México.- En la segunda sesión del periodo extraordinario, diputadas y diputados de Morena, PAN, PVEM, PT, PRI y MC hicieron uso de la palabra en dos rondas de oradores para exponer sus posturas a favor y en contra del dictamen que expide la nueva Ley de la Guardia Nacional y abroga la norma vigente publicada en el Diario Oficial de la Federación el 27 de mayo de 2019.
Primera ronda
En opinión de la diputada Patricia Flores Elizondo (MC) el dictamen no representa una estrategia de seguridad, sino una claudicación del poder civil frente al miedo. Con esta reforma se quiere normalizar la militarización y otorgar nuevas facultades de inteligencia y uso de la fuerza sin controles civiles, enfoque en derechos humanos y sin una estrategia de prevención del delito.
De Morena, la diputada Estela Carina Piceno Navarro señaló que con la reforma se brinda capacitación, entrenamiento y prestaciones de primer nivel a quienes hoy se encargan de la seguridad pública. “Hoy, con estas reformas, se brinda certeza tanto a los elementos de la Guardia Nacional como al pueblo de México, por lo que llamamos a respaldarlas y votar a favor del dictamen”.
La diputada Paulina Rubio Fernández (PAN) comentó que, en estas reformas, hay elementos peligrosos como son los operativos encubiertos y la intervención de comunicaciones. Existe militarización, censura, espionaje, opacidad, control absoluto del Poder Judicial y no hay mando civil. “En el PAN estamos en contra y en este periodo extraordinario; se busca aprobar todas las reformas que hagan la perfecta ley espía, reformas que buscan el control absoluto”.
El diputado Ricardo Sóstenes Mejía Berdeja (PT) externó que la reforma no es una ocurrencia ni una oposición sino el resultado de una evolución institucional que responde al mandato popular de contar con una fuerza territorial que abone a pacificar al país y mantener la seguridad pública; esa fuerza se someterá a la legalidad, proporcionalidad y va a respetar los derechos humanos. “Con la Guardia Nacional el personal tiene formación, jerarquía y respaldo, hay orden, disciplina y resultados”.
A su vez, Arturo Yáñez Cuellar, diputado del PRI, se pronunció en contra porque se trata de una estrategia política envuelta en uniforme militar. El problema no son los militares, dijo, sino lo que se hará con esa ley, que no protege al pueblo, sino blinda el poder. “No nos oponemos a la seguridad, a la Guardia Nacional o al Ejército, sino al abuso de poder y a los instrumentos legales que los conviertan en brazo operador del gobierno, no en escudo del pueblo”.
Por Morena, la diputada Gabriela Georgina Jiménez Godoy afirmó que la reforma es un paso fundamental en la transformación del modelo de justicia pública, una reconfiguración estructural que responde con visión estratégica y base legal sólida a los desafíos para preservar el orden, la paz y restituir el Estado de derecho. La Guardia Nacional es un pilar para garantizar la seguridad y el bienestar del pueblo y su aprobación refleja el compromiso con la construcción de la paz.
En tanto, la diputada Margarita Ester Zavala Gómez del Campo (PAN) consideró que la Guardia Nacional debió haber sido civil y que su grupo parlamentario sí ha aceptado que el Ejército debe intervenir en la seguridad, pero bajo dos premisas: que fuera transitoria y subsidiaria. “Han dejado más indefenso a México al cerrarle la posibilidad de una fuerza púbica civil. Hay confusión, no hay armonía. No cumplen y abandonan al Ejército”.
El diputado Gerardo Ulloa Pérez (Morena) señaló que se busca consolidar a la Guardia Nacional como una institución con reglas claras, ruta profesional, orden jerárquico y disciplina; se crea un cuerpo policial que trascienda gobiernos y tenga presencia territorial permanente para garantizar paz y seguridad en el país, se regirá por los principios de patriotismo, legalidad, objetividad, eficiencia, honradez, honestidad y respeto a los derechos humanos y será fiscalizada por órganos internos.
Del PRI, la diputada Graciela Ortiz González puntualizó que el dictamen consolida la militarización de la seguridad pública en México, al entregar el mando, la operación y la estructura de la Guardia Nacional a la Sedena. “Esta reforma es en los hechos una renuncia a los principios republicanos, al equilibrio de poderes y al carácter civil de la vida pública nacional”.
Para la diputada Liliana Carbajal Méndez (PVEM) la iniciativa persigue un propósito humanitario, con sensibilidad y empatía a víctimas del delito, pues México requiere una institución capaz de hacer frente a los grupos criminales. “Con la aprobación del dictamen, las Fuerzas Armadas tendrán un marco jurídico más claro y alineado a principios constitucionales”.
En opinión del diputado Luis Agustín Rodríguez Torres (PAN) se prende aprobar una reforma que convierte por completo a la Guardia Nacional en una extensión militar que podrá intervenir telecomunicaciones, hacer operaciones encubiertas y la seguridad pública ya no estará en manos de civiles como dice la Constitución. “Estamos en contra de un modelo autoritario que pone en riesgo los derechos. La seguridad debe ser humana, transparente y civil”.
