Más de 300.000 personas están propensas a vivir en zonas de alto riesgo en el Valle de Aburrá antes de 2030 Infobae
La emergencia por deslizamiento en la vereda Granizal, en límites entre Medellín y Bello, ha sido catalogada como una de las más graves en la historia reciente del Valle de Aburrá.
Más de 75.000 metros cúbicos de tierra se desplazaron sobre un asentamiento informal, lo que representa una cantidad de material suficiente para llenar más de 10.000 volquetas. Este evento, que supera en magnitud a tragedias pasadas como las de La Gabriela (2010), El Socorro (2008) y Villatina (1987), expone en forma dramática los riesgos acumulados en las zonas montañosas del área metropolitana de Medellín.
El fenómeno no es aislado. Solo este año, las lluvias han cobrado la vida de 35 personas en el Valle de Aburrá: 24 en Bello, 5 en Sabaneta, 4 en Medellín y 2 en Itagüí. Según el Departamento Administrativo de Gestión del Riesgo de Medellín (Dagrd), se han atendido más de 4.300 emergencias en lo corrido del año, 365 de ellas asociadas a deslizamientos, lo que convierte este fenómeno en la segunda causa más frecuente después de la caída de árboles.
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El diario antioqueño El Colombiano hizo un recorrido por los datos más relevantes para la capital del departamento frente a las afectaciones por la ola invernal que ha golpeado a todo el país.
Detrás de las cifras hay una problemática estructural. En Medellín, 65 puntos críticos están ocupados por asentamientos informales levantados sobre pendientes pronunciadas, con servicios públicos irregulares y bajo el dominio de actores armados ilegales.
En muchos casos, se trata de comunidades desplazadas por la violencia desde hace décadas. Las comunas Popular, Manrique, Villa Hermosa, San Javier y los corregimientos San Cristóbal y San Antonio de Prado figuran entre las zonas más afectadas por esta vulnerabilidad territorial.
El problema se extiende a todo el Valle de Aburrá. Municipios como Bello, Itagüí, Sabaneta, La Estrella, Caldas y Copacabana presentan múltiples puntos críticos con riesgo de deslizamientos.
En Bello, por ejemplo, se identifican al menos 28 puntos especialmente peligrosos, muchos ubicados en sectores densamente poblados como la vereda Granizal, Nueva Jerusalén, La Gabriela y áreas cercanas a las quebradas La García y Cañada Seca.
A pesar de que en algunos municipios como Envigado no hay ocupaciones irregulares tan extendidas, también se reportan zonas de riesgo en veredas como Santa Catalina y la Loma del Escobero.
Estudios recientes realizados por la Universidad Nacional y Urbam Eafit han señalado que el suelo del Valle de Aburrá, particularmente en la zona montañosa de Medellín, es de naturaleza arcillosa, lo que aumenta su inestabilidad. Además, investigaciones académicas han advertido que la región no descansa sobre una base rocosa sólida, como se creía en el pasado, sino en un terreno con alta vulnerabilidad geológica.
El Área Metropolitana del Valle de Aburrá ha advertido que al menos el 25% del territorio metropolitano presenta algún tipo de amenaza relacionada con el cambio climático. Las proyecciones no son alentadoras: para el año 2030, se estima que hasta 344.000 personas podrían habitar en zonas de riesgo, si no se modifican las tendencias actuales de urbanización.
Uno de los factores que más ha contribuido a esta situación es la escasez de suelo plano y urbanizable. Solo el 13% del suelo del área metropolitana tiene condiciones adecuadas para el desarrollo urbano, lo que ha obligado a la población más vulnerable a asentarse en laderas empinadas. Actualmente, el 62% de las 15.792 hectáreas construidas en el Valle de Aburrá se encuentra sobre terrenos con pendientes superiores al 5%, muchas de ellas clasificadas como moderadas o muy altas.
Pese a que desde 2006 los planes de ordenamiento territorial recomiendan fomentar un crecimiento compacto en las zonas planas, el mercado inmobiliario, la falta de herramientas de regulación del suelo y los procesos de especulación han derivado en una expansión desordenada hacia los bordes del territorio. A esto se suma el impacto de los desplazamientos forzados, tanto rurales como urbanos, que han empujado a miles de personas hacia los márgenes de la ciudad.
Según cálculos académicos, más de 44.000 viviendas en la zona nororiental de Medellín están hoy en riesgo no mitigable, y esta cifra podría llegar a 58.000 en los próximos 20 años si no se toman medidas. Desde mediados del siglo XX, los deslizamientos han cobrado más de 850 vidas, han afectado a 52.000 personas y han destruido más de 11.500 viviendas en la región.
La situación también representa una amenaza ambiental. La urbanización informal ha acelerado la pérdida de cobertura vegetal, ha debilitado la estructura ecológica principal y ha generado impactos severos sobre las reservas naturales, como ocurre en el corregimiento El Ajizal de Itagüí, donde miles de personas habitan zonas cercanas a áreas protegidas.
En junio pasado se registraron 70 movimientos de masa en Medellín, algunos de gran magnitud y otros que, aunque no causaron víctimas ni afectaron viviendas, requirieron atención inmediata de las autoridades. El monitoreo se mantiene activo en sectores como Los Balsos, San Cristóbal, Villatina, San Antonio de Prado y Santo Domingo.
Con estos antecedentes, expertos y entidades académicas coinciden en que la región enfrenta una combinación de amenazas que no solo tienen raíces geológicas y climáticas, sino también sociales, urbanísticas y económicas. La expansión urbana sobre suelos inestables, la ausencia de vivienda digna, el debilitado control estatal y la presión del crecimiento demográfico configuran un escenario de riesgo estructural para el Valle de Aburrá.
