“El Pajarraco” queda libre por caso Ayotzinapa, pero enfrentará juicio por delincuencia organizada Palco Quintanarroense
Cd. de México.– Juan Miguel Pantoja Miranda, alias “El Pajarraco”, uno de los presuntos involucrados en la desaparición de los 43 normalistas de Ayotzinapa, fue liberado por falta de pruebas en ese delito, pero continuará en prisión procesado por presunta pertenencia al grupo criminal Guerreros Unidos.
La jueza Raquel Duarte Cedillo, del Juzgado Segundo de Distrito en Materia Penal en Toluca, dictó auto de libertad por falta de elementos para procesarlo por desaparición forzada, argumentando que no existen pruebas consistentes que lo vinculen directamente con la privación de libertad de los estudiantes de la Normal Rural “Raúl Isidro Burgos”.
“Ninguno de los testigos, estudiantes sobrevivientes ni víctimas lo señala como participante directo en la desaparición forzada”, sostuvo la jueza, quien sí le dictó auto de formal prisión por delincuencia organizada, lo que mantendrá a Pantoja Miranda recluido en el penal federal del Altiplano.
Desde 2014, la entonces Procuraduría General de la República lo señalaba como pieza clave en el traslado de los normalistas hacia el basurero de Cocula, donde presuntamente fueron calcinados. Sin embargo, la jueza descartó declaraciones de testigos protegidos como “Juan”, “Carla” y “Samuel”, al considerarlas imprecisas e insuficientes para acreditar su participación en el crimen.
También fue descartada la declaración autoinculpatoria que Pantoja Miranda hizo en 2018 ante la Oficina Especial para el Caso Iguala de la Comisión Nacional de Derechos Humanos, donde reconoció haber estado presente en los hechos, pero solo como informante en Atlixtac y sin portar armas.
En cuanto al testimonio de Miguel Ángel Landa Bahena, alias “El Duvalín”, quien lo incrimina directamente, la jueza explicó que no puede considerarse prueba válida debido a que fue presentado en fotocopia y no como declaración formal en el expediente judicial.
La resolución implica que el proceso penal por delincuencia organizada seguirá su curso, mientras la Fiscalía General de la República (FGR) deberá reunir nuevas evidencias si pretende acusarlo formalmente por la desaparición de los normalistas.
Este fallo ocurre en el contexto de una investigación que, a casi 11 años de los hechos en Iguala, continúa sin esclarecer del todo el paradero de los 43 estudiantes, con múltiples líneas de investigación abiertas y decenas de implicados señalados, algunos de los cuales ya han sido liberados por irregularidades en los procesos.
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