Por Tyler Pager, Miriam Jordan, Hamed Aleaziz and Zolan Kanno-YoungsLa decisión de suspender la mayoría de las redadas contra granjas y trabajadores de la hostelería tomó por sorpresa a muchos dentro de la Casa Blanca.
Se produjo tras la intensa presión ejercida por su secretaria de Agricultura.
El miércoles por la mañana, el presidente Donald Trump recibió una llamada de Brooke Rollins, su secretaria de Agricultura, quien le transmitió una creciente sensación de alarma en el corazón del país.
TE PUEDE INTERESAR: Enfrenta industria maquiladora de ciudades fronterizas gran pérdida de empleosDijo que los agricultores y los grupos agrarios estaban cada vez más inquietos por las medidas represivas contra la inmigración.
En las últimas semanas, los agentes federales habían empezado a arremeter agresivamente contra los lugares de trabajo, con el objetivo de aumentar drásticamente el número de detenciones y deportaciones de migrantes indocumentados.
Los agricultores dependen de los migrantes para trabajar muchas horas, dijo Rollins.
Dijo al presidente que grupos de agricultores le habían estado advirtiendo de que sus empleados dejarían de acudir a trabajar por miedo, lo que podría paralizar la industria agrícola.
No fue la primera persona que intentó hacer llegar este mensaje al presidente, ni la primera vez que hablaba con él de ello.
Pero convenció al presidente.
A la mañana siguiente, publicó un mensaje en su plataforma de redes sociales, Truth Social, en el que adoptaba un tono inusualmente suave hacia los mismos migrantes a los que ha dedicado gran parte de su carrera política a demonizar.
Los migrantes que trabajan en la agricultura y la hostelería son “muy buenos trabajadores desde hace mucho tiempo”, dijo Trump.
“Se avecinan cambios”.
Algunos donantes influyentes de Trump que supieron de la publicación empezaron a ponerse en contacto con personas de la Casa Blanca, instando a Trump a que incluya al sector de los restaurantes en cualquier directiva que evitara la aplicación de la ley a trabajadores indocumentados.
A los altos funcionarios dentro del ala oeste de la Casa Blanca los tomó desprevenidos, y estaban furiosos con Rollins.
Muchos de los principales asesores de Trump, en particular Stephen Miller, su jefe adjunto de gabinete, han instado a adoptar un enfoque de línea dura, dirigido a todos los migrantes sin estatus legal para cumplir la promesa del presidente de llevar a cabo la mayor campaña de deportación de la historia de Estados Unidos.
Pero la decisión estaba tomada.
Más tarde el jueves, un alto funcionario del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas, Tatum King, envió un correo electrónico a los responsables regionales de la agencia informándoles de las nuevas directrices.
Los agentes debían “suspender todas las investigaciones/operaciones de aplicación de la ley en lugares de trabajo de agricultura (incluidas la acuicultura y las plantas de envasado de carne), restaurantes y hoteles en funcionamiento”.
Queda por ver la eficacia de la orden y si Trump mantendrá su decisión.
Las redadas en otros centros de trabajo, como la de la industria textil de Los Ángeles que provocó protestas masivas, siguen estando permitidas.
El viernes, el día después de que Trump emitiera la nueva directriz, se estaba acorralando a trabajadores agrícolas en los campos de Oxnard, a 80 kilómetros al norte de Los Ángeles, según los defensores.
Pero la decisión del presidente de proteger a los granjeros y al sector de la hostelería —un negocio que conoce bien por sus años como propietario de hoteles de lujo— revela la tensión entre sus esfuerzos de deportación y la preocupación por mantener un apoyo crucial en su coalición política.
Este relato de la retirada de Trump se basa en entrevistas con 11 personas, la mayoría de las cuales hablaron bajo condición de anonimato para describir conversaciones privadas.
“El presidente Trump siempre ha defendido a nuestros agricultores, quienes fueron una parte importante de su victoria en noviembre, y ha trabajado para negociar acuerdos comerciales más justos y reducir la burocracia”, dijo en un comunicado Anna Kelly, portavoz de la Casa Blanca.
“Seguirá reforzando nuestra industria agrícola e impulsando las exportaciones, al tiempo que mantiene su promesa de hacer cumplir nuestras leyes de inmigración y expulsar a los millones de ilegales no verificados que inundaron Estados Unidos durante el mandato de Joe Biden”.
‘Persigamos a los delincuentes’El alcance de la represión de la inmigración de Trump ha inquietado a algunos republicanos a medida que las redadas en las granjas empezaron a interrumpir las operaciones.
Más del 40 por ciento de los trabajadores agrícolas del país carecen de estatus migratorio legal, según cálculos del Departamento de Agricultura.
El martes, los agentes federales empezaron a dispersarse por la vasta zona agrícola de California, desde la costa hasta el Valle Central.
Las redadas sembraron el caos en Oxnard, donde se cultiva gran parte de las fresas del país, así como en los condados de Kern y Tulare, donde se están empezando a cosechar verduras, uvas y frutas delicadas, como los melocotones.
Los cultivadores informaron de que entre el 30 y el 60 por ciento de los trabajadores dejaron de acudir a los campos en los días posteriores a las redadas.
Las asociaciones agrícolas de California, Idaho y otros lugares, cuyos miembros suelen ser republicanos, han insistido en las oficinas del Senado y del Congreso para expresar su preocupación.
“Todos debemos enfocarnos en los delincuentes extranjeros condenados”, dijo esta semana en CNN el representante Tony Gonzales, republicano por Texas.
“Si nos enfocamos ahí y no vamos por el ordeñador de vacas que está, ya sabes, en un calor de 40 grados, vamos por ese tipo y vamos por el delincuente convicto, creo que estamos en el camino correcto”.
