El Departamento de Justicia de EEUU acusa a las autoridades en Los Ángeles de interferir en aplicación de leyes migratorias y contribuir al caos social El Imparcial
ESTADOS UNIDOS.- El Departamento de Justicia de Estados Unidos presentó este lunes una demanda formal contra la Ciudad de Los Ángeles, su alcaldesa Karen Bass y el Concejo Municipal, alegando que sus políticas de “ciudad santuario” interfieren ilegalmente con la aplicación de las leyes migratorias federales.
En un comunicado, según el gobierno federal, esta negativa a cooperar con autoridades de inmigración ha agravado disturbios recientes en la ciudad.
En la denuncia, el Departamento de Justicia argumenta que las ordenanzas adoptadas por Los Ángeles después de la reelección del presidente Donald Trump contravienen la Constitución, al impedir activamente el trabajo de las autoridades migratorias.
“Las políticas de santuario fueron la causa principal de la violencia, el caos y los ataques a las fuerzas del orden que los estadounidenses presenciaron recientemente en Los Ángeles”, declaró la fiscal general Pamela Bondi.
“Jurisdicciones como Los Ángeles, que violan la ley federal al priorizar a los inmigrantes indocumentados sobre los ciudadanos estadounidenses, están socavando la aplicación de la ley en todos los niveles; esto termina con el presidente Trump”, añadió.
Acusan obstrucción a la ley federal
La querella, presentada en una corte federal, sostiene que la ordenanza local impide que las fuerzas de seguridad locales colaboren con el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE), incluso en casos que involucran a personas con órdenes de deportación.
"La Cláusula de Supremacía de la Constitución de los Estados Unidos prohíbe a la Ciudad decidir qué leyes federales se aplicarán y cuáles no”, sostuvo el fiscal federal Bill Essayli.
“La ordenanza ilegal y discriminatoria ha contribuido a un entorno anárquico e inseguro que esta demanda ayudará a erradicar”, agregó.
Relación con recientes disturbios
En el documento legal, el gobierno federal vincula directamente las políticas migratorias de Los Ángeles con los disturbios, saqueos y actos de vandalismo que, según afirma, obligaron al despliegue de la Guardia Nacional de California y unidades de la Infantería de Marina para contener la situación.
Las autoridades federales sostienen que la ciudad se ha convertido en un refugio para personas en situación migratoria irregular, lo que dificulta la identificación y deportación de individuos con antecedentes criminales o bajo investigación.
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Parte de una ofensiva legal más amplia
La demanda contra Los Ángeles se suma a una serie de acciones judiciales impulsadas por la fiscal general Pamela Bondi desde su llegada al cargo.
“Instruí a la División Civil para que identificara y combatiera leyes estatales y locales que impiden las operaciones migratorias federales”, dijo Bondi.
Casos similares han sido presentados recientemente contra Nueva York y Nueva Jersey.
Hasta el momento, ni la alcaldesa Karen Bass ni los miembros del Concejo Municipal de Los Ángeles han emitido una respuesta oficial sobre la demanda.
Sin embargo, defensores de los derechos de los migrantes han advertido que estas acciones judiciales forman parte de una ofensiva política más amplia contra las ciudades que promueven políticas de protección hacia las comunidades indocumentadas.
