Plataformas de reparto y reducción del crimen: Analistas revisan caso colombiano Infobae

Una investigación del Instituto Tecnológico de Massachusetts (MIT) reveló un impacto poco explorado de las aplicaciones de domicilios en América Latina: su potencial para reducir los índices de criminalidad en entornos vulnerables. El estudio, centrado en el caso de iFood en Brasil, encontró que la llegada de esta plataforma a distintos municipios del estado de São Paulo coincidió con una disminución significativa de delitos, en especial en zonas empobrecidas.

El análisis, liderado por la economista Isadora Frankenthal, observó el comportamiento del crimen entre 2012 y 2019 en 227 municipios, aprovechando el despliegue progresivo de la aplicación. Al cruzar más de seis millones de reportes policiales con datos de consumo y actividad horaria de la plataforma, la investigadora identificó una reducción promedio del 11,2% en la criminalidad, lo que representa cerca de 500 delitos menos al año por municipio.

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La caída fue especialmente marcada en los delitos no violentos, como hurtos simples, que disminuyeron en un 18%. En los crímenes violentos, como asaltos armados, la reducción fue menor (5,2%), pero más pronunciada en barrios marginados.

Uno de los elementos clave del estudio es el concepto de “costo de oportunidad”: para un joven sin empleo, la posibilidad de generar ingresos inmediatos repartiendo domicilios puede resultar más atractiva que incurrir en actos delictivos. La investigadora observó que el efecto preventivo del trabajo como repartidor era mayor durante los horarios de alta demanda, como almuerzos y cenas, lo que sugiere que no solo importa la existencia del empleo, sino también su rentabilidad percibida.

El fenómeno, según el estudio, no sustituye una política pública deliberada, pero sí actúa como una suerte de mecanismo espontáneo de inclusión económica con efectos tangibles sobre la seguridad.

¿Podría estar ocurriendo lo mismo en Colombia?

Aunque el análisis se centró en Brasil, plantea interrogantes aplicables al contexto colombiano, donde plataformas como Rappi han tenido un crecimiento notable. En el país, más de 645.000 cuentas de repartidores estuvieron activas en 2024, según cifras citadas por El Colombiano. La mayoría de estas personas son jóvenes, y una proporción significativa corresponde a migrantes venezolanos.

En conversación con El Colombiano, José Daniel López, director ejecutivo de AlianzaIn Colombia, destacó que este tipo de plataformas han permitido la incorporación laboral de miles de personas que no logran acceder al empleo formal. Afirmó que, para muchos, el reparto a domicilio ha sido la única alternativa de ingresos, sin necesidad de intermediarios, entrevistas o procesos burocráticos.

López señaló que uno de los principales atributos de esta economía digital es su accesibilidad: bastan un celular, una bicicleta o moto, y voluntad para empezar a trabajar. Este modelo ha resultado especialmente valioso para personas que requieren horarios flexibles o ingresos complementarios, como madres cabeza de hogar, estudiantes o adultos mayores.

El Colombiano también recogió declaraciones de López sobre un estudio de Fedesarrollo que respalda esta tendencia. Según el informe, apenas el 14% de los repartidores consultados tendría un empleo formal si no existieran estas plataformas. El 44% estaría desempleado y el 32% se dedicaría a labores informales con pocas perspectivas de sostenibilidad. La mitad de los encuestados afirmó que trabaja en estas apps por falta de otras opciones.

Además, se destacó que más de una cuarta parte de los repartidores son migrantes, y que su nivel de afiliación a salud y pensiones supera el promedio de los trabajadores independientes en Colombia. Desde la mirada de López, estas plataformas se convierten así en una vía de integración económica no planificada, pero altamente efectiva.

Con la reciente reforma laboral sancionada en Colombia, se estableció que los trabajadores de estas plataformas tendrán derecho a seguridad social. La norma determina que, en caso de que no exista subordinación directa, la empresa debe asumir el 60% de los aportes en salud y pensión, mientras el trabajador cubrirá el 40% restante. El empleador, además, deberá pagar en su totalidad los aportes a riesgos laborales.

El uso del empleo informal como herramienta para prevenir el crimen encuentra ecos en Medellín, ciudad que durante las últimas dos décadas ha apostado por una estrategia de intervención social e infraestructura urbana para enfrentar la violencia.

Desde los Proyectos Urbanos Integrales (PUI) y la instalación del Metrocable hasta iniciativas de cultura y educación en barrios populares, la ciudad ha logrado disminuir homicidios y otros delitos mediante una transformación sostenida del entorno.

El Colombiano consultó al diputado antioqueño Luis Eduardo Peláez, quien ha defendido estos enfoques integrales frente a las estrategias centradas exclusivamente en el control punitivo. Peláez recalcó que las evidencias demuestran mejores resultados cuando el Estado llega con oportunidades, servicios y cultura, y no solo con presencia policial.

A juicio del diputado, Medellín está en capacidad de replicar o adaptar modelos como el que evidenció el MIT en Brasil. Considera que la ciudad podría avanzar en la creación de espacios de formación en tecnología, robótica, inteligencia artificial y emprendimiento en las comunas populares, en combinación con servicios sociales como bibliotecas, guarderías y centros culturales.

Las afirmaciones de Peláez están respaldadas por datos. Un estudio de la Universidad Nacional mostró que entre 2003 y 2010, tras la implementación del Metrocable y los PUI en las comunas 1 y 2, los homicidios cayeron en un 66% y los delitos por drogas en un 75%. También se registró una disminución del 48% en hurtos y del 37% en lesiones personales.

De forma similar, el ingeniero César Hernández —quien participó en el diseño de las escaleras eléctricas de la Comuna 13— compartió en sus redes sociales una comparación reveladora: en las comunas 1 y 2, la tasa de homicidios pasó de 484 por cada 100.000 habitantes antes de 2004 a solo 21 en 2007, luego de aplicar una combinación de obras y 284 programas sociales.

Estas cifras refuerzan la idea de que el urbanismo inteligente, el empleo y la inclusión pueden tener un impacto más profundo y duradero sobre la seguridad que las intervenciones de tipo coercitivo.