraordinaria de magistradas y magistrados de la Sala Superior del TEPJF.
La impugnación fue presentada el pasado 19 de junio por representantes de las siguientes organizaciones: Poder Ciudadano, Proyecto Justicia Común, Laboratorio Electoral, Consejo Nacional de Litigio Estratégico y Laboratorio para la Democracia.
Las organizaciones inconformes hacen notar que la Constitución establece que dicha controversia debe ser resuelta exclusivamente por la Suprema Corte de Justicia de la Nación.
“Esta retención injustificada constituye una interferencia institucional indebida y un intento evidente de obstaculizar la revisión de una elección que involucra a los propios integrantes del tribunal”, puntualiza el escrito.
FIN
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