Julio De Vido enfrentará seis juicios este año y la Corte podría revisar su absolución Infobae
La agenda judicial del ex ministro de Planificación Federal Julio De Vido y sus defensores está tan cargada que el Tribunal Oral en lo Criminal Federal N°7 de la Ciudad tuvo que fijar una audiencia cada 15 días para el último juicio que empezó en su contra, y así evitar que no se superponga con los demás procesos en los que está involucrado. Se trata del expediente Odebrecht-Aysa, donde se habrían cobrado coimas para “arreglar” licitaciones en la construcción de dos plantas de tratamientos de aguas.
En total, el ex funcionario enfrentará seis debates orales y públicos este año. Y, además, la Corte Suprema podría revisar su absolución en la causa Vialidad, como recomendó el Procurador, que de revocarse sería ser su tercera condena.
El lunes 19 de este mes, el TOCC N°7 porteño inauguró el juicio del caso Odebrecht-Aysa con 26 personas sentadas en el banquillo de los acusados. A De Vido lo acompañan Roberto Baratta, su mano derecha; José López, ex secretario de Obras Públicas; y los ex directivos de Aysa Carlos Ben y Raúl Biancuzzo, junto a otros ex funcionarios de menor jerarquía. Todos están imputados por defraudación en perjuicio de la administración pública.
Desde principios de marzo, además, se desarrolla el juicio por la serie Mamá Corazón. En este caso el ex ministro de Néstor y Cristina Kirchner comparte banquillo con la actriz Andrea Del Boca, funcionarios del Incaa y autoridades de la Universidad Nacional de San Martín (Unsam), que a su vez están implicados en otros expedientes.
Aquí también se los juzga por defraudación, a partir de las pruebas que indican que existió financiación estatal para una novela que nunca se emitió.
Todo ocurrió gracias a un convenio firmado entre el Gobierno y la Unsam en el que hubo, según consta en la causa, favorecimientos direccionados y otras múltiples irregularidades.
Dos semanas después de Mamá Corazón empezó el juicio por anomalías en la importación de Gas Natural Licuado en barcos. Este caso se originó con una denuncia que formularon los entonces legisladores del PRO Laura Alonso, Federico Pinedo y Patricia Bullrich.
Junto a De Vido y Baratta está acusado Exequiel Espinosa, ex director de Enarsa. Una pericia demostró que no hubo sobreprecios, pero con el avance de la investigación se mantuvieron las sospechas acerca de presuntas irregularidades con los intermediarios de las operaciones.
En tanto, desde abril del año pasado se desarrolla el juicio de la causa Skanska, el primer escándalo de corrupción del kirchnerismo. En este proceso se debaten las supuestas irregularidades en la licitación de las obras que integraron el plan de ampliación de la red de gas natural, en beneficio de una empresa sueca.
Odebrecht-AySA, un caso de corrupción transnacional
El 16 de febrero de 2016, el fiscal federal Carlos Stornelli recibió una carta que señalaba por múltiples irregularidades a Carlos Ben, presidente de AySA entre 2006 y 2015. Esa denuncia fue la punta del ovillo para una investigación que duró casi cinco años y que este mes llegó a juicio. Detrás de ese mensaje anónimo, la Justicia encontró un caso de corrupción transnacional que vincula a funcionarios kirchneristas con la sucursal local de la constructora Odebrecht. Una versión argentina del Lava Jato con dos plantas de tratamiento de aguas en los partidos bonaerenses de Tigre y Berazategui.
Con la carta anónima se abrió un expediente en el que investigaron el fiscal Federico Delgado, fallecido en 2023, y el Juzgado en lo Criminal y Correccional Federal N° 7, a cargo del juez Sebastián Casanello.
Todo habría ocurrido entre 2007 y 2014. En el inicio de la cronología, según la acusación que elevó el Ministerio Público Fiscal, hubo un pacto ilícito entre empresarios y funcionarios para direccionar al menos dos licitaciones a cambio de sobornos.
La construcción de la planta potabilizadora Paraná de las Palmas, en Tigre, se le adjudicó a una Unión Transitoria de Empresas (UTE) conformada por la sucursal argentina de la constructora brasileña Norberto Odebrecht S.A., la firma Benito Roggio e Hijos S.A., Supercemento SAIC y José Cartellone Construcciones Civiles S.A.
Mientras que la obra de la planta depuradora Berazategui fue para otra UTE que integraron Camargo Correa y Esuco S.A. “Los detalles de los pliegos de licitación dan cuenta de que fueron hechas a medida para los dos grupos empresarios”, aseguró un investigador a este medio.
