Basura espacial en territorio mexicano: según el derecho satelital, Estados Unidos debe responder por los restos de SpaceX SDP Noticias
En días recientes, diversos medios reportaron que restos de cohetes presuntamente pertenecientes a la empresa SpaceX de Elon Musk han caído en playas de Tamaulipas. Entre palmeras, manglares y zonas de anidación de tortugas, emergen piezas de metal que cruzaron el cielo para convertirse en basura espacial de alto riesgo. Lo preocupante no es únicamente la afectación ambiental, sino la forma en que este fenómeno expone vacíos legales y el desamparo del sur global frente a las grandes potencias tecnológicas del norte.
El derecho espacial, nacido en plena Guerra Fría, fue pensado bajo el paradigma de la cooperación internacional y la no apropiación del espacio ultraterrestre. El Tratado del Espacio Exterior de 1967, del cual México es parte, establece que los Estados son responsables internacionales por las actividades espaciales que realicen tanto directamente como a través de empresas privadas. Esto significa que, jurídicamente, no es SpaceX quien debe responder, sino el gobierno de los Estados Unidos como potencia de lanzamiento.
A pesar de ello, hasta el momento no ha habido ni disculpas ni compensaciones. Tampoco un anuncio oficial que reconozca la caída por parte de esa empresa y ese país. Peor aún, ni la Secretaría del Medio Ambiente ni la PROFEPA tienen todavía la magnitud del daño pues apenas hace un par de días, una comisión de alto nivel integrada por la Secretaría de Marina, la Comisión Nacional de Áreas Naturales Protegidas así como la Comisión Nacional de Pesca junto con el gobierno del estado, mediante la Secretaría de Desarrollo Urbano y Medio Ambiente y el ayuntamiento de Matamoros, lograron la ubicación y recolección de poco más de 150 kilos de residuos generados por la explosión en las orillas del Río Bravo, en la frontera entre Texas y Tamaulipas.
Las organizaciones ambientalistas ya denuncian la amenaza directa que estos residuos representan para especies protegidas como las tortugas marinas. Estos restos no son simples chatarra: pueden contener materiales tóxicos, provocar lesiones a fauna y flora, o incluso contaminar el agua y los suelos.
En términos de derecho ambiental, estos hechos deberían activar medidas urgentes. El principio de prevención obliga al Estado mexicano a tomar acciones inmediatas para evitar daños ambientales graves. También podrían invocarse los artículos de la Ley General del Equilibrio Ecológico que prohíben el depósito no autorizado de desechos peligrosos en ecosistemas costeros, así como disposiciones de tratados internacionales como la Convención de Basilea, que regula el movimiento transfronterizo de residuos.
Pero el mayor desafío radica en el marco del derecho satelital internacional. El Convenio sobre responsabilidad internacional por daños causados por objetos espaciales de 1972 establece que si un objeto espacial causa daño en la superficie de la Tierra, el Estado donde se origino el lanzamiento (en este caso, Estados Unidos) será absolutamente responsable. México podría iniciar un reclamo formal a través del mecanismo diplomático previsto en el tratado. Sin embargo, la experiencia indica que estos procesos son largos, poco transparentes y altamente politizados.
Hoy que Claudia Sheinbaum ha anunciado el primer paso para exigir justicia ambiental, esta ruta internacional es una herramienta para defender la soberanía y dignidad de nuestro país.
Lo que hoy vemos en las costas de Tamaulipas es un síntoma de una nueva forma de colonialismo tecnológico: los residuos de las empresas espaciales privadas caen sobre territorios que no participaron del beneficio, pero sí del costo. La expansión de la industria satelital, sin regulación ambiental vinculante ni mecanismos de indemnización efectivos, genera un riesgo latente para los países en desarrollo, cuyas costas, selvas y desiertos podrían convertirse en zonas de sacrificio de la exploración espacial.
Este caso debe encender las alertas en el Congreso mexicano y en la diplomacia internacional. Es urgente incorporar la dimensión ambiental en los tratados sobre actividades espaciales. También se requiere una agencia nacional de asuntos espaciales que defienda la soberanía tecnológica, ambiental y territorial frente a esta nueva forma de basura global. No podemos permitir que Tamaulipas, hogar de tortugas en peligro de extinción, se convierta en un vertedero galáctico. Al tiempo de hacer valer el Acuerdo de Escazú, del que México es parte y es un tratado regional de América Latina y el Caribe enfocado en derechos ambientales para garantizar el acceso a la información ambiental, la participación pública en decisiones ambientales y el acceso a la justicia en asuntos ambientales. Vale la pena recordar que nuestro país es de los más peligrosos para los defensores de derechos humanos en asuntos ambientales, por lo que democracia ambiental parece urgente.
Porque el cielo no tiene fronteras, pero el daño sí tiene dueño en tanto que el espacio es territorio nacional legalmente. Y es tiempo de que respondan.
X: @ifridaita
