Texas, centro operativo del huachicoleo Periódico Contacto
MIAMI, EU (EL UNIVERSAL).- Texas no es sólo un productor y receptor de petróleo, es el corazón operativo donde se lava, legaliza y redistribuye el crudo robado en México, conocido como huachicol. No se trata de un comercio informal ni de un contrabando menor, sino “de una estructura trasnacional que implica complicidades institucionales, permisos falsificados, omisiones selectivas y flujos financieros que atraviesan las fronteras al amparo de documentos en regla. Ahora lo sabemos mejor y estamos averiguando todo”, confirma el Departamento de Justicia (DoJ) de Estados Unidos a EL UNIVERSAL.
El crudo hurtado a Pemex por grupos criminales coludidos con funcionarios en ambos lados de la frontera sale de México disfrazado de residuos industriales, cruza sin resistencia las aduanas de ambos países y es reintroducido en el mercado estadounidense como si se tratara de petróleo texano legal.
El caso de la empresa texana Arroyo Terminals, propiedad de la familia Jensen, dado a conocer en abril pasado por autoridades estadounidenses y presentado detalladamente por EL UNIVERSAL, expuso la arquitectura de un esquema que venía funcionando impunemente desde al menos 2019. “Ese caso es apenas un ejemplo, pero nos dio mucha información muy valiosa”, comenta la fuente del DoJ.
Arroyo Terminals no fue una situación excepcional, sino la expresión más visible de un sistema mucho más profundo, que sólo puede sostenerse en función de corrupción o colusión de múltiples autoridades en México y Estados Unidos.
Greg Abbott, como gobernador texano, nunca ha hecho una declaración pública reconociendo que Texas funcione como plataforma de legalización de crudo robado a Pemex. Su silencio frente a investigaciones federales que ya documentan la operación sistemática de empresas desde 2019 y hasta 2025, como Arroyo Terminals, lo convierte en un actor políticamente responsable por omisión, coinciden varios analistas.
Mano dura… pero no en todo
Abbott ha hecho de una aparente “mano dura” su sello político, sobre todo en temas de migración y fentanilo. Sin embargo, nunca ha incluido el contrabando de hidrocarburos en su discurso de seguridad, a pesar de que este financia directamente a los mismos cárteles que dice combatir. Su narrativa sobre seguridad fronteriza es selectiva y omite el papel de actores económicos texanos que se benefician del crudo ilegal.
EL UNIVERSAL escribió directamente a la Oficina del gobernador de Texas cuestionándole esa inacción ante la evidente corrupción en su estado para que el Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG) actúe impunemente con combustible robado de Petróleos Mexicanos (Pemex) introduciéndolo a Texas y “legalizándolo” con documentos texanos.
En su respuesta, la Oficina se limita a insistir en que “ha tomado medidas sin precedente para proteger a los texanos de los cárteles, incluido el Jalisco Nueva Generación”, sin dar a conocer a cuáles medidas se refiere en lo referente al huachicol mexicano en Texas.
La oficina subraya que Abbott “designó a los cárteles mexicanos de la droga como organizaciones terroristas, permitiendo a Texas frenar sus operaciones criminales, utilizar el decomiso de bienes civiles para tomar sus propiedades y aumentar las sanciones penales durante un enjuiciamiento”, pero olvida mencionar que la declaración de los cárteles como “terroristas” es un asunto federal y no estatal.
Luego habla de operaciones de seguridad nacional para realizar arrestos de inmigración, lo cual no tiene que ver con el cuestionamiento del huachicol, y ya al final de su respuesta, afirma que “continuará trabajando con el Congreso —estatal— para detener el robo de petróleo por parte de los cárteles”.
Como responsable del envío del mail aparece el nombre de Andrew Mahaleris, secretario de prensa de la oficina del gobernador.
El Gran Diario de México se dio a la tarea de averiguar y revisar las irregularidades relacionadas con el huachicol y el papel de Texas. La corrupción del lado texano comienza en los cruces fronterizos controlados por la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza (CBP). Las cisternas que transportan huachicol cruzan la línea con documentación que lo clasifica como waste oil (aceite de desperdicio) o used lubricants (lubricantes usados), sin que el contenido real sea verificado físicamente.
