Defensoría del Pueblo alertó sobre 409 detenciones de menores en La Libertad y cuestiona su internamiento en penales comunes Infobae
Las cifras difundidas por la Policía Nacional del Perú (PNP) pusieron en alerta a las autoridades y organizaciones de derechos humanos en la región La Libertad. Solo entre enero y mediados de junio de 2025, se ha registrado la retención de 409 menores de edad involucrados en diversos hechos delictivos, frente a los 268 del mismo periodo en 2024. Este incremento, que casi duplica la cifra del año anterior, refleja un escenario complejo en torno a la criminalidad juvenil y las condiciones institucionales en que se maneja esta problemática.
La Defensoría del Pueblo, a través de su oficina en La Libertad, expresó preocupación no solo por el aumento de casos, sino también por la reciente aplicación de la modificatoria legal que permite el internamiento directo de adolescentes en penales comunes. En solo un mes, el número de adolescentes recluidos en el penal de Milagro pasó de dos a ocho, lo que genera interrogantes sobre el tratamiento que reciben estos jóvenes y los efectos que pueda tener esta medida en su proceso de rehabilitación.
Mari Carmen Ortiz, representante de la Defensoría del Pueblo en La Libertad, afirmó que “tenemos ocho adolescentes ya recluidos en el penal, son siete varones y una dama”, y detalló que provienen de diferentes provincias, incluyendo Trujillo, Julcán y el valle bajo. La Defensoría sostiene que el penal no es el lugar adecuado para adolescentes y ha iniciado acciones legales en respuesta.
Detenidos por delitos graves y bandas juveniles
Los delitos por los que estos menores fueron intervenidos van desde el robo y la extorsión hasta el sicariato y la microcomercialización de drogas. Según la PNP, este año se han producido al menos tres intervenciones dentro de centros educativos donde escolares fueron encontrados con sustancias ilícitas. Además, algunos menores formaron bandas propias que operaban mediante amenazas, cobros extorsivos y el uso de explosivos para amedrentar a vecinos y comerciantes.
Uno de los casos más notorios fue el de un presunto integrante de la organización criminal ‘Los Pulpos’, conocido como “Paloma”, quien habría detonado una dinamita dentro de un colegio durante clases. La creciente participación de menores en actos violentos ha sido vinculada por las autoridades a una mayor captación por parte de organizaciones delictivas.
A nivel regional, La Libertad figura como una de las zonas con mayor número de adolescentes recluidos. “Somos la región que más recluidos adolescentes tenemos”, indicó Ortiz, quien ha mantenido reuniones directas con algunos de los jóvenes encarcelados. La Defensoría cuestiona la política actual de enviarlos a penales comunes y ha señalado que ya se presentó una demanda de inconstitucionalidad ante la reciente modificatoria legal.
Internamientos en penales sin condiciones adecuadas
Desde la implementación de esta norma, menores de 16 y 17 años acusados por delitos graves pueden ser enviados directamente a penales comunes. Ortiz explicó que “el primero que fue recluido tiene un hábeas corpus en curso, y se están preparando los otros siete”. Según la funcionaria, la medida contradice el principio de especialidad del sistema penal juvenil y no garantiza las condiciones necesarias para su reintegración.
Actualmente, el penal de varones de Trujillo cuenta con una población de 6,243 internos, aunque fue diseñado para albergar solo a 1,600 personas. En el caso del penal de mujeres, hay 563 internas en un espacio con capacidad para 290. Por su parte, el centro juvenil de diagnóstico y rehabilitación tiene 234 adolescentes para una capacidad de 106. El hacinamiento es generalizado y limita el cumplimiento de cualquier política de resocialización.
“En el centro juvenil hay una gran población con más de 18 años, incluso hasta los 21, pero también está sobrepoblado, y no se cumplen los objetivos que se supone debería tener”, explicó Ortiz. Desde la Defensoría, se ha señalado que las condiciones actuales afectan negativamente la formación de estos adolescentes y prolongan conductas antisociales.
“Creemos que ese no es el lugar adecuado, sino el centro juvenil, que es donde les correspondería estar”, sostuvo. La funcionaria también indicó que han visitado los centros de reclusión para verificar las condiciones en que se encuentran los adolescentes, tanto en el INPE como en el centro juvenil.
Frente a este panorama, la Defensoría insiste en la necesidad de fortalecer las políticas de prevención. “Nos preocupamos por su resocialización, por cómo ellos también están”, comentó Ortiz, al referirse a las medidas que deben adoptarse antes, durante y después del proceso penal.
La estadística general de 2024 cerró con 606 casos de menores intervenidos por delitos en la región. En lo que va de 2025, ya se superó el 67% de esa cifra. La situación, lejos de estabilizarse, apunta a un nuevo récord si no se ajustan los mecanismos de prevención, rehabilitación y justicia especializada.
