Donald Trump aún no decidió si aplicará aranceles diferenciados a la Argentina, en respaldo a su alianza estratégica con Milei Infobae
(Desde Washington, Estados Unidos) Entre el 12 de marzo y el 2 de abril de 2025, Donald Trump impuso una suba de aranceles del 10 por ciento a todos los productos que se exportan a los Estados Unidos, y del 50 por ciento para los casos específicos del aluminio y el acero.
Esas medidas proteccionistas causaron una crisis comercial global, que obligaron a Scott Bessent -secretario del Tesoro de Estados Unidos- a sugerirle a Trump que dicte una tregua unilateral de 90 días para negociar acuerdos arancelarios país por país.
La conversación entre el líder republicano y Bessent sucedió en el Air Force One, que los trasladaba desde Mar -a- Lago (Florida) a Washington. Trump entendió las razones del secretario del Tesoro, y puso un paréntesis que concluye el 9 de julio.
En estos 90 días de tregua arancelaria, Argentina desplegó una estrategia de negociación con Estados Unidos que tomó como hoja de ruta un informe de 394 páginas que publicó la Oficina del Representante Comercial de Estados Unidos (USTR).
Argentina aparece en la foja 14 del informe del USTR, y durante cuatro páginas se describe la asimetría que existe entre el país y Estados Unidos respecto a aranceles, tasas, prohibiciones de importación, restricciones a las importaciones, barreras aduaneras y derechos de propiedad intelectual.
En la página 17 del informe del USTR se describen los cuestionamientos que hace la administración Trump a las normas proteccionistas y a los distintos niveles de control aduaneros y financieros que existen en el país.
La página 17 del Dossier USTR describe:
1. “La situación de los innovadores en los sectores farmacéutico y agroquímico presenta importantes desafíos. En primer lugar, el alcance de la materia patentable está significativamente restringido por la legislación argentina. En segundo lugar, las políticas actuales brindan una protección inadecuada contra el uso comercial desleal y la divulgación no autorizada de datos de prueba no divulgados y de otro tipo presentados al Gobierno argentino, junto con su largo proceso de aprobación de comercialización.
2. Estados Unidos insta a Argentina a garantizar la transparencia y el debido proceso en la protección de las indicaciones geográficas (IG) y a garantizar que la concesión de la protección de las IG no prive a las partes interesadas de la posibilidad de utilizar nombres comunes, en particular a medida que Argentina avanza con el Acuerdo Comercial entre la Unión Europea y el MERCOSUR.
3. Además, continúa la acumulación de solicitudes de patentes para productos farmacéuticos y biosimilares, lo que resulta en demoras excesivas para estos productos. La aplicación de los derechos de propiedad intelectual en Argentina sigue siendo un desafío, ya que los productos falsificados y pirateados siguen estando ampliamente disponibles.
4. Los mercados físicos de La Salada y Barrio Once figuran en la Revisión de Mercados Notorios de Falsificación y Piratería de 2024 (Lista de Mercados Notorios). Por ejemplo, La Salada en Buenos Aires, uno de los mayores mercados negros de productos falsificados y pirateados en Argentina, continúa vendiendo productos falsificados en línea.
5. El régimen legal vigente y la deficiente aplicación de la ley dificultan la capacidad de los titulares de derechos, las fuerzas del orden y los fiscales para frenar, mediante acciones legales, el crecimiento de los mercados ilegales, tanto en línea como físicos.
6. Al igual que los importadores de bienes, los proveedores de servicios están sujetos a restricciones para acceder al mercado cambiario”.
Sobre la base de los cuestionamientos de la USTR, Gerardo Werthein mantuvo una sucesión de encuentros en Washington. El canciller se reunió con Howard Lutnick -secretario de Comercio de Estados Unidos- y el titular de la USTR, Jamieson Greer, para negociar un acuerdo que satisfaga a ambas partes.
Carrera contra reloj
Era una carrera contra reloj, en un escenario geopolítico con una peculiar paradoja: Trump había iniciado la guerra arancelaria para frenar la ofensiva comercial con China, y continuación resultó que el segundo acuerdo para atenuar la confrontación tarifaria fue firmado entre Washington y Beijing.
