Internet para todos… menos para los más pobres El Financiero

Pese a que desde 2018 el gobierno ha repetido que la conectividad es un derecho y no un privilegio, millones de mexicanos viven aún desconectados del mundo digital, lo que para los especialistas es una muestra de que Altán Redes y CFE Telecom, las apuestas del Estado para llevar internet, han fallado en cumplir su promesa y en lugar de cerrar la brecha digital, la han dejado abierta y sangrante en los estados más pobres.

“Altán Redes y CFE Telecom no han priorizado la conectividad social en comunidades rurales, marginadas y desconectadas, han desplegado sus servicios y su infraestructura en mercados rentables, compitiendo con operadores privados y desvirtuando su función social (…) estos actores no se han centrado en su misión principal: conectar a los desconectados”, afirmó Jorge Bravo, presidente de la Asociación Mexicana del Derecho a la Información (Amedi).

Como una muestra de lo anterior, la Encuesta Nacional sobre Disponibilidad y Uso de Tecnologías de la Información en los Hogares (ENDUTIH) 2024, reveló recientemente que la Ciudad de México, Baja California y Quintana Roo lideran en conectividad, con más del 85 por ciento de sus hogares con acceso a internet.

Sin embargo, estados como Guerrero, Chiapas, Oaxaca y Veracruz, considerados por el Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social (Coneval) como los estados con mayor porcentaje de población en situación de pobreza, se encuentran por debajo de la media nacional de conectividad, con un promedio de 29.25 por ciento de su población sin acceso a internet.

“La cobertura prometida en zonas rurales y marginadas sigue siendo insuficiente, el proyecto ha sido objeto de críticas por su falta de transparencia y resultados tangibles, hay que recordar que Altán Redes fue rescatada por el gobierno en 2022 y a pesar de la inyección millonaria de capital, hoy seguimos teniendo una brecha digital enorme”, lamentó Gerardo Flores, integrante del Instituto del Derecho de las Telecomunicaciones (IDET).

Además, la ENDUTIH 2024, señala que, en los últimos dos años, las zonas rurales del país apenas han tenido un aumento de 6.2 por ciento en el número de personas usuarias de internet, lo que para los especialistas demuestra que Altán y CFE Telecomunicaciones e Internet Para Todos han centrado sus esfuerzos en mercados conectados, no en zonas marginadas.

Política pública digital sin brújula

La desconexión tecnológica no es solo un asunto de infraestructura, sino un problema de diseño institucional, toda vez que, para Gerardo Flores, una estrategia digital coherente requiere de programas que brinden acceso a dispositivos y a la capacitación digital.

“El gobierno federal debe implementar estrategia digital coherente que integre el despliegue de infraestructura con el acceso a dispositivos y la capacitación digital, aunque se han realizado esfuerzos por mejorar la conectividad, estos han sido insuficientes”, explicó el integrante del IDET, quien recordó que en zonas rurales las personas no acceden a internet porque no cuentan con un dispositivo para hacerlo.

De hecho, la ENDUTIH 2024, señala que de la población rural que no es usuaria, 14.6 por ciento no accede a internet por falta de recursos económicos para comprar un dispositivo móvil, otro 9.1 por ciento porque no saben utilizarlo o no les interesa y sólo el 1.3 por ciento porque no tiene cobertura en su localidad.

“Sin una hoja de ruta clara que articule esfuerzos entre operadores, reguladores y gobierno, cualquier iniciativa legislativa corre el riesgo de ser letra muerta”, comentó anteriormente el presidente de la Amedi.

Cierre de brecha digital, no es prioridad

En medio de este panorama, la reforma a la Ley Federal de Telecomunicaciones que promueve el gobierno de Claudia Sheinbaum no da señales claras de que el cierre de la brecha digital sea una prioridad.

“La propuesta legislativa se centra en cambios estructurales y administrativos, y no contiene disposiciones concretas que refuercen mecanismos para ampliar la cobertura en zonas rurales o marginadas. Hace falta un capítulo más amplio e que promueva el cierre de la brecha digital”, explicó Gerardo Flores.

Por su parte, Salomón Padilla Duarte, vicepresidente de la Asociación de Telecomunicaciones Independientes de México (ATIM), afirmó que la iniciativa tampoco incorpora incentivos para operadores privados o públicos que apuesten por llevar conectividad a zonas de difícil acceso.

“El énfasis está en la reorganización institucional y en la redefinición de atribuciones entre dependencias, sin un apartado robusto que priorice el acceso equitativo a servicios digitales y sin apoyo o incentivos para pequeños operadores que pueden llevar conectividad a zonas marginadas para cerrar la brecha digital”, criticó el especialista.