El excomisionado interino de CBP, Kevin McAleenan, reconoció en una audiencia del Congreso en 2023 que “nuestra infraestructura de inspección no está diseñada para verificar hidrocarburos. Si el papel dice que es aceite industrial, no tenemos forma efectiva de comprobarlo”.
“Hoy sabemos que una vez dentro de Texas, el petróleo robado va a parar a terminales, depósitos y tanques administrados por empresas que, en muchos casos, no cuentan con permisos ambientales para tratar materiales peligrosos”, comenta a este diario la fuente del Departamento de Justicia de Estados Unidos.
Falta de inspecciones
La Environmental Protection Agency (EPA), que debería supervisar dichas operaciones, ha mostrado omisiones sistemáticas. Según una auditoría filtrada por Houston Chronicle, entre 2021 y 2023 la Texas Commission on Environmental Quality (TCEQ) “no realizó inspecciones físicas en más de 70% de las instalaciones con actividad sospechosa en el manejo de aceites industriales”.
La Energy Information Administration (EIA), que debe reflejar en sus bases de datos los volúmenes importados, no registró aumentos significativos que correspondan con los cientos de miles de barriles de crudo que, según el Departamento del Tesoro de Estados Unidos, ingresaron desde México en ese periodo. La exfuncionaria de Energía Bethany Davis Noll advirtió en declaraciones a Reuters que “las cifras de importación que coinciden con empresas sin historia operativa deberían haber activado alertas internas. No lo hicieron”.
La legalización financiera de las operaciones depende de que el dinero circule sin levantar sospechas. En 2024, la oficina de FinCEN (Financial Crimes Enforcement Network), la agencia del Departamento del Tesoro de Estados Unidos encargada de combatir delitos financieros, como lavado de dinero, financiamiento del terrorismo y otras actividades ilícitas relacionadas con el sistema financiero, identificó más de 47 millones de dólares en transferencias desde empresas texanas a compañías mexicanas sin actividad comercial comprobable. No se activaron congelamientos de bienes ni se reportaron sanciones.
El experto en crimen financiero, Douglas Farah, denunció que “Estados Unidos sigue tratando el tráfico de crudo robado como una irregularidad comercial, no como parte de la economía criminal trasnacional que financia a los cárteles”.
El Internal Revenue Service (IRS) tampoco actuó a tiempo, “a pesar de haber sido la oficina gubernamental estadounidense que destapó la investigación de Arroyo Terminals para sacar a relucir toda la actividad del huachicol mexicano y los cárteles de la droga desde Texas para el mundo”, comenta el DoJ.
Según el testimonio de la fiscal federal Erica Benavides expuesto en marzo pasado, “las deducciones fiscales presentadas por algunas de estas empresas indicaban compras volumétricas de productos energéticos sin respaldo. Nadie las auditó”.
En Texas, la Railroad Commission, ente regulador del sector petrolero, ha sido omisa en hacer públicos los permisos vigentes de empresas bajo sospecha. Incluso, en el caso de la familia Jensen, nunca emitió advertencias sobre las licencias de almacenamiento o distribución que operaban con inconsistencias. El senador republicano Paul Bettencourt, quien promovió una ley para endurecer penas contra el robo de combustible en Texas, evitó referirse a posibles nexos con funcionarios estatales. En entrevista con el Texas Tribune, el abogado ambientalista Tom Smitty Smith fue más directo: “Hay demasiado crudo entrando, demasiados impuestos no pagados, demasiadas licencias vencidas y ninguna agencia dice nada. El problema no es la ley, es quien decide ignorarla”.
Como señaló el analista Edgardo Buscaglia en un foro de seguridad energética en 2024, “cuando un gobernador concentra su agenda en los migrantes, pero calla sobre las redes de empresarios que hacen negocios con cárteles, estamos frente a una política de seguridad con prioridades fingidas”.
El informe de mayo del Center for International Policy cierra con una frase que lo resume todo: “La red de contrabando de crudo entre México y Texas no es sólo tolerada, es viable porque encuentra dentro del aparato estatal puntos ciegos cuidadosamente cultivados”. En esta red, los sellos aduanales y las licencias ambientales no son obstáculos, son herramientas. Nadie habla de funcionarios detenidos o inhabilitados; porque en este negocio, como en el petróleo mismo, lo que más vale no es el producto, es la capacidad de moverlo sin dejar rastros.
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