Contra los bancos El Imparcial
“La confianza del inocente es la herramienta más útil del mentiroso”, Stephen King.
Pam Bondi, la fiscal general de Estados Unidos, mandó primero una advertencia: “Donald Trump lo ha dicho alto y claro. No nos dejaremos intimidar y mantendremos a Estados Unidos seguro. No sólo de Irán, sino también de Rusia, China y México, de cualquier adversario extranjero. Ya sea que intenten asesinarnos físicamente o a través de causar sobredosis a nuestros niños con drogas”. Washington ya no considera a México un aliado sino un adversario.
Este trato de adversario se reflejó en el anuncio del Departamento del Tesoro de Estados Unidos que identificó a tres instituciones financieras mexicanas, los bancos CIBanco e Intercam y la casa de bolsa Vector, como “de preocupación primaria de lavado de dinero en conexión con tráfico ilícito de opioides”. La Secretaría de Hacienda respondió que el Tesoro no ha proporcionado información sobre las operaciones cuestionadas. Aquellas que pueden verificarse por México son “transferencias electrónicas realizadas con empresas chinas legalmente constituidas. Estas transacciones se realizan por miles a través de las instituciones financieras nacionales. La UIF [Unidad de Inteligencia Financiera] encontró transacciones realizadas a dichas empresas chinas por más de 300 empresas mexicanas a través de 10 instituciones financieras nacionales”.
No descarto que pueda haber alguna transacción cuestionable o criminal de esas instituciones. Sólo una auditoría a fondo podría descartarlo. Pero la información dada a conocer por el Tesoro no permite saberlo. No hay acusaciones concretas ni pruebas. Manuel Somoza, presidente de CI Estrategias de CIBanco, me decía ayer: “Estamos abiertos a que nos revisen lo que quieran. Pero que presenten pruebas. La sola acusación hace daño”.
La idea de que el Tesoro sólo difunde acusaciones cuando tiene pruebas es falsa. Recordemos el caso de Rafael Márquez, el defensa y entrenador de futbol de impecable carrera deportiva. El 9 de agosto de 2017 fue acusado por el Tesoro de haber lavado dinero para un presunto narcotraficante, Raúl Flores Hernández. Se le revocó la visa; sus cuentas bancarias y las de sus empresas fueron congeladas. Nunca hubo acusaciones formales. La investigación se disparó cuando compró un terreno presuntamente relacionado con Rafael Caro Quintero. En septiembre de 2021 el nombre de Rafa fue borrado de las listas negras de la Oficina de Control de Bienes de Extranjeros de Estados Unidos, pero el daño ya estaba hecho.
Un banquero me comenta que el problema de estas instituciones fue que no tenían un sistema de gobernanza y procedimientos robustos para prevenir lavado de dinero. “No hay mala fe ni actividad criminal sistemática”. Quizá, pero el golpe es brutal. Los bancos dependen de la confianza de sus clientes.
Dice el Tesoro que “estas órdenes son las primeras acciones del FinCEN”, la Red de Ejecución de Crímenes Financieros, por el Estatuto de Sanciones al Fentanilo y el FEND Off Fentanyl Act, que “proporcionan al Tesoro facultades adicionales para combatir el lavado de dinero vinculado con el tráfico de fentanilo y otros opioides sintéticos”. Nadie cuestiona que se sancione a quienes lavan dinero. El problema es que, en este caso, no hay certeza de que haya habido alguna transacción indebida. Castigar antes de comprobar o juzgar siempre es incorrecto, pero en este caso el golpe puede generar problemas en el sistema financiero nacional. Ayer la Comisión Bancaria y de Valores intervino a CIBanco y a Intercam para evitar una corrida. El Tesoro usó un arma nuclear sin presentar pruebas.
Militarización
Entiendo el afán de militarizar la Guardia Nacional, los expresidentes Calderón y Peña Nieto también trataron. Lo inaceptable es la hipocresía, decir que no se está militarizando cuando se militariza y se dan facultades a la Guardia que la izquierda no habría aceptado antes de tener el poder.