En este contexto, impactado todos los días por las presiones cruzadas de la Unión Europea, México, Canadá y Japón, Argentina logró mejorar su eventual posición arancelaria frente a los planteos de la Casa Blanca.
Sobre base 100, en una primera aproximación, el gobierno redujo la suba de los aranceles en un 46 por ciento de los productos nacionales que se exportan a Estados Unidos.
Y en el 54 por ciento restante, hubo una negociación en marcha que ejecutó el secretario de Relaciones Económicas Internacionales, Luis Kreckler. Este experimentado diplomático visitó Washington muchísimas veces en las últimas semanas, adonde se entrevistó con la línea técnica de la USTR y la Secretaría de Comercio.
Sin contar los aranceles del 50% para el acero y el aluminio, Argentina tendría arancel cero para el 70 a 80% de los productos exportables a EEUU
Al final del camino, a la espera de la decisión política de Trump, Kreckler habría cerrado un lista de 100 productos que tendrían arancel cero frente al 10 por ciento global que anunció el Presidente de los Estados Unidos en la Casa Blanca.
De esta manera, sin contar los aranceles del 50 por ciento para el acero y el aluminio, Argentina tendría arancel cero para el 70 o el 80 por ciento de los productos exportables a Estados Unidos.
Si Trump así lo quiere.
La capacidad de diálogo de Werthein y Kreckler se profundizó por la relación estratégica que tiene Javier Milei con Trump. Pero esta sintonía ideológica y personal no habría servido para abrir un espacio de negociación destinado a atenuar los aranceles del 50 por ciento que se aplicarán a las exportaciones de acero y aluminio.
Trump considera al aluminio y al acero insumos vinculados a la seguridad nacional, y la Cancillería no tuvo mucho espacio para solicitar una baja de aranceles en estos dos productos.
“Aunque los aranceles previamente impuestos al acero y al aluminio han contribuido a un importante apoyo a los precios en el mercado estadounidense, aún no han permitido que estas industrias desarrollen y mantengan una tasa de utilización de la capacidad de producción necesaria”, sostuvo la orden ejecutiva de Trump que aumentaba los aranceles del 25 al 50 por ciento.
Y concluyó: el incremento al 50 por ciento “proporcionará un mayor apoyo a estas industrias y reducirá o eliminará la amenaza para la seguridad nacional que suponen las importaciones de artículos de acero y aluminio y sus derivados”.
En 2024, Estados Unidos importó alrededor de la mitad del acero y el aluminio utilizados en el país. Canadá es su principal proveedor de acero, seguido por Brasil y México, con productos destinados a la industria automotriz o la construcción.
La Argentina es el sexto proveedor de aluminio de Estados Unidos. En 2024, el país exportó cerca de US$630 millones entre acero y aluminio.
Cartas y treguas
En las últimas horas, Trump anunció que enviaría cerca de 100 cartas a distintos países para anunciar cómo quedaría la relación arancelaria.
Hasta ayer, Estados Unidos sólo había firmado acuerdos con China, Vietnam y Reino Unido, mientras esperaban su oportunidad Canadá, Mexico, Japón y la Unión Europea, aliados históricos de Washington.
No hay certeza todavía si Trump le enviará una carta protocolar a Milei anunciando que tienen un acuerdo arancelario, o que en definitiva Argentina será afectada por la guerra comercial que lanzó Estados Unidos a comienzos de abril.
También podría ocurrir que las próximas horas, el presidente de Estados Unidos extienda la tregua que vence el 9 de julio.
Anoche, en Washington, aseguraban a Infobae que esa posibilidad no debería descartarse por el peso de las negociaciones abiertas con las principales economías del mundo.
La Casa Blanca teme que haya un cimbronazo en los mercados internacionales. Como ocurrió cuando Trump lanzó su batalla comercial contra aliados, adversarios y enemigos, y el secretario Bessent le sugirió que dictara un cese del fuego por 90 días.
