Avalan en San Lázaro reforma contra lavado de dinero Vanguardia.com.mx

CDMX.
- Los diputados de Morena y sus aliados aprobaron en lo general, por 297 votos a favor, 37 en contra y 87 abstenciones, la reforma a la Ley Federal para la Prevención e Identificación de Operaciones con Recursos de Procedencia Ilícita.
Sin embargo, las modificaciones no incluyen la investigación del financiamiento al terrorismo, que fue eliminada por los senadores de Morena en la Cámara Alta.
TE PUEDE INTERESAR: Guardia Nacional deberá actuar con integridad: SheinbaumLa reforma establece que la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) deberá investigar el uso de tarjetas de servicio o de crédito cuando el gasto mensual acumulado sea igual o superior a 805 veces el valor diario de la UMA (113.
14 pesos), es decir, 91 mil 077 pesos.
También el uso de tarjetas prepagadas y de instrumentos de almacenamiento de valor monetario cuando el abono sea igual o superior a 72 mil 975 pesos (645 veces el valor diario de la UMA).
La Secretaría de Hacienda investigará de oficio la recepción de recursos que se destinen para llevar a cabo un desarrollo inmobiliario cuyo a finalidad sea su venta o renta.
La diputada Abigail Arredondo Ramos (PRI) señaló que la reforma “no es para proteger a los ciudadanos, es nuevamente para vigilarlos”, y denunció que, en el Senado, Morena eliminó todas las referencias al financiamiento al terrorismo, un eje central de la iniciativa original.
“¿De qué estamos hablando? Del combate al crimen organizado o de construir un aparato de control político disfrazado de regulación financiera, el texto que hoy discutimos es una caja de herramientas para el espionaje legal.
Se amplía el concepto de beneficiario controlador, exigiendo que todas las personas morales, hagan o no actividades vulnerables, registren a quienes las controlan, aún si esas personas no tienen relación directa con operaciones financieras, esto no es transparencia, es intrusión y abuso”, afirmó.
El diputado Ricardo Mejía Berdeja (PT) defendió la reforma propuesta por el Ejecutivo, y dijo que con la reforma, la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF), las autoridades fiscales y de seguridad contarán con instrumentos reales para detectar, investigar y frenar operaciones ilícitas, y combatir a los criminales de cuello blanco.
“Tenemos que entrarles a estos temas y no querer, con fraseología ya muy sobada, descalificar algo que es vital para la seguridad del país.
¿De qué sirve que fortalezcamos a la Guardia Nacional? ¿Qué le demos nuevas atribuciones de inteligencia de investigación a la secretaría de seguridad pública? Si no cerramos los circuitos financieros de lavado de dinero y operación criminal”, señaló.
El diputado Héctor Saúl Téllez (PAN) aseguró que la reforma establece una sobrerregulación y cargos excesivos para las Mipymes; y explicó que las personas serán investigadas sólo por manejar 25 mil pesos en criptomonedas; por rentar un departamento o casa por más de 15 mil pesos; los donativos a las ONG que sean mayores de 50 mil pesos; la compra de inmuebles por más de un millón de pesos o integrar fideicomisos por más de 500 mil pesos.
TE PUEDE INTERESAR: Detecta ASF irregularidades por más de 660 mdp“Esta ley antilavado, está reforma no son nuevas, ya había muchos mecanismos donde se podía combatir el crimen organizado, y ahora lo que vemos con mucha tristeza es que el narco, no solamente operó en la Ciudad de México, en todo el país, sino que se metió hasta la oficina del presidente, se metió hasta la cocina de la presidencia, y ahí operando el narco desde la oficina del jefe de la presidencia, esta persona, Alfonso Romo, que nombró directamente el presidente López Obrador, no podemos ahora entender cómo la unidad de inteligencia financiera teniendo un año de conocimiento de esta investigación, se esperara hasta que el departamento del tesoro de los Estados Unidos tuviera que avisarnos a los mexicanos, que desde la oficina presidencial había narco lavado de dinero”, dijo.
Y anunció que su partido presentó la denuncia penal en contra de la empresa Vector y de quién resulte responsable, “principalmente el dueño propietario Alfonso Romo, y esperamos que la Fiscalía General de la República pueda llevar a cabo esta investigación completamente imparcial, para ir hasta las últimas consecuencias de este escándalo bochornoso, desde la oficina del presidente López Obrador”.