Cristina Kirchner, expresidenta de Argentina, cumplirá su condena en prisión domiciliaria El Imparcial
La expresidenta argentina Cristina Fernández de Kirchner cumplirá prisión domiciliaria en su departamento de Buenos Aires, tras ser condenada a seis años en el marco de la polémica “Causa Vialidad”.
La decisión judicial se produce en un clima de alta tensión política, con masivas movilizaciones de apoyo a la líder peronista y denuncias de persecución judicial por parte de sectores afines al expresidente Mauricio Macri.
Desde el 10 de junio, cuando la Corte Suprema confirmó el fallo, miles de simpatizantes se congregaron frente a su residencia. El Partido Justicialista mantuvo su convocatoria a una gran marcha este miércoles, aunque reportes indican que fuerzas de seguridad impedían el ingreso a la capital de manifestantes.
Fernández de Kirchner denuncia que el caso fue reabierto irregularmente durante el gobierno de Macri (2015-2019) mediante un “partido judicial” alineado con intereses extranjeros.
El contexto se complejiza con la gira del presidente Javier Milei en Israel, donde sus acuerdos con Benjamin Netanyahu generaron malestar. Una foto de ambos analizando un mapa de Argentina circuló ampliamente, mientras su gobierno emitía un comunicado rechazando el nombramiento de un general iraní vinculado al atentado a la AMIA en 1994.
Fernández de Kirchner denuncia que el caso fue reabierto irregularmente durante el gobierno de Macri
Este episodio reavivó el debate sobre la investigación del ataque, marcado por irregularidades. Durante su gobierno, Fernández de Kirchner impulsó un Memorándum con Irán para avanzar en las indagatorias, iniciativa frustrada por presiones externas. La muerte del fiscal Alberto Nisman en 2015 y las acusaciones contra la ex mandataria añadieron capítulos oscuros al caso.
La medida de prisión domiciliaria, que incluye el uso de tobillera electrónica, no calmó los ánimos. Mientras el oficialismo celebra el fallo, la oposición lo considera otra muestra de lawfare, en un escenario donde Milei promueve reformas de seguridad que amplían facultades policiales sin control judicial.
