CNDDHH llama a protestar contra ley que beneficiaría a policías y militares procesados por violaciones a derechos humanos Infobae
En medio de una creciente polémica por el avance del proyecto de ley de amnistía para policías y militares procesados por su participación en la lucha contra el terrorismo entre 1980 y 2000, la Coordinadora Nacional de Derechos Humanos (CNDDHH) lanzó un comunicado donde expresa su rechazo categórico a esta norma. La propuesta, que fue aprobada en segunda votación por la Comisión Permanente del Congreso de la República, podría beneficiar a más de mil efectivos procesados de las Fuerzas Armadas y la Policía Nacional del Perú, según estimaciones del congresista Fernando Rospigliosi, promotor de la iniciativa.
El pronunciamiento de la CNDDHH advierte que esta ley representaría un grave retroceso en materia de justicia y derechos humanos. De entrar en vigencia, la norma pondría en riesgo más de 156 casos con sentencia firme y unos 600 procesos judiciales en curso por delitos como tortura, ejecuciones extrajudiciales y desapariciones forzadas. En palabras de la organización, se estaría dejando sin verdad ni reparación a las víctimas del conflicto armado interno, muchas de las cuales han esperado décadas para obtener justicia.
El comunicado agrega: “Esta situación se produce en un contexto de creciente debilitamiento institucional, marcado por intentos de copamiento del sistema de justicia, ataques al Ministerio Público y decisiones impulsadas desde el Congreso con la complacencia del Poder Ejecutivo.”
Víctimas invisibilizadas: los rostros detrás de los juicios en peligro
Durante años, cientos de madres, esposas, hijos e hijas han recorrido juzgados, presentado pruebas y enfrentado amenazas para exigir que se sancione a los responsables de graves violaciones a los derechos humanos. El comunicado de la Coordinadora Nacional de Derechos Humanos recuerda que gracias a esas luchas se lograron condenas clave contra miembros del Grupo Colina, como los responsables de las masacres de La Cantuta y Barrios Altos. También se sancionó al exministro Daniel Urresti, hallado culpable del asesinato del periodista Hugo Bustíos, y a Telmo Hurtado, “el Carnicero de los Andes” sentenciado por la matanza de Accomarca, en la que fueron asesinadas 69 personas, incluidos 22 niños.
La aprobación del proyecto de ley no solo incluye a procesados sin sentencia firme. También abre la puerta a que policías y militares mayores de 70 años que ya hayan sido condenados puedan acogerse al beneficio. Desde la CNDDHH se alerta que esto permitiría liberar a personas ya encontradas culpables por crímenes documentados, muchos de los cuales fueron cometidos contra civiles sin vínculos con grupos armados.
Críticas al Congreso y advertencia internacional
La organización también llama la atención sobre el hecho de que esta amnistía va en contra de resoluciones emitidas por el sistema internacional de derechos humanos. En particular, recuerda que el 1 de julio de 2024, la Corte Interamericana de Derechos Humanos ordenó al Estado peruano “dejar sin efecto o no otorgar vigencia” al proyecto de ley N.º 6951/2023-CR ni a otras iniciativas similares. Esta disposición fue emitida para asegurar el derecho de las víctimas al acceso a la justicia y el esclarecimiento de los hechos ocurridos durante el conflicto armado.
En su comunicado, la CNDDHH afirma que el país atraviesa un contexto de debilitamiento institucional, marcado por intentos de copamiento del sistema judicial, decisiones cuestionadas desde el Congreso y un clima político que, según advierten, favorece la impunidad. La entidad señala además que el avance de esta medida se da con el respaldo tácito del Poder Ejecutivo, lo que agrava la situación democrática.
La Coordinadora llama a la ciudadanía a manifestarse frente a esta propuesta, y reafirma su compromiso de seguir acudiendo a espacios institucionales nacionales e internacionales para proteger los derechos de las víctimas, sus familias y toda la población. Para la organización, no es posible construir una democracia sólida sobre el encubrimiento del delito ni el perdón automático a quienes hayan cometido violaciones a los derechos humanos.
