Alerta en la Costa: edificios pagan hasta $10 millones por luz y denuncian abuso masivo de Air-e y Afinia Infobae
En varios conjuntos residenciales del Caribe colombiano, los recibos de luz dejaron de ser solo un gasto mensual, se convirtieron en motivo de angustia colectiva. Lo que antes representaba una factura de $3 o $4 millones, hoy supera los $10 millones mensuales en muchos casos. La razón, según denuncian líderes ciudadanos, sería la instalación masiva de medidores totalizadores por parte de las empresas Air-e y Afinia, bajo condiciones técnicas que, aseguran, están inflando injustamente los cobros.
Carolina Ríos, vocera de una campaña ciudadana que fue bautizada como Acción popular por una facturación justa, encabeza la lucha legal y social contra lo que considera una práctica sistemática de abuso tarifario. Desde hace meses, documentó casos en los que estos medidores, que suman el consumo de múltiples unidades en un solo registro, dispararon las tarifas sin explicación transparente.
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“La raíz del problema está en el tipo de tensión con el que se están facturando estos servicios. Los medidores totalizadores funcionan con tensión nivel 2, cuando en una vivienda o local comercial lo apropiado sería nivel 1. Al sumar todo el consumo bajo esa configuración, las tarifas se disparan sin justificación”, explicó Ríos a Blu Radio.
Este fenómeno afecta principalmente a copropiedades, edificios, centros comerciales, bodegas y otras formas de propiedad horizontal. Según las estimaciones compartidas por Ríos, en el mercado de Air-e hay al menos 2.000 copropiedades que operan con este sistema, y en la zona de Afinia el panorama es similar. “Estamos hablando fácilmente de más de 100.000 familias afectadas. Y no solo hogares, también comercios y espacios logísticos están siendo golpeados por esta forma de facturación”, advirtió.
Además, afirmó que en muchas nuevas construcciones se está exigiendo el uso obligatorio de estos medidores totalizadores desde el inicio, lo cual impide a los residentes optar por dispositivos individuales, que ofrecerían un cálculo más justo del consumo. “Tenemos múltiples denuncias documentadas de decenas de copropiedades en la región Caribe que han visto cómo sus facturas se duplicaron o triplicaron porque les instalaron medidor totalizador o medidor de energía”, señaló.
Pero el problema no termina ahí. Ríos aseguró que varios ciudadanos que intentaron reclamar fueron amenazados con la suspensión del servicio. Algunos, incluso, recibieron visitas de funcionarios para advertirles sobre cortes inminentes si insistían en su queja. “Eso es un abuso sostenido que no es un error, sino una política de estas empresas. No están facturando ni con transparencia ni con justicia tarifaria”, denunció.
La falta de respuestas por parte de Air-e y Afinia empujó a los afectados a acudir a mecanismos legales. La acción popular que lidera Ríos busca que se revisen los contratos, las condiciones técnicas de facturación y, sobre todo, que se detenga lo que califican como una política deliberada de sobrecobro.
Aunque la iniciativa aún está en etapa de recolección de casos y adhesiones ciudadanas, el movimiento crece con rapidez. Desde distintas ciudades de la Costa, propietarios de conjuntos residenciales empezaron a contactarse para unirse a la acción legal. Incluso algunos administradores de propiedad horizontal y asociaciones de usuarios ya han manifestado su respaldo. Quienes deseen sumarse pueden comunicarse vía WhatsApp al número 3015494228, según indicó la vocera.
Con esta medida, los promotores esperan lograr no solo una corrección en las tarifas, sino abrir un debate más amplio sobre la equidad en el acceso y cobro de los servicios públicos. En palabras de Ríos, “esto no es solo una pelea por el recibo de la luz. Es una lucha por el derecho a una facturación justa, y por evitar que miles de familias sigan pagando más de lo que deben”.
