FGR investiga a jueces por favorecer a red de trata de personas del Bar Adelitas de Tijuana Excelsior

Raúl Flores MartínezLa Fiscalía General de la República (FGR), a través de la Fiscalía Especializada en Materia de Delincuencia Organizada (FEMDO), inició una investigación formal por presuntas irregularidades cometidas por jueces, magistrados y funcionarios judiciales en activo, quienes han otorgado beneficios indebidos a integrantes de una red internacional de trata de personas encabezada por Juvenal Jiménez Loza, alias “El Padrino” en el Bar Adelitas de Tijuana, Baja California.
Entre los señalados se encuentran Enrique Hernández Miranda, juez de Control en Sonora; la titular del Juzgado Decimosexto de Distrito con sede en Aguascalientes; la secretaria en funciones de juez del Juzgado Quinto de Distrito en Materia Penal en Ciudad de México; la Jueza Tercera de Distrito en Sonora y un magistrado del Quinto Tribunal Colegiado del Décimo Quinto Circuito en Mexicali, Baja California.
Las carpetas de investigación clasificadas como reservadas, tienen la finalidad de proteger su integridad y no comprometer su desarrollo debido a que los impartidores de justicia involucrados podrían tener acceso a las mismas, donde se tienen las pruebas que apuntan que las resoluciones judiciales han favorecido la operación de la red criminal, facilitando la liberación de inmuebles utilizados para la explotación sexual, la evasión de la justicia por parte de líderes del grupo y la modificación de medidas cautelares.
 Juez en Sonora encabeza la listaEl juez Enrique Hernández Miranda ha sido identificado como uno de los principales responsables con resoluciones que han beneficiado a “El Padrino” y los integrantes de su organización delictiva.
Su nombre fue mencionado públicamente el 8 de mayo por el secretario de Seguridad y Protección Ciudadana, Omar García Harfuch por tener el mayor número de resoluciones -58- que habrían beneficiado a miembros de los cárteles del Pacífico/Sinaloa, Jalisco Nueva Generación, Los Zetas y La Familia Michoacana, entre octubre de 2024 y abril de 2025.
 Magistrado de Mexicali bajo escrutinioOtro caso relevante involucra al magistrado del Quinto Tribunal Colegiado en Mexicali, quien habría concedido tres amparos a favor de “El Padrino” y su círculo cercano.
Estas resoluciones incluyen la revisión de la vinculación a proceso de Jiménez Loza y su mano derecha -detenido- Servando Díaz López, alias “El Guante”, así como la liberación de propiedades utilizadas para la comisión de delitos como el Bar Adelitas, el Hotel Coahuila y el Valentina Bar.
 Jueza de Aguascalientes implicada en caso de bienes ilícitosLa jueza del Juzgado Decimosexto de Distrito en Aguascalientes enfrenta investigaciones por su actuación en el amparo 713/2023, mediante el cual se busca la devolución de 19 inmuebles propiedad del líder criminal, presuntamente utilizados para lavar dinero proveniente de la prostitución forzada.
A pesar de contar con pruebas contundentes, la jueza habría evitado acatar de forma completa la ejecutoria del amparo, incurriendo en posibles actos de obstrucción de la justicia.
 Irregularidades en amparos en Ciudad de México y SonoraTambién se investiga a una secretaria en funciones de juez del Juzgado Quinto de Distrito en Materia Penal de la Ciudad de México, quien habría concedido el amparo 396/2025, concedido el pasado 22 de mayo del presente año, que impide la ejecución de una orden de aprehensión contra Jiménez Loza.
De forma paralela, la Jueza Tercera de Distrito en Sonora habría emitido resoluciones similares sin considerar los antecedentes delictivos del imputado, actualmente prófugo que constan en los expedientes 42/2025 y 1961/2024.
 Cambios en el Poder Judicial abrirán nuevas rutas legalesLa FGR prevé que, con el cambio de jueces programado para el próximo 1 de septiembre, se reactivarán las solicitudes de órdenes de aprehensión contra quienes hayan incurrido en actos de encubrimiento o favorecimiento hacia esta red criminal.
Fuentes consultadas confirmaron que, tras las elecciones judiciales, se podrá actuar contra los funcionarios que utilizaron su cargo para interferir en la correcta aplicación de la justicia.
 Impunidad y omisión institucionalOrganizaciones defensoras de víctimas han denunciado la protección institucional hacia jueces señalados, tras el desecho de quejas presentadas ante el Consejo de la Judicatura Federal.
Estas denuncias buscaban evidenciar omisiones graves y fallos sistemáticos que han vulnerado los derechos de mujeres víctimas de trata en diversos estados del país.
El caso de “El Padrino” y su red internacional de trata de personas sigue generando alarma entre las autoridades federales, que ahora apuntan a desmantelar no solo la estructura criminal, sino también los vínculos institucionales que la han protegido desde el Poder Judicial.
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