Inédita Elección judicial en México: ¿Qué significa la votación para jueces y por qué hay oposición? Infobae
El Poder Judicial en México este año tendrá un cambio radical, luego de que en septiembre del 2024 el Congreso de la Unión aprobó la reforma que promovió el expresidente Andrés Manuel López Obrador para que los jueces, magistrados y ministros sean elegidos a través del voto ciudadano.
¿Esto qué significa? La reforma judicial provocó una clara confrontación entre el oficialismo (Morena, PT y PVEM) y la oposición (PAN, PRI, PRD y Movimiento Ciudadano), debido a los cambios que marca la iniciativa en el proceso de selección de los impartidores de justicia a nivel nacional y sus posibles consecuencias en el gobierno, la seguridad y la economía del país.
La reforma judicial se discutió y aprobó en la primera semana de la actual legislatura en el Congreso de la Unión, la cual comenzó el 1 de septiembre del 2024 con una mayoría conformada por la coalición Morena, PT y PVEM, tanto en el Senado como en la Cámara de Diputados.
En la Cámara de Diputados, la reforma se aprobó en medio de protestas y un paro laboral por parte de trabajadores del Poder Judicial de la Federación, lo cual incluso ocasionaron que los legisladores tuvieran que cambiarse de sede para la votación final.
Mientras que en el Senado, la discusión y votación de la iniciativa fue mas compleja. En varias ocasiones, los trabajadores del Poder Judicial bloquearon los accesos al recinto, provocando de nuevo un cambio de sede para su aprobación.
A esto, se sumó que en la Cámara Alta, la mayoría necesitaba el apoyo de un solo legislador de la oposición que votara a favor de la reforma, voto que dio el senador Miguel Ángel Yunes Márquez, quien en ese entonces pertenecía al PAN y fue calificado como ‘traidor’ por sus compañeros de bancada, generando controversias entre los partidos opositores.
De la reforma a la organización de las elecciones
Una vez aprobada la reforma judicial, políticos de la oposición y trabajadores del Poder Judicial promovieron amparos para evitar que el decreto se publicara en el Diario Oficial de la Federación (DOF).
Sin embargo, desde el gobierno federal, encabezado por López Obrador y a partir del 1 de octubre, por Claudia Sheinbaum Pardo, ambos del partido Morena, se desestimaron las órdenes emitidas por jueces para eliminar la reforma.
Desde ese entonces, el oficialismo ha defendido que la reforma judicial y con ello, la elección, representan la democratización del Poder Judicial, aseverando que esto ayudaría a la rendición de cuentas y a garantizar que haya cero impunidad, por facilitar la rendición de cuentas, exhibiendo diversos casos de jueces que han liberado a delincuentes.
Esto último, a pesar de la visibilización de las fallas e irregularidades que ocurren en las Fiscalías estatales para armar carpetas de investigación, que de acuerdo con especialistas, es la razón por la que en muchas ocasiones los delitos no llegan a ser judicializados.
Por su parte, la oposición, junto con diversas organizaciones, especialistas y organismos nacionales e internacionales, acusaron que la reforma afectaría la inversión extranjera, el comercio y la seguridad, al considerar que la elección no garantizaría la independencia del Poder Judicial, debido al riesgo de que los candidatos tengan nexos con el gobierno, empresas o el crimen organizado.
El Instituto Nacional Electoral (INE) comenzó la organización de las elecciones, sin embargo, poco tiempo después comenzaron las complicaciones debido a que su presupuesto inicial para operar en el 2025 pasó de 35 mil 855 millones 292 mil 618 pesos a 27 mil millones 056 mil 755 pesos, luego de la disminución de ocho mil 855 millones 235 mil 863 pesos que avaló la Cámara de Diputados.
La presidenta del INE, Guadalupe Taddei, y diversos consejeros electorales, se reunieron en diversas ocasiones con legisladores y la presidenta Sheinbaum Pardo, para aumentar el presupuesto, hasta que finalmente se determinó un monto final, que implicaba la reducción significativa de casillas y materiales, entre ellos las boletas en braille, para personas con discapacidad visual.
La selección de los candidatos fue aún más polémica, debido a que anteriormente los ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) eran seleccionados por el Congreso de la Unión, a través de una terna que proponía el titular de la Presidencia de la República.
En el caso de los ministros y jueces, estos eran seleccionados para el cargo tras completar una carrera judicial, que consistía en tener más de 15 años dentro del Poder Judicial y haber ocupado diversos cargos, con el objetivo de que contar con la experiencia para impartir justicia.
No obstante, con la reforma judicial, los requisitos para ser juez, magistrado o ministro se redujeron a contar con una licenciatura en Derecho, haberse graduado con un promedio mínimo de 8.0, contar con una trayectoria mínima de cinco años en algún rubro afín a sus estudios y cartas de recomendación por parte de sus vecinos o conocidos.
Aunque la selección de candidatos se definió a través de comités que se conformaron en cada uno de los tres Poderes de la Unión, quienes revisaban cada perfil y elegían a un selecto grupo de aspirantes.
Solo en el caso del Legislativo, los candidatos fueron seleccionado a través de una tómbola que se realizó en medio de protestas, críticas y burlas por parte de la oposición y activistas.
El camino a la Elección Judicial
A pesar de que la elección judicial ya es un hecho, las campañas electorales, que comenzaron el 31 de marzo pasado y concluyeron el 28 de mayo, se vieron marcadas por críticas hacia candidatos que recurrieron a memes y trends en redes sociales para darse a conocer, esto debido a que debían promoverse utilizando sus propios recursos.
Sin embargo, lo más destacable llegó cuando el presidente del Senado y legislador del PT, Gerardo Fernández Noroña, acusó que más de una decena de candidatos del Poder Judicial estaban ligados al crimen organizado.
Esto generó que se solicitara una revisión y en su caso, se cancelaran candidaturas, pues políticos de la oposición, entre ellos el panista Ricardo Anaya, señalaron que entre los aspirantes estaba el abogado del narcotraficante conocido como el Z-40.
Posteriormente, a casi una semana de la elección se fortalecieron los llamados al abstencionismo, por parte de los opositores, lo que incluyó que el PRI y el PAN expusieron que no participarían en la elección.
A esto se sumó que se denunció la entrega de los llamados “acordeones”, que presuntamente se repartieron desde el oficialismo, ya que contenía los nombres de candidatos señalados como simpatizantes del gobierno de Morena.
Por su parte, la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo ha negado estos señalamientos hacia su movimiento y ha realizado en diversas ocasiones el llamado a votar en la elección judicial, confiando en que “habrá buena participación”.
