Libertad Excelsior

Las recientes leyes aprobadas en Campeche y Puebla representan un golpe frontal y vergonzoso contra la libertad de expresión y de prensa en México.
Bajo el disfraz de combatir el “ciberasedio” y la incitación al odio, los gobiernos estatales han impulsado reformas que, en la práctica, criminalizan la crítica, intimidan al periodismo y ponen en riesgo el derecho de toda la ciudadanía a opinar libremente.
En Puebla, la llamada “Ley Censura” castiga con hasta tres años de cárcel y multas de hasta 40 mil pesos a quienes “insulten, injurien, ofendan, agraven o vejen” a otra persona a través de redes sociales o cualquier espacio digital.
El problema es que la ley no define con claridad qué constituye una ofensa o un insulto, dejando la puerta abierta a la interpretación arbitraria de jueces y autoridades.
Así, cualquier crítica a un funcionario o denuncia incómoda puede ser perseguida penalmente.
Organizaciones como Artículo 19 y la Sociedad Interamericana de Prensa han advertido que esta ley, lejos de proteger a la ciudadanía, blinda al poder frente a la crítica y convierte la censura en política de Estado.
El caso de Campeche es aún más alarmante.
Aquí, la justicia vinculó a proceso al periodista Jorge Luis González Valdez, exdirector del diario Tribuna, y al representante legal de la Organización Editorial del Sureste, empresa editora del medio, Isidro Yerbes, por presunta incitación al odio y calumnias contra la gobernadora Layda Sansores.
No sólo se ordenó el cierre del portal digital, sino que se prohibió a González Valdez ejercer el periodismo durante dos años y se le impuso una indemnización millonaria.
El mensaje es claro: quien critique al poder será silenciado, perseguido y arruinado económicamente.
Y no es un caso aislado: durante el actual gobierno ya han desaparecido cinco periódicos en Campeche, en un clima de hostigamiento y censura sistemática.
Ambas leyes favorecen, además, a las hordas del odio en redes sociales.
Al criminalizar la expresión digital y permitir que cualquier persona solicite la eliminación de contenidos sin orden judicial, se crea un ambiente donde la denuncia legítima y la crítica social pueden ser eliminadas por presión política o linchamiento digital.
Lejos de proteger a las víctimas de acoso real, estas normas facilitan la persecución de voces incómodas y la autocensura, pues cualquier usuario —sea periodista, activista o simple ciudadano— puede ser acusado y llevado a juicio por publicaciones que molesten al poder.
Lo más grave es que estas reformas no sólo aplastan la libertad de pensamiento y su libre expresión, sino que institucionalizan el miedo y el silencio.
En vez de fortalecer la democracia, la debilitan, pues convierten la crítica en delito y el disenso en motivo de castigo.
La censura, en pleno 2025, ya no es un fantasma: es ley vigente en Campeche y Puebla, y amenaza con extenderse al resto del país.
Queda en manos de la sociedad, los medios y la comunidad internacional exigir la derogación inmediata de estas normas y defender el derecho irrenunciable a decir la verdad sin miedo.
  Columnista: Yuriria SierraImágen Portada: Imágen Principal: Send to NewsML Feed: 0