Un tribunal imputa formalmente por crímenes contra la humanidad a la ex primera ministra Sheij Hasina Infobae
La ex primera ministra de Bangladesh Seij Hasina ha sido imputada formalmente este jueves por crímenes contra la humanidad en relación con la muerte de cientos de personas durante la represión de las protestas antigubernamentales de 2024, que se saldaron con su salida del poder y su huida al exilio a India, donde se encuentra en estos momentos.
El Tribunal sobre Crímenes Internacionales ha presentado durante la jornada estos cargos contra Hasina, el exministro del Interior Asudazaman Jan Kamal y el antiguo inspector de la Policía Chouduri Abdulá al Mamun, tras lo que ha fijado el 3 de agosto como fecha para la apertura del caso.
El único de los imputados que ha estado presente en la vista ha sido Al Mamun, quien se ha declarado "culpable" de estos cargos y ha afirmado que "declarará posteriormente en favor de la Fiscalía", según ha recogido el diario bangladeshí "The Daily Star". Tanto Hasina como Kamal serán juzgados en rebeldía debido a su negativa a comparecer ante el tribunal.
Los cargos han sido anunciados durante la apertura del juicio, apenas un día después de que la cadena de televisión británica BBC desvelara unas grabaciones atribuidas a Hasina en las que ordenaba la violenta represión de las protestas, que se saldaron con alrededor de 1.400 muertos entre julio y agosto de 2024, según datos de Naciones Unidas.
Las citadas grabaciones, fechadas el 18 de julio de 2024, contienen una voz que supuestamente corresponde a la de Hasina en la que autoriza a las fuerzas de seguridad a usar "armas letales" contra los manifestantes y en las que dice que "disparen allí donde los encuentren", sin que la ex primera ministra se haya pronunciado por ahora sobre la presunta veracidad de estos audios.
Hasina fue condenada el 2 de julio a seis meses de cárcel por desacato, en el marco de los procedimientos abiertos contra ella tras su huida del país a raíz de las protestas, después de la filtración de una conversación telefónica en la que hablaba de los casos abiertos contra ella y vertiera unas declaraciones en las que amenazaba a los denunciantes, un hecho considerado por la corte como desacato y un intento de socavar su autoridad.
La denuncia contra ella fue presentada en abril por el fiscal jefe del tribunal, Tajul Islam, quien describió la conversación como un intento de intimidar a víctimas y testigos en los procesos contra la ex primer ministra tras las protestas, convocadas contra un polémico sistema de cuotas que reservaba más de la mitad de los puestos en el funcionariado para familiares de veteranos de guerra y que acabaron convirtiéndose en un movimiento a gran escala contra su Gobierno.