El representante Glenn Thompson, republicano por Pensilvania y presidente del Comité de Agricultura de la Cámara de Representantes, dijo que las redadas del ICE en las granjas estaban “simplemente mal”.
“Tienen que dejarlo ya”, dijo a los periodistas esta semana.
“Persigamos a los delincuentes y démonos tiempo para poner en marcha procesos que no interrumpan la cadena de suministro de alimentos”.
Durante una audiencia del comité de agricultura celebrada el miércoles, presionó a Rollins sobre lo que estaba haciendo la administración para garantizar que las redadas del ICE no estaban “afectando a la seguridad alimentaria”.
Rollins dijo que había hablado del tema con Trump tanto el martes en el Despacho Oval como el miércoles por la mañana.
“El compromiso de este presidente de garantizar que se cumplen todas las leyes sigue siendo primordial”, dijo Rollins.
Pero añadió que Trump comprendía “los importantes retos” que supone encontrar la mano de obra agrícola necesaria.
Aun así, algunos de los partidarios más fervientes del presidente dicen que no están contentos con el cambio.
Jack Posobiec, un activista de derecha, dijo el sábado que Rollins estaba siendo presionada por grupos externos, entre ellos la gran industria agrícola y donantes ricos, para reducir el plan de deportación del presidente.
“¿Por qué no enfocarse en todos los ilegales?”, dijo.
“Claro, ya sabes que los delincuentes van primero.
Los ilegales violentos van primero.
Pero la política debería centrarse en todos los ilegales”.
Mike Howell, director del Oversight Project, un grupo conservador, señaló la noticia como prueba de que no se estaba produciendo una campaña de deportación masiva como algunos esperaban.
“Creo que sería beneficioso para todos si pudiéramos acabar con la ficción compartida de que se están produciendo deportaciones masivas”, dijo en las redes sociales.
“Elementos tanto de la derecha como de la izquierda saben que es falso, pero fingen que es cierto, por diferentes razones”.
Seth Christensen, portavoz del Departamento de Agricultura, dijo que Rollins “apoya plenamente la agenda de inmigración del presidente Trump, empezando por una fuerte seguridad fronteriza y la deportación de todos los presentes ilegalmente”.
Y añadió: “Esta agenda es esencial para arreglar una economía del trabajo agrícola rota y restaurar la integridad de la mano de obra estadounidense”.
Proteger a los agricultoresTrump ha hecho a menudo excepciones de políticas para los agricultores, una base clave de apoyo.
En su primer mandato, proporcionó a los agricultores ayudas por valor de miles de millones de dólares en medio de una guerra comercial con China.
Consideró a los jornaleros agrícolas trabajadores esenciales durante la pandemia de coronavirus.
Incluso permitió que sus empleadores les proporcionaran cartas para mostrar a las fuerzas de seguridad para que no fueran deportados.
En su segundo mandato, Trump ha sopesado una nueva ronda de ayudas de emergencia a los agricultores este año debido a sus aranceles.
“Es totalmente previsible que Trump diera marcha atrás en la aplicación de la ley en los sectores que le importan: la hostelería, donde operan sus propios negocios, y la agricultura, donde sus votantes están sobrerrepresentados”, dijo Wayne Cornelius, profesor emérito de la Universidad de California en San Diego, quien investigó la mano de obra migrante.
Los agricultores afirman que recurren habitualmente a la contratación de trabajadores sin permiso de trabajo porque no encuentran estadounidenses dispuestos a realizar trabajos físicamente onerosos.
A menudo, los trabajadores llevan décadas pagando impuestos al Seguro Social y otros impuestos federales.
La mitad de las personas que trabajan en granjas que fueron entrevistadas para la Encuesta Nacional de Trabajadores Agrícolas, publicada en 2022 por el Departamento del Trabajo, llevaban entre 11 y 30 años en las granjas, y casi uno de cada cinco lo había hecho durante más de tres décadas.
Ganaban un promedio de 20.
000 dólares al año.
El viernes, hubo informes de que seguían produciéndose algunas redadas de inmigración, según grupos que representan a cultivadores y trabajadores agrícolas en California.
Los defensores de los migrantes recibieron una avalancha de llamadas de niños que intentaban localizar a sus padres, quienes estaban siendo trasladados a centros de detención en Oxnard.
Los agentes habían estado en la zona gran parte de la semana, deteniendo a trabajadores en las empacadoras y en los campos, según la Oficina Agrícola del Condado de Ventura.
Muchas granjas permanecieron cerradas debido a la presencia de agentes federales itinerantes, sobre todo de la Patrulla Fronteriza.
“Los agentes pasaban en coche, veían a los trabajadores y entraban en los campos para detenerlos”, dijo Teresa Romero, presidenta del Sindicato de Trabajadores Agrícolas Unidos, que representa a 10.
000 trabajadores del campo en California, Oregón, Washington y Nueva York y presiona en favor de sus intereses en todo el país.
(En la mayoría de los estados, los trabajadores del campo no tienen derecho legal a sindicarse).
Dijo que las directrices de Trump no iban lo suficientemente lejos para proteger a trabajadores vulnerables y esenciales, porque permitían que se siguiera aplicando la ley en las poblaciones rurales.
“Si Trump se toma en serio la protección de los trabajadores agrícolas, las redadas en las calles de las zonas agrícolas deben cesar ahora mismo”, dijo Romero.
“Aunque el ICE y la Patrulla Fronteriza no vayan directamente al campo, sino que estén circulando por las zonas agrícolas”, dijo, “eso es suficiente para que los trabajadores agrícolas tengan miedo y sigan siendo detenidos”.
c.
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