Empresas peruanas en riesgo por incumplir con Precios de Transferencia: sanciones pueden superar los S/120 mil Infobae
Un número significativo de empresas en Perú continúa incumpliendo con sus obligaciones en materia de Precios de Transferencia, lo que las expone a sanciones severas que pueden superar los S/120 mil.
Según datos de TPC Group, aproximadamente el 5% de los contribuyentes obligados no presenta estos reportes, ya sea por desconocimiento de la normativa o por falta de preparación interna. La obligación de presentar las declaraciones recae sobre las empresas cuyos ingresos superen las 2.300 UIT (S/11.845.000) y que hayan realizado transacciones con partes vinculadas por montos entre 100 y 400 UIT, es decir, entre S/515 mil y S/2.060.000.
Cabe mencionar que, el 16 de junio comenzó el plazo para que las empresas presenten las declaraciones juradas informativas correspondientes al ejercicio fiscal 2024. La Superintendencia Nacional de Aduanas y de Administración Tributaria (SUNAT) ha dejado claro que intensificará sus esfuerzos de fiscalización en este ámbito, un proceso que ya ha permitido la recuperación de más de S/1.200 millones provenientes de sectores como la minería, gracias a auditorías vinculadas a operaciones entre empresas relacionadas. De acuerdo con la entidad tributaria, la cifra podría seguir incrementándose debido al uso de cruces de información y cartas inductivas.
Consecuencias del incumplimiento y fiscalización
Carlos Vargas Alencastre, CEO de TPC Group, explicó que “no declarar a tiempo no solo implica pagar una multa: pone en marcha un proceso de fiscalización que puede durar meses o incluso años, afectando gravemente la operatividad, imagen y liquidez de la empresa”.
El especialista advirtió que las sanciones económicas son solo una parte del problema. Las cartas inductivas enviadas por SUNAT, que otorgan plazos de 10 días hábiles para responder, muchas veces resultan en auditorías más profundas. “Quien recibe una, debe asumir que será fiscalizado en el corto plazo”, agregó Vargas.
Además del impacto económico directo, una fiscalización de este tipo genera efectos secundarios significativos para las empresas, como el deterioro de la moral del equipo, el incremento de los costos legales y contables, la pausa de decisiones estratégicas, y el daño a la confianza de socios financieros y comerciales. Esto puede poner en riesgo la competitividad de las empresas en el mercado local e internacional.
Recomendaciones para evitar problemas fiscales
Ante este panorama, Vargas recomienda a las empresas que “auditen internamente todas las operaciones con partes vinculadas realizadas en 2024, verificando que estén bien documentadas y valorizadas a precios de mercado”.
También sugiere controlar periódicamente si se superan los umbrales de ingresos y operaciones, ya que los montos en UIT se actualizan anualmente. Finalmente, destaca la importancia de diseñar “protocolos de respuesta rápida ante requerimientos de SUNAT, con soporte técnico y legal claro, para reducir riesgos de escalamientos innecesarios”.
Cumplir con los reportes de Precios de Transferencia no solo es una exigencia tributaria, sino también una estrategia de protección para las empresas. “Las empresas que lo toman en serio están más protegidas ante contingencias, acceden con mayor facilidad a financiamiento y refuerzan su reputación en el mercado”, concluyó el especialista.
¿Qué son los Precios de Transferencia?
De acuerdo con TPC Group, los precios de transferencia son aquellos pactados entre compañías de un mismo grupo empresarial o con empresas en un régimen fiscal preferencial para el intercambio de bienes, servicios tangibles o intangibles. Estos deben ajustarse al principio de libre competencia, de manera que las transacciones reflejen condiciones de mercado justas y cumplan con las normativas locales e internacionales de precios de transferencia.
Su principal objetivo es evitar la manipulación de precios entre partes relacionadas, estableciendo que las transacciones entre ellas se realicen como si fueran entre entidades independientes. De este modo, se garantiza que el valor asignado a los bienes y servicios transferidos sea el que refleje el valor real en el mercado.
Los ajustes de precios de transferencia se llevan a cabo para alinear los valores de las operaciones intercompañía con los precios de mercado. Esto no solo asegura la correcta tributación y evita la evasión fiscal, sino que también contribuye al cumplimiento de las normativas fiscales locales e internacionales.
