Archivan la denuncia contra el alcalde de Cartaya (Huelva) por videos que acusaban a inmigrantes de delinquir Infobae
La Fiscalía de Huelva ha archivado las diligencias incoadas contra el alcalde de Cartaya, Manuel Barroso (PP), al que denunciaron desde IU y la asociación La Carpa al considerar que podía haber incurrido en un posible delito de odio por realizar dos vídeos en los que decía que su municipio y "otros pueblos" tenían un "problema muy grave" con "la inmigración ilegal" con "gente durmiendo en los polígonos, en las plazoletas, en las calles, mendigando" y que "han entrado ilegalmente y que se están dedicando solo a delinquir, a hacer el mal".
Estas declaraciones las realizó el alcalde, a raíz de que el dueño de un establecimiento cartayero fuera agredido con arma blanca por un hombre que entró a robar y que asestó "varias puñaladas" a la víctima. El agresor fue detenido posteriormente por la Guardia Civil.
Así, según han indicado desde Fiscalía a Europa Press, la denuncia se trasladó al fiscal encargado de delitos de odio, que abrió diligencias de investigación, pero que finalmente ha resuelto que a nivel jurídico no podía calificarse como un delito de odio, por lo que se ha archivado, tal como adelantó el diario digital Huelva24.
De la misma manera, la Fiscalía ha explicado que lo habitual cuando llega una denuncia es incoar diligencias y realizar la tramitación oportuna para comprobar si los hechos denunciados son constitutivos de delito a nivel jurídico.
El presidente de la asociación La Carpa, Alfonso Romera, ha mostrado en sus redes sociales su "decepción" porque se haya archivado este denuncia, toda vez que ha señalado que los abogados consultados por la asociación veían "un clarísimo delito de incitación al odio".
Desde IU también se presentó una denuncia ante Fiscalía para que abriera la investigación al considerar que Barroso "vinculaba la inmigración con la inseguridad ciudadana", así como criticó que "mostrara en el pleno municipal un arma blanca de enormes dimensiones mientras vinculaba la inmigración con la inseguridad ciudadana".
DECLARACIONES Y REACCIONES
Tras la agresión al propietario de un establecimiento de Cartaya, el primer edil cartayero publicó un vídeo en su cuenta de Facebook, en el que transmitía su "indignación" al señalar que su municipio y "otros pueblos" tenían un "problema muy grave" con "la inmigración ilegal" mientras "el Gobierno de España pasa absolutamente de los españoles". "Son persona que entran ilegalmente y que se están dedicando solo a delinquir", añadió.
"Tenemos gente durmiendo en los polígonos, en las plazoletas, en las calles, mendigando. Son personas que han entrado ilegalmente y que se están dedicando solo a delinquir, a hacer el mal. Están saturando la sanidad, la educación. Es que es tanto el daño que nos está haciendo que no podemos hacer absolutamente nada porque el Gobierno de España no echa a nadie. Estamos desesperados", aseveró antes de decir que "el 80% de los delitos" que estaban teniendo en el municipio "son de personas ilegales que están delinquiendo para sobrevivir".
Asimismo, afirmó que "los ciudadanos" y los padres estaban "asustados" porque "no pueden dejar a sus hijos por la calle, porque la inmigración ilegal no para de hacer daño", toda vez que apuntó que en su municipio había "muchísimas personas que son inmigrantes que vienen a hacer el bien, que vienen con su familia, con su documentación, que vienen a formarse, a trabajar, a hacer las cosas bien" y que "ese tipo de inmigración va a ser bien recibida en Cartaya" pero no "aquellas personas que vienen a delinquir".
Ante ello, la subdelegada del Gobierno en Huelva, María José Rico, respondió a Barroso mostrando su "firme rechazo" a las "irresponsables declaraciones" efectuadas por parte del alcalde del municipio, al considerar que "relacionar este asunto con la inmigración ilegal, vinculando la comisión de delitos en el municipio con la presencia de inmigrantes" implicaba "no solo un discurso xenófobo, sino un discurso carente de todo rigor" basado en "un relato incierto que para nada está avalado en modo alguno con la realidad ni con la estadística delincuencial y la tasa de criminalidad a dicho momento".
Por su parte, Barroso publicó otro vídeo el lunes para "defenderse" ante las palabras de la subdelegada afirmando que "para nada era xenófobo" pero que estaba "indignado" porque Rico era "la máxima responsable de la seguridad" pero "no hacía nada en Cartaya porque no le importa absolutamente nada" y le pedía "soluciones ante la inmigración ilegal" al tiempo que mostraba en el vídeo un cuchillo de grandes dimensiones, apuntando que había sido retirado "a un inmigrante ilegal" y llamaba a "cambiar la ley" para, "como mínimo, devolverlo a su país".
Tras esto, IU criticó que durante la celebración del pleno municipal de Cartaya el alcalde "mostró el arma en un pleno televisado en directo", mientras que señalaba que "la portaba un inmigrante ilegal para asustar a los niños y quitarle los teléfonos móviles".
"Es absolutamente inadmisible que el alcalde de Cartaya use su cargo para sembrar odio y miedo en la población. Lo sucedido en Pleno, exhibiendo un arma mientras relacionaba inmigración con delincuencia, es un acto gravísimo que vulnera toda ética institucional y puede tener consecuencias sociales gravísimas", indicó Calderón.
Asimismo, el dirigente de IU apuntó a la "escalada de declaraciones incendiarias a través de sus redes sociales y en intervenciones públicas, donde ha culpado directamente a personas migrantes en situación irregular de ocupar viviendas, saturar la sanidad y la educación", generando "una alarma social que ha sido condenada por CCOO, la asociación La Carpa y distintas plataformas por los derechos humanos".
