Polémica por el nombramiento del nuevo subdirector de la Unidad de Víctimas: fue investigado por supuestos vínculos con el ELN Infobae
El nombramiento de Fredy Orlando Quintero Mogollón como nuevo subdirector de la Unidad de Víctimas generó controversia, debido a su historial de investigaciones por presuntos nexos con el ELN y la incautación de bienes a su nombre en el desarrollo de operativos contra las finanzas de la guerrilla.
Quintero Mogollón, que fue alcalde de Chitagá, en el departamento de Norte de Santander, se entregó a las autoridades en 2020 tras ser vinculado por la Fiscalía a una investigación por presuntos nexos con el frente Efraín Pabón. En ese momento, la Fiscalía lo acusó de haber financiado a la guerrilla y de supuestamente auspiciar “extorsiones, secuestros y ataques en contra de la fuerza pública, la población civil y la infraestructura”.
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Un juez de garantías ordenó su reclusión en la cárcel de Pamplona, aunque dos meses después fue liberado, permaneciendo vinculado a la investigación. Durante el tiempo que permaneció en libertad, Quintero Mogollón se dedicó a actividades económicas familiares, principalmente en la producción de papa y panela, sectores tradicionales en la región.
En 2022, el funcionario participó activamente en la política regional, apoyando la candidatura al Senado de Jairo Castellanos, actual congresista del Partido Verde. Castellanos fue señalado por el exministro Luis Carlos Reyes de solicitar cargos en la Dian, lo que añade un matiz de controversia a las alianzas políticas de Quintero Mogollón. La influencia del exalcalde en la política local se mantuvo durante las elecciones regionales de 2023, cuando respaldó la candidatura de Diego González a la Gobernación de Norte de Santander. González obtuvo el segundo lugar en la contienda y actualmente ocupa el cargo de diputado departamental.
Precisamente en 2023 la Fiscalía ejecutó una serie de extinciones de dominio sobre bienes que figuraban a su nombre, como parte de una estrategia para afectar las finanzas del ELN. En el operativo, las autoridades incautaron cinco inmuebles rurales, seis urbanos, seis vehículos y un establecimiento comercial.
Patricia Donado, directora especializada en extinción de derecho de dominio de la Fiscalía, declaró en ese momento: “Los bienes avaluados en $10.300 millones estarían a la cabeza de familiares y conocidos de los cabecillas del ELN en Norte de Santander. Algunos de los bienes afectados figuran a nombre del judicializado exalcalde de Chitagá Fredy Orlando Quintero Mogollón”. El edicto de julio de 2024, conocido por Cambio, detalla los inmuebles afectados por la medida de extinción de dominio.
Entre los bienes incautados se encuentran la finca Los Hatos, ubicada en Toledo, Norte de Santander, donde también figura como propietaria la hermana de Quintero Mogollón; la finca La Libertad en Chitagá, con la esposa del exalcalde como copropietaria; una casa en el centro de Chitagá, donde aparece como propietario Marco Tulio Quintero, padre de Fredy Orlando Quintero; y una casa en el exclusivo conjunto Hacienda Trapiches 2 en Villa del Rosario.
Además, se incautaron una camioneta Toyota modelo 2016, otro vehículo marca Chevrolet y el establecimiento comercial Distribuidora Don Papá Chitagá. La Fiscalía consideró que estos bienes formaban parte de una red patrimonial vinculada a las finanzas del ELN en la región.
A pesar de estos antecedentes judiciales, Quintero Mogollón no cuenta con condenas ni antecedentes penales, lo que le permitió acceder al cargo de subdirector de la Unidad de Víctimas. Su hoja de vida, publicada en la página de la Presidencia, revela que es abogado, con especialización en Derecho Público y maestría en Derecho Administrativo.
Sin embargo, no se registra experiencia laboral previa en atención a víctimas o en el ámbito de los derechos humanos. Este aspecto generó inquietud entre organizaciones sociales y sectores políticos, que consideran fundamental la experiencia en derechos humanos para quienes ocupan cargos directivos en la Unidad de Víctimas.
El nombramiento de Quintero Mogollón implica el relevo de Francisco Triana, psicólogo, especialista en Derechos Humanos y magíster en Administración Pública, que se desempeñaba como subdirector encargado. Triana cuenta con una trayectoria relevante en el sector, habiendo sido coordinador psicosocial de la Corporación Regional de Derechos Humanos (Credhos) en el Magdalena Medio, funcionario del Ministerio de Minas y Energía, coordinador del Centro Regional de Atención a Víctimas de Barrancabermeja y enlace en el Eje Cafetero de la Unidad de Víctimas.
La diferencia en los perfiles profesionales entre Triana y Quintero Mogollón ha sido motivo de debate, especialmente por la ausencia de experiencia directa de este último en la atención a víctimas del conflicto.
La llegada de Quintero Mogollón a la subdirección de la Unidad de Víctimas coincide con la designación de Adith Romero como director de la entidad, en reemplazo de Gloria Cuartas. Romero también ha sido objeto de cuestionamientos por su limitada experiencia en el área de atención a víctimas. Su trayectoria laboral incluye 12 años como escolta en Sevicol y Seguridad Oncor, sin antecedentes en cargos relacionados con derechos humanos o asistencia a víctimas del conflicto armado.