Ambas obras habrían tenido “licitaciones simuladas”, que funcionaron como “un disfraz para dar apariencia de legalidad a decisiones que se habían concebido con anterioridad” en perjuicio de las arcas públicas, según estableció el MPF.
La fiscal de juicio Fabiana León defiende la hipótesis de que las supuestas coimas que recibieron los funcionarios del kirchnerismo tuvieron un doble objetivo: al principio asegurarse las adjudicaciones ventajosas, y luego “aceitar la renovación de los pagos” que se interrumpieron debido a la paralización de las obras.
El circuito del dinero
De acuerdo a la investigación del fiscal Delgado, el dinero de las coimas salía desde el Departamento de Operaciones Estructuradas de Odebrecht -calificado en el caso Lava Jato como una “oficina de sobornos”-. Transferían fondos a cuentas de entidades financieras, y desde allí se volvían girar a sociedades offshore que “actuaban como pantalla”, aunque en los hechos eran administradas por Odebrecht.
Las offshore derivaban la plata a bancos con sede en paraísos fiscales, donde finalmente la recibían “empresas fantasma” o testaferros de los funcionarios.
“Es evidente que los sobornos tienen que ver con todas esas negociaciones que se hicieron antes y durante la licitación y que los procesos licitatorios fueron un disfraz que pretendió ocultar un negociado”, concluyó la fiscalía en su dictamen.
Nadie sabe precisar cuánto habrían recibido los funcionarios del kirchnerismo: algunos actores de la causa creen que esa información está en los registros que llevaba la constructora en un sistema llamado MyWebDaily. Son documentos que tiene la Justicia de Brasil, pero que nunca se compartieron con la Argentina.
Hay un arrepentido que reveló la cifra en 2016, en el acuerdo de culpabilidad que se firmó ante autoridades judiciales de Estados Unidos, Brasil y Suiza. Luiz Antonio Mameri, ex vicepresidente de Odebrecht, dijo que en una primera etapa (2007 a 2010) desembolsaron 7,6 millones de dólares, y en la segunda (2011 a 2014) otros 6,4 millones de dólares.
Los próximos juicios
Julio De Vido está procesado en otras dos causas que, antes de que termine el año, lo volverán a someter a juicio: el caso Cuadernos y los sobreprecios en la creación de la Televisión Digital Abierta.
Esta última también se originó a partir de supuestas irregularidades con los convenios que firmó el Ministerio de Planificación Federal con la Unsam. La Sala I de la Cámara Federal de Casación Penal confirmó el procesamiento de De Vido y dejó todo listo para que se sortee un tribunal.
En tanto, la causa Cuadernos ya cuenta con definiciones: el juicio contra Cristina Kirchner, De Vido, Baratta, López, el financista Ernesto Clarens y los empresarios Ángelo Calcaterra, Carlos Wagner, entre otro centenar de acusados, empezará el 6 de noviembre. Para el debate serán citados 625 testigos, y se calcula que durará al menos tres años.
Aunque no hay plazos corriendo, se espera que mucho antes de que ocurran estos dos juicios la Corte Suprema de Justicia de la Nación resuelva la causa Vialidad.
En lo que compete al ex ministro, el máximo tribunal que integran los jueces Horacio Rosatti, Carlos Rosenkrantz y Ricardo Lorenzetti debe definir si mantiene o no la absolución que le dictó el Tribunal Oral Federal N° 2.
El procurador Eduardo Casal, en su dictamen, valoró que esa decisión tiene que ser revocada: “De Vido no sólo adaptó su contribución a un plan criminal en curso que conocía a la perfección —descartando así toda posible consideración de su conducta como neutral o dentro del riesgo permitido—, sino que más bien fue uno de sus principales organizadores”, afirmó.
Y siguió: “No existe una controversia con respecto a la contribución que prestó el entonces titular del Ministerio de Planificación Federal, Inversión Pública y Servicios de la Nación, al dictar numerosos actos administrativos en el marco de su competencia, por los cuales lisa y llanamente se asignaron los fondos del presupuesto necesario para que Austral Construcciones, la empresa constructora de Lázaro Báez, fuera el único contratista de obra vial al que no se le adeudaba dinero, pese a que la mayoría de los trabajos registraban nulo avance o demoras inexcusables”.
En este caso, el Ministerio Público Fiscal había pedido 10 años de cárcel para De Vido.