A su vez, la diputada Dolores Padierna Luna (Morena) resaltó que la Guardia Nacional no solo representa una respuesta inmediata a los desafíos de seguridad sino es una estrategia de Estado y una apuesta a largo plazo para construir y tener una fuerza policial que se distinga por su eficacia, profesionalismo y proximidad con la ciudadanía. En la ley queda delimitado claramente que a la Sedena le corresponde la seguridad nacional y a la Guardia Nacional la seguridad pública.
Segunda ronda
El diputado Juan Ignacio Zavala Gutiérrez (MC) llamó a discutir como país el más grande pendiente que se tiene con las y los mexicanos: la paz, y lamentó que se turnen las iniciativas a comisiones incorrectas, la falta de debate de fondo y los pocos días para analizar casi mil páginas, lo cual “muestra nula preocupación por el tema, que debió analizarse en parlamento para saber cómo enfrentar al crimen organizado”.
Sergio Mayer Bretón, diputado de Morena, dijo que la reforma potencializa la experiencia del Ejército, sin cambiar el enfoque civil del servicio policial. “Es un esquema mixto de profesionalización, estrategia civil fortalecida con operación militar, disciplinada y profesional”, que fortalece la dignificación de sus elementos al garantizarles mejores condiciones de seguridad social, desarrollo profesional y de sus familias.
El diputado Paulo Gonzalo Martínez López (PAN) afirmó que se propone una militarización en todo el país y su grupo legislativo ha propuesto una ruta más humana, ya que “sí es posible fortalecer las policías municipales y estatales, con sueldos dignos, capacitación profesional y mecanismos de supervisión social, así como construir una estrategia de seguridad basada en la inteligencia, prevención y respeto a los derechos humanos”.
La diputada del PT, Lilia Aguilar Gil, comentó que hoy se fortalecen las instituciones del Estado, ya que se quiere al Ejército como integrante del poder público y para que tome la responsabilidad de la seguridad, no solamente nacional, sino en la coadyuvancia para tomar a la Guardia Nacional. “Necesitamos un organismo no solamente fuerte, sino institucionalizado que le dé, a través de los méritos y del sistema del Ejército, el escalafón y los derechos necesarios a la Guardia Nacional”.
Por su parte, la diputada Verónica Martínez García (PRI) resaltó que si se pretende retomar la seguridad y paz de México “no es militarizando la seguridad pública”, ya que existen alternativas más eficaces y pegadas al derecho, las cuales no solo combaten la delincuencia y el crimen organizado, sino también garantizan los derechos humanos.
De Morena, la diputada María Teresa Ealy Díaz destacó que la reforma tiene certidumbre jurídica, coordinación institucional, mecanismos de fiscalización y control parlamentario, así como consolidación del modelo nacional de policía y justicia cívica. “El dictamen es una respuesta estructural a la demanda histórica de paz y de justicia que exige el pueblo de México”.
Eva María Vásquez Hernández, diputada del PAN, aseguró que hoy se entrega con honores el control de la Guardia Nacional al Ejército; es una ruta peligrosa hacia el autoritarismo y ya no es cuerpo de proximidad, sino fuerza disfrazada de legalidad. “Con esta reforma no solo se consolida la militarización de la seguridad pública, también rompe los equilibrios democráticos, destruye la cadena de control civil y coloca el uso de la fuerza en una institución sin contrapesos externos ni rendición de cuentas”.
Para la diputada Julieta Kristal Vences Valencia (Morena) es falso que se quiera militarizar al país con esta reforma, cuando en la Cuarta Transformación se está velando por la seguridad de las y los mexicanos, se les está dando una Guardia Nacional fuerte, capacitada y en donde no se violentan los derechos humanos. Se cuidan los intereses y derechos de todas y todos, y de los que ponen la vida para resguardar los derechos, bienes y seguridad de las y los mexicanos.
El diputado Emilio Suárez Licona (PRI) mencionó que no hay estrategia de seguridad pública, sino un proceso de desmantelamiento institucional disfrazado de respuesta a la inseguridad. Adelantó que no avalará la consolidación castrense de esta función en franca erosión del Estado democrático de derecho, pues la paz y la seguridad deben derivar en la construcción y apuntalamiento de instituciones civiles fuertes.
Antonio de Jesús Ramírez Ramos, diputado del PVEM, expresó que la reforma materializa el cambio constitucional sobre la Guardia Nacional y avanza en la pacificación y seguridad del país; se busca implementar la fuerza del Estado bajo un marco normativo claro que establezca la estructura institucional sólida que asegure profesionalización, estrategia y controles democráticos.
Del PAN, el diputado Theodoros Kalionchiz De la Fuente dijo que la reforma pone a la Guardia Nacional en manos del Ejército, vulnerando el sistema de seguridad, defensa nacional y genera grandes afectaciones en el país. “No permitiremos que bajo el pretexto de seguridad se impongan a las y los mexicanos un modelo autoritario que ponga en riesgo la democracia y a la ciudadanía”.
El diputado Hugo Eric Flores Cervantes (Morena) expuso que la ley tiene como objetivo fortalecer el Estado de derecho a través de la legalización de las tareas reales que en materia de seguridad pública realiza hoy la Guardia Nacional. “Venimos a darle un marco legal al actuar de las Fuerzas Armadas, el cual se les había negado; por ello, aprobaremos un marco legal digno para su actuación”.
Con información de la Cámara de Diputados
